ESPAÑA | RSF insta al Gobierno a acelerar la derogación de la Ley Mordaza, desbloquear la reforma de TVE y no limitar la labor periodística
Cuando se cumplen cinco años de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, Reporteros Sin Fronteras (RSF) hace el enésimo llamamiento para que sea derogada y queden sin efecto los artículos que penalizan el libre ejercicio del periodismo. La organización lleva denunciando la amenaza para la libertad de información que supone la norma y exigiendo su derogación desde el mismo momento en que comenzó a gestarse su tramitación en el Parlamento, pero constata con frustración que, cinco años después, sus artículos más polémicos siguen vigentes.
Durante todo este tiempo, la “Ley Mordaza”, según datos del Ministerio de Interior, ha impuesto multas por valor aproximado de cuatro millones de euros, algunas de las cuales han recaído sobre periodistas que ejercían su labor de informar. Amparándose en el polémico artículo 36.23, que prohíbe la toma y difusión de fotografías a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a numerosos profesionales de los medios (esencialmente, reporteros gráficos, pero no solo) les han sido impuestas sanciones, habitualmente de 600 euros. El hecho de que este apartado de la norma enlace con el artículo 19.2, que concede a los agentes de policía la capacidad para sancionar y confiscar material sin necesidad de que intervenga un juez, ha creado situaciones totalmente arbitrarias e insólitas en al ámbito regulatorio de la Unión Europea.
No en vano, la prohibición de fotografiar a agentes de las fuerzas de seguridad está siendo estudiada por el Tribunal Constitucional, tras los recursos interpuestos en su día por gran parte de la oposición al entonces Gobierno del Partido Popular, junto a otros artículos susceptibles de ser inconstitucionales. A la espera de que se pronuncie la máxima instancia de la Justicia española, Reporteros Sin Fronteras valora los reiterados pronunciamientos del actual Gobierno en pro de una derogación de la “Ley Mordaza”, pero insiste en la necesidad de que la prohibición a informadores de fotografiar a policías y difundir sus imágenes no pueda quedar recogida en ninguna norma que la sustituya.
La Ley de Seguridad Ciudadana se ampara en la seguridad de los agentes para impedir que sean retratados, pero no contempla ninguna necesidad de justificar ese riesgo por parte de la policía, lo que abunda en su arbitrariedad. Reporteros Sin Fronteras recuerda que la propia doctrina del Tribunal Constitucional ampara el derecho del periodista a informar y del ciudadano a ser informado, cuando la información es veraz y de interés público. “Es insólito que llevemos cinco años reclamando la derogación de la `Ley Mordaza’ y que ni desde instancias políticas, ni judiciales, se haya dado un solo paso efectivo en ese camino, más allá de buenas palabras. Por puro desgaste, ya casi no se habla de una norma que, sin embargo, sigue aplicando su rodillo sancionador”, afirma Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras España.
Reforma de RTVE
No solo la “Ley Mordaza” es un desafío en materia de libertad de información que se enquista en el tiempo. La reforma en profundidad de RTVE, cuya antesala descansa en el nombramiento por concurso público del Consejo de Administración y la Presidencia de la corporación, se ha transformado en un asunto kafkiano, que debe ser resuelto a la mayor brevedad, pues tiene sumida a RTVE en una anormalidad democrática indigna para su prestigio e ineficaz para su cometido.
Aprobada por consenso en septiembre de 2017, la ley para la reforma de RTVE preveía la elección por concurso público de su presidente o presidenta y de su Consejo de Administración. Sin embargo, la imposibilidad de los grupos parlamentarios para acordar el mecanismo que regulase el concurso acabó sumiendo a la normativa en una parálisis agónica, de la que aún no ha acabado de recuperarse y que se zanjó con la designación de Rosa María Mateo como administradora única provisional.
La propia presidenta provisional de RTVE; cerca de 40 asociaciones, federaciones de periodistas y sindicatos; 170 profesionales de la comunicación; los Consejos de Informativos de RTVE, el propio comité de expertos que designó el Congreso de los Diputados para dar forma al concurso público y hasta la mayoría de candidatos seleccionados por este comité para aspirar a la presidencia de la corporación han hecho llamamientos para que se retome el concurso público y se desencalle el bloqueo.
La situación actual es tan endiablada que sobre la selección de candidatos hecha por el comité de expertos -que lideraba con mayor puntuación la vicepresidenta de RSF España y veterana periodista de TVE, Alicia Gómez Montano, fallecida recientemente- penden varias impugnaciones de los aspirantes descartados, que deberá resolverse en el marco de la comisión mixta Congreso-Senado. E incluso si quedasen despejadas las impugnaciones, la selección ya incumpliría las normas del propio concurso, que aboga por una paridad que no se da en el grupo de seleccionados.
Algunas voces apuntan a que los defectos de forma del mecanismo del concurso tal y como está concebido dificultan desatascar esta enrevesada situación, pero sea como fuere, Reporteros Sin Fronteras considera urgente que el Gobierno se emplee a fondo en buscar una solución óptima y definitiva al bloqueo de la reforma de RTVE. “Llevamos dos años y medio de despropósitos y retrasos por diversas circunstancias, que han colocado a RTVE en una situación excepcional e insostenible para una corporación que debía de ser punta de lanza en la información de calidad en Europa y que no puede crecer tanto como puede por el atolladero en el que se la ha sumido”, asegura Alfonso Armada, presidente de RSF España.
Comparecencias sin cortapisas a los medios
Junto a la derogación de la “Ley Mordaza” y el desbloqueo del avispero en que se ha transformado la reforma de los órganos de dirección de RTVE, Reporteros Sin Fronteras quiere, además, llamar la atención del Gobierno sobre las reiteradas quejas de periodistas gráficos y redactores acerca de las limitaciones a la libertad de información que el Ejecutivo ha impuesto en varias de sus ruedas de prensa.
Las cortapisas del Gobierno al libre ejercicio de la profesión periodística arrancaron antes siquiera de que se constituyese como tal, con la firma del acuerdo entre el PSOE y Podemos, cuya escenificación solo estuvieron autorizados a presenciar los reporteros gráficos, quedando los periodistas “aparcados” en una sala distinta. Ya unas semanas antes, tras las ruedas de consultas de los líderes de los partidos políticos con el Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo se avino a aceptar dos preguntas de los medios, lo cual acarreó la protesta in situ del periodista de El Español Daniel Basteiro, en nombre de todos los compañeros presentes, a la que se sumaron posteriormente la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
Pese a todas estas protestas, el Gobierno repitió modus operandi recientemente, durante la visita a España del presidente argentino Alberto Fernández, con quien Sánchez compareció única exclusivamente ante los reporteros gráficos. “El Gobierno debe predicar con el ejemplo en lo que al respeto de las libertades se refiere y la libertad de información es una de las más esenciales en democracia. No se puede pasar de las críticas a un presidente que comparecía ante los medios en pantallas de plasma a aplicar cortapisas y limitaciones a las preguntas y necesidades de los periodistas. Esperamos que estas desconsideraciones del Ejecutivo con la prensa no se repitan”, concluye el presidente de RSF España, Alfonso Armada.
