ESPAÑA | Reporteros Sin Fronteras celebra que el Congreso fuerce al Gobierno a negociar una modificación de la “Ley Mordaza”
La organización vuelve a exigir su derogación total y la anulación de todas las multas impuestas a periodistas
Reporteros Sin Fronteras se felicita de que una mayoría parlamentaria haya conseguido que el Gobierno negocie una posible derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”. Ayer, el Congreso admitió a trámite dos proposiciones de ley -una del PSOE, para derogarla y otra del PNV, para reformar los artículos más controvertidos- lo que supone un importante primer paso para modificar una de las normativas más polémicas del Ejecutivo de Rajoy, condenada por RSF desde el mismo día en que se anunció su redacción y criticada por numerosos organismos y medios internacionales.
La moción política del PSOE, que propone la derogación total del texto y la recuperación de la llamada “Ley Corcuera” ha sido admitida a trámite con la abstención de Ciudadanos, quien, sin embargo, sí ha apoyado la proposición del PNV, que prevé la anulación de 44 artículos de la Ley, entre ellos, los más polémicos. En cualquier caso, el Parlamento escenificó la soledad del Gobierno en la defensa de una Ley criticada, desde hace años, en mayor o menor medida, por todas las formaciones de la cámara, excepto el PP. Los grupos parlamentarios deberán iniciar ahora un proceso de diálogo y negociación, que culminará previsiblemente con una modificación en profundidad de la “Ley Mordaza”, de aquí a finales de año. La norma está, además, recurrida ante el Tribunal Constitucional, cuyo pronunciamiento influirá decisivamente en su futuro.
“Llevamos años denunciando, dentro y fuera de España, una ley que vulnera la razón de ser de Reporteros Sin Fronteras: la defensa de un derecho fundamental como la libertad de información. En todo este tiempo, hemos apoyado a los compañeros perseguidos y sancionados por una ley que el New York Times tildó de ‘ominosa’ y que, dijo, ‘reavivaba el oscurantismo franquista’. Acogemos con gran satisfacción que la oposición haya forzado al Gobierno a dialogar y seguimos exigiendo una derogación. No nos conformaremos con una reforma descafeinada”, afirma Malén Aznárez, presidenta de RSF España.
Desde su entrada en vigor, en julio de 2015, la Ley Mordaza se ha saldado con decenas de miles de sanciones administrativas, por razones tan variadas como denunciar un coche de la policía local mal estacionado, llamar “colega” a un agente o fotografiar a miembros de las fuerzas de seguridad. El polémico artículo 52 de la norma, que da valor probatorio a la policía sin necesidad de la intercesión de un juez, ha permitido que los agentes se ceben arbitrariamente con miles de ciudadanos de a pie y con uno de los principales objetivos de la Ley: los profesionales de los medios de comunicación. “La Ley Mordaza se concibió por el gobierno popular en plena ola de protestas contra la crisis en España, con el objetivo claro de amedrentar a los ciudadanos y a los periodistas, para que no cubriesen altercados en manifestaciones y dar manga ancha a las fuerzas de seguridad”, añade Malén Aznárez.
Solo un año después de ser aprobada, la Ley de Seguridad Ciudadana estrenaba su poder sancionador con Axier López, fotorreportero de la revista “Argia”, multado con 601 euros por subir a su cuenta de Twitter unas fotografías de la detención en Eibar de la activista Naroa Ariznabarreta, que se había negado a personarse en una vista oral. Después de López, vinieron más sanciones a más informadores, todas fundadas sobre los artículos más controvertidos de la norma, como la desobediencia a la autoridad o la prohibición de tomar y/o difundir fotografías de agentes de policía. Reporteros Sin Fronteras ha ido recopilando los casos de sanciones y prestando apoyo a los periodistas multados, desde la entrada en vigor de la ley.
Anulación de sanciones a periodistas
Recientemente, el Gobierno anulaba la sanción impuesta hace un año a Axier López -muy activo en su lucha contra la normativa y secundado por los Parlamentos de Euskadi y Navarra- en un acto que puede ser interpretado como un gesto de reconsideración de intransigencia de la “Ley Mordaza” con los informadores. “Desde Reporteros Sin Fronteras recordamos que una de las primeras medidas que deben exigir las fuerzas que dialoguen con el Gobierno es la anulación de todas las multas a periodistas”, asegura Malén Aznárez.
Las sanciones administrativas (generalmente, todas de 601 euros) a periodistas han sido usadas como ejemplo de mala aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en su reciente informe anual. Las multas a Axier López, Miguel Ángel Valdivielso (Diario de Burgos) y Mercè Alcocer (Catalunya Ràdio), denunciadas en su día por Reporteros Sin Fronteras, son expresamente mencionadas en el informe anual de la Defensora del Pueblo, quien sugiere en el documento al Gobierno la posibilidad de negociar la norma.
