03.07.2014 19:28
El presidente de Eritrea, Issaías Afewerki, ha sido llevado ante la justicia sueca. La reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Justicia Universal en aquel país lo ha permitido. Una decisión, la sueca, que es justo la inversa de la tomada en España por el gobierno de Mariano Rajoy quien acaba de eliminar la que fuera pionera y prestigiosa ley de justicia universal española, que permitió enjuiciar al dictador Pinochet, y que tenía importantes causas pendientes. El objetivo del gobierno español ha sido evidente: no incomodar al gobierno chino con una causa contra sus dirigentes y, de rebote, preservar los intereses económicos de los inversionistas españoles en el país de la gran muralla.
El caso del periodista eritreo-sueco Dawit Isaac, cofundador del semanario independiente Setit, el más leído de Eritrea en su momento, es la causa de la acusación de “crímenes contra la humanidad, desaparición forzosa, y tortura” contra el dictador eritreo y tres de sus ministros, llevada a cabo por los abogados Jesús Alcalá, Percy Bratt y Prisca Orsonneau, quienes ya habían presentado con anterioridad otras quejas ante el Tribunal Supremo de Eritrea y la Comisión de Derechos del Hombre y de los Pueblos.
Dawit fue detenido y encarcelado, en septiembre de 2001, en Asmara, al tiempo que el gobierno cerraba todos los medios de comunicación privados y detenía a numerosos periodistas y opositores al régimen, en el llamado “martes negro”. Desde entonces sobrevive en durísimas condiciones de prisión, en barracones en medio del desierto sometidos a altísimas temperaturas, en celdas de aislamiento, enfermo y sin posibilidad de recibir visitas, ni siquiera de la Cruz Roja, ni por supuesto de abogados. La última vez que fue visto con vida fue en enero de 2011.
Al igual que otros muchos periodistas encarcelados, Dawit, apadrinado por la sección española de Reporteros Sin Fronteras, y que fue nombrado recientemente “héroe de la información” por esta organización, no ha tenido acusación formal alguna ni ha sido juzgado, porque el gobierno eritreo niega con el cinismo propio de las dictaduras tener presos políticos, y afirma que nadie esta encarcelado por sus opiniones o ser crítico con su política.
Su caso no es único. Al menos 28 periodistas permanecen en estos momentos encarcelados en Eritrea, convertida en la mayor cárcel de África para los informadores. Entre ellos, la joven periodista Yirgalem Fisseha, también apadrinada por RSF-España, detenida en 2009 en la redada masiva llevada a cabo en Radio Bana, cuando el Ejército se llevo a toda la plantilla de la emisora. Algunos periodistas fueron puestos en libertad, pero Yirgalem Fisseha con graves problemas de salud –ha tenido que ser hospitalizada en dos ocasiones- continúa encarcelada y frecuentemente sometida a un régimen de aislamiento. Al menos siete de los periodistas detenidos al tiempo que Dawit han muerto en prisión.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió, el 23 de junio último, la creación de una comisión especial para investigar las violaciones de derechos humanos en Eritrea, y su Relatora Especial, Sheila Keetharuth, presentará un informe sobre la materia en junio de 2015. Sería deseable que el silencio vergonzoso de las democracias europeas llegara a su fin, y que tanto el dictador Issaias Afewerki, como su ministro de Justicia, Vawzia Hashim y el de Defensa, general Sbhat Ephrem se enfrentaran, además de a un tribunal sueco, a la condena y aislamiento de los países que presumen de defender los derechos humanos y que, sin embargo, todavía siguen concediendo ayudas al desarrollo a dictaduras como la eritrea.
Malén Aznárez
Presidenta de Reporteros Sin Fronteras – España
