El periodismo de investigación, en el punto de mira
Malta: 16 de octubre 2017: la periodista Daphne Caruana Galizia, es asesinada con una bomba lapa colocada en su coche. Eslovaquia: 25 de febrero 2018: el periodista Jan Kuciak, es asesinado de un disparo en el pecho en su casa cerca de Bratislava. Ambos casos confluyen en dos circunstancias similares por no decir idénticas. Eran ciudadanos de la Unión Europea y se dedicaban a denunciar actividades delictivas ejercidas desde instancias cercanas al poder.
Caruana, en su blog “Running Commentary” -con una audiencia de 400.000 visitas diarias- denunciaba casos de corrupción, tráfico ilegal, sobornos y cuentas “offshore” relacionados con el poder local en Malta. Había publicado diversos textos sobre personas cercanas al primer ministro, Joseph Muscat, implicadas en los famosos “papeles de Panamá”. Jan Kuciak estaba investigando a la “Ndrangheta” en su país y sus vínculos con personas cercanas al primer ministro, Robert Fico. El miércoles publicó su última historia en “Aktuality.sk”, en la que describía actividades de miembros de la mafia calabresa en el este de Eslovaquia y sus negocios con dos personajes cercanos a Fico.
Sin duda, corren malos tiempos para el periodismo de investigación. Dos profesionales de la información asesinados en Europa en los últimos cinco meses es un hecho que debería encender todas las alarmas. Y lo más lamentable es que ni el gobierno de Malta ni el de Eslovaquia parecen dispuestos a poner en marcha una investigación seria, rápida y transparente sobre ambos crímenes, tal como les piden las máximas autoridades del Parlamento y la Comisión Europea. A este paso, el ejercicio del periodismo en Europa va resultar tan peligroso como en Rusia o en Turquía por citar países sin guerras de Occidente y lo peor y más lamentable es que al igual que en éstos, seguramente, ambos asesinatos quedarán en la impunidad.
Es un hecho que la prensa independiente dedicada a investigar los lazos corruptos que unen políticos y empresarios se halla en el punto de mira de los poderes implicados. Y es lamentable que sean los propios gobiernos de democracias supuestamente consolidadas quienes muestran una creciente paranoia contra el trabajo de estos periodistas que se manifiesta de diversas formas. En este sentido podríamos hablar de tres ejes dirigidos contra la línea de flotación del periodismo de investigación:
Políticas de seguridad nacional. La Unión Europea aprobó hace dos años una Directiva de Secretos Comerciales que contempla la obligación de los periodistas y sus fuentes de demostrar que la difusión de la información se ha dado únicamente con el fin de “proteger el interés general”, concepto sujeto a interpretación judicial, claro.
Cambios legislativos. En España se han producido tres, bajo el gobierno del PP, que desde Reporteros sin Fronteras hemos denunciado repetidamente:
La Ley de Seguridad Ciudadana o “ley mordaza” contra cualquier periodista o ciudadano que publique actuaciones de la policía, por ejemplo durante manifestaciones. Por obstaculizar la actuación policial ya se han impuesto multas en el pasado. Está por ver cómo puede afectar esta ley a quienes grabaron la represión policial del 1-O en Cataluña.
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento criminal contra la “revelación de secretos” cuando la doctrina del Tribunal Constitucional protege la comunicación que transmite información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial que antes amparaba a la Justicia universal y ahora ya no lo hace con lo cual casos como el de José Couso y otros, quedan paralizados.
Leyes antiterroristas. Al amparo de los atentados yihadistas en el corazón de Europa, se han decretado leyes liberticidas como algunas que permiten controlar la información en Internet o cerrar páginas web sin requerimiento judicial. Y no sólo ocurre aquí. En países tan garantistas como Canadá, la Justicia ordenó a un periodista revelar sus fuentes sobre informaciones del ISIS bajo amenaza de cárcel. Y en el propio corazón de Europa, en Italia se ha juzgado a dos periodistas por el caso Vatileaks sobre la filtración de documentos confidenciales de la Santa Sede. O en Luxemburgo, donde se sometió a juicio a un periodista por hacer público un caso de evasión de impuestos fiscales con ayuda del Gobierno luxemburgués del entonces primer ministro Jean Claude Juncker.
Es palmario que vivimos una descarada ofensiva contra el periodismo de investigación, amparada en leyes cada día más restrictivas dirigidas a que no lleguen a conocimiento de los ciudadanos los excesos que los poderes políticos y económicos de todo el mundo pretenden sustraer a la opinión pública. Para evitarlo se precisa de profesionales que investiguen a fondo qué ocurre, quién, cómo, cuándo y por qué, los cinco pilares básicos del periodismo, oficio que, como decía el gran periodista italiano Eugenio Scalfari, consiste en contar a la gente lo que le pasa a la gente. Y una vez más repetiré que el derecho a la información es un derecho básico, reconocido en la Declaración Universal de los DD.HH. entre otras cosas, para poder ejercer el sufragio universal con conocimiento de causa. Una sociedad desinformada es una sociedad que camina a oscuras y para evitarlo hay que investigar y publicar.
María Dolores Masana Argüelles
Ex presidenta y actual vocal de la Junta de Reporteros Sin Fronteras
