EE.UU. | El gobierno utiliza una polemica legislación para arremeter de nuevo contra WikiLeaks
Las revelaciones de The Wall Street Journal publicadas el 10 de octubre de 2011 respecto a una orden judicial obtenida en “secreto” por el gobierno estadounidense para actuar contra el sitio WikiLeaks reabrieron el debate sobre la Electronic Communications Privacy Act, ley aprobada en 1986.
El 4 de enero y el 15 de abril de 2011 el gobierno estadounidense ordenó por decreto a los proveedores de acceso a Internet, Google Inc. y Sonic.net Inc., que le proporcionaran las direcciones IP, así como las direcciones de correo electrónico de todas las personas con las que Jacob Appelbaum mantuvo correspondencia desde el 1 de noviembre de 2009. Jacob Appelbaum desarrolló TOR, un sistema informático libre que permite a sus usuarios comunicarse en Internet de manera anónima, pero también, y sobre todo, es representante de WikiLeaks desde julio de 2010. Es en el marco de la investigación por los cables diplomáticos filtrados que el gobierno estadounidense tomó esta medida dirigida contra él. Es el mismo procedimiento que permitió al gobierno obtener de Twitter los datos personales de Jacob Appelbaum, Birgitta Jonsdottir y Rop Gonggrijp, también colaboradores de WikiLeaks, el 11 de marzo de 2011.
El caso de WikiLeaks se convierte así en un banco de pruebas para la interpretación de una ley antigua y controvertida. La Electronic Communications Privacy Act permite obtener información de mensajes electrónicos y de geolocalización, entre otros datos digitales; esto puede ocurrir sin una orden judicial ni prueba de que se haya cometido delito alguno. Basta en principio que el gobierno pruebe que estos datos son “pertinentes y útiles” en el marco de una investigación. La persona investigada no es informada, pues las resoluciones amparadas por esta ley son selladas y se prohíbe al proveedor de acceso a Internet prevenir a su cliente.
“La Electronic Communications Privacy Act representa un verdadero quebrantamiento de las garantías de confidencialidad de todo internauta. En este caso el dispositivo, tal como es utilizado contra WikiLeaks y uno de sus representantes, se basa en un procedimiento de excepción que menosprecia los derechos elementales de los que debe gozar toda persona acusada en una investigación. Pedimos a los proveedores de acceso a Internet concernidos que no accedan a la solicitud del gobierno, y a éste, que justifique públicamente la ‘pertinencia’ y ‘utilidad’ de la petición. El mínimo intercambio de un correo electrónico con Jacob Appelbaum, ¿debe ser motivo de sospecha?”, se pregunta Reporteros Sin Fronteras.
Una iniciativa de Google que data de 2009, Google Transparency Report, ya había permitido medir la frecuencia de este tipo de intervenciones instrumentadas desde las altas esferas. Estados Unidos ocupa el primer lugar en la clasificación de países que exigen información sobre los usuarios, con 4.601 peticiones registradas entre julio y diciembre de 2010; 94% de ellas han sido satisfechas por Google.
Promulgada en una época en la que los datos se almacenaban en el ordenador y no en Internet, esta ley parece hoy caduca. Un grupo de empresas de nuevas tecnologías, entre ellas Google y Microsoft, ejerce presión en el Congreso para que se hagan enmiendas a la ley. En abril y mayo de 2011 se efectuaron audiencias en el Senado, pero no se modificó el texto.
La cuestión de la constitucionalidad de la Electronic Communications Privacy Act también se ha planteado: en diciembre de 2010 el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos consideró que el gobierno había violado la Cuarta Enmienda de la Constitución aplicando la Electronic Communications Privacy Act para obtener mensajes electrónicos privados sin una orden de registro.
