- La prensa ecuatoriana y los medios extranjeros fueron víctimas del motín
- Los sublevados intentaron impedir la cobertura destruyendo material gráfico
Debe hacerse justicia por los casos de periodistas ecuatorianos y extranjeros que fueron víctimas del motín de los policías del 30 de septiembre de 2010. Esas doce horas de crisis en Ecuador, que hicieron temer un intento de golpe de estado contra el presidente Rafael Correa, dieron lugar a una serie de agresiones contra los profesionales de los medios de comunicación, por parte de los policías que protestaban por la supresión de beneficios salariales, así como a dificultades en la libertad de informar.
A las 21:30 horas, cuando el presidente Rafael Correa salió bajo protección militar del hospital donde fue retenido por los policías amotinados, una veintena de actos represivos habían sido registrados por Fundamedios, organización ecuatoriana de defensa de la libertad de prensa.
En casi todos los casos, policías sublevados trataron de impedir la cobertura de los eventos destruyendo el material de los fotógrafos y camarógrafos presentes. La mayor parte de los actos violentos tuvo lugar en Quito, la capital; éstos tomaron un giro extremo cuando los policías que protestaban invadieron la Asamblea Nacional, a mediodía. Otras agresiones fueron señaladas en las localidades de Ambato, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Manta y Portoviejo.
Hostilidad contra los informadores
Toda la prensa ecuatoriana, pública o privada, pagó el precio de estada jornada negra. En lo que respecta a los medios de comunicación públicos, los equipos del canal Ecuador TV y de la radiodifusora Rádio Pública fueron particularmente agredidos por los policías sublevados.
Asfixiado por una bomba lacrimógena, el reportero de radio Ramón Bravo tuvo que ser hospitalizado de urgencia. En las filas de la prensa privada, los periodistas de los canales Ecuavisa, Teleamazonas y del diario El Comercio padecieron las mismas brutalidades. En Ambato, la corresponsal de Teleamazonas Edith Jácome resultó herida en la oreja por una botella lanzada.
Víctimas entre los periodistas extrranjeros
La prensa internacional también pagó el precio de las manifestaciones. Los amotinados retuvieron varias horas a representantes del canal informativo latinoamericano Telesur. Asimismo, la Agencia France-Presse (AFP) confirmó la agresión física de dos de sus fotógrafos y la destrucción parcial de su material en los accesos del hospital donde el presidente Rafael Correa estaba secuestrado. A varios periodistas, entre ellos nuestro corresponsal, se les impidió acceder al edificio.
Tomada por asalto hacia las 19 horas por un grupo de policías, Ecuador TV (medio público) vio interrumpidos sus programas antes de reanudar su transmisión a través de la señal de Gama TV, cadena privada incautada por el Estado. El canal privado Ecuavisa escapó por poco a un intento de sabotaje, según su redacción.
Garantías para las libertades
Todos estos hechos merecen una respuesta judicial y la reafirmación –por parte del gobierno y de la sociedad civil– de un consenso general en torno a las libertades fundamentales garantizadas en el marco constitucional.
Reporteros sin Fronteras une su voz a las de otras organizaciones, especialmente Fundamedios y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), para condenar sin reservas el intento de derrocamiento de un poder elegido democráticamente, como lo hicimos tras el golpe de Estado en Honduras del 28 de junio de 2009. La defensa de la libertad de prensa no es posible sin la de las reglas del Estado de derecho.
El recuerdo de la tragedia hondureña nos lleva a subrayar una gran diferencia entre los dos contextos. Mientras que ciertos medios de comunicación tomaron parte de forma activa en el golpe de Estado de Honduras en junio de 2009, nada parecido sucedió en Ecuador esta jornada del 30 de septiembre de 2010. Por ello lamentamos aún más el mensaje en cadena que el gobierno ecuatoriano impuso a todos los medios de comunicación audiovisuales obligándolos a conectarse a la señal de Ecuador TV, cuando la situación se estaba desatando. Este procedimiento atenta contra el pluralismo y la libertad de expresión.
