FRANCIA | Alarma por un proyecto de ley que amplía los poderes de las agencias de vigilancia

Las organizaciones Privacy International, Amnistía Internacional, FIDH, liga Francesa de Derechos Humanos y Reporteros Sin Fronteras han expresado su alarma por la ampliación de  poderes a los organismos de vigilancia en Francia, según prevé un proyecto de ley transferido al Parlamento francés el 20 de marzo.

Con la nueva ley, las agencias de inteligencia francesas estarían facultadas para introducirse en los ordenadores y dispositivos, y espiar las comunicaciones de cualquier persona que entre en contacto con un sospechoso, aunque sea de forma accidental. La nueva ley les permitirá hacer esto sin tener que obtener una orden judicial.

Nuestras organizaciones expresan su profunda preocupación ante la propuesta del proyecto de ley de instalar la tecnología de vigilancia a los proveedores de servicios de Internet y empresas de telecomunicaciones, con el fin de analizar toda la actividad de Internet contraria a los algoritmos específicos establecidos por el gobierno. Tales sistemas de vigilancia de masas socavarán la privacidad de los usuarios de Internet, tienen potencial para enfriar la libertad de expresión, y podrían ser objeto de abusos graves.

El proyecto de ley pone un poder sin precedentes en manos de la oficina del Primer Ministro para que éste pueda autorizar todas las formas de vigilancia sin tener que solicitar la autorización de un tribunal. Si bien la ley prevé la creación de una Comisión Nacional ampliada para el Control de Técnicas de Inteligencia, las recomendaciones de la Comisión no serían vinculantes para el Primer Ministro y sus delegados. Al eliminar el control judicial en la vigilancia, el proyecto de ley no sólo representa una grave intromisión en la privacidad de los ciudadanos de a pie, sino que aumenta aún más el riesgo de abuso. También podría exacerbar los riesgos que la vigilancia masiva entraña para los que trabajan en temas sensibles y dependen de fuentes confidenciales, entre ellos periodistas y organizaciones de derechos humanos.

Los poderes de vigilancia extranjera otorgados por el proyecto de ley son muy amplios y se asimilan a los que ahora se enfrentan a la impugnación legal en el Reino Unido. Habilitan el Primer Ministro francés para ordenar la intercepción de las comunicaciones que se emitan o reciban desde fuera de Francia. Las medidas técnicas que las agencias de inteligencia pueden implementar serían decididas por el Consejo de Estado en un decreto publicado, de acuerdo con el proyecto de ley.

Además de las medidas de filtrado masivo propuestas, el proyecto de ley otorga a las agencias del gobierno una peligrosa serie de poderes adicionales:

• La capacidad de los agentes de inteligencia para pinchar dispositivos y ordenadores, como una técnica de última instancia, está explícitamente prevista en el proyecto de ley. El hackeo es una forma extremadamente intrusiva de vigilancia y su uso por cualquier autoridad del Estado, en particular las agencias de inteligencia, debe ser altamente regulado para proteger contra los abusos de poder, sin embargo, el proyecto de ley no prevé la autorización judicial o la supervisión de la piratería poderes.

• El proyecto de ley autoriza a las agencias de inteligencia a usar «sensores de proximidad» en la vigilancia sobre el terreno con el fin de determinar la localización e identificación de personas concretas. Esta disposición es un intento de potenciar en los servicios de inteligencia franceses el uso de captores IMSI, según la Comisión Nacional de Informática y Libertades, la autoridad francesa de protección de datos, que fue capaz de presionar al gobierno para incluir una serie de protecciones adicionales en el proyecto de ley antes de su publicación. Los captores IMSI son dispositivos de intercepción móviles que están sujetos a controles de exportación de Estados Unidos y de Europa, y recientemente puesto bajo escrutinio en los tribunales y las legislaciones de Estados Unidos. El proyecto de ley estipula que los captores IMSI se pueden utilizar para la recogida de la información de geolocalización en directo de las personas que utilizan dispositivos. Debido a que los captores IMSI no son dispositivos dirigidos sino a identificar y geolocalizar a individuos dentro de una ubicación dada (por ejemplo, una plaza o un aeropuerto) esto inevitablemente facilita la vigilancia de personas que no son sospechosas de delito alguno.

• Las comunicaciones electrónicas de cualquier persona conectada con un sospechoso – incluidas las conexiones o encuentros dentro y fuera de línea – son susceptibles de ser interceptadas y examinadas por las agencias de inteligencia en virtud de las nuevas competencias introducidas por el proyecto de ley.

Las organizaciones lanzan un llamamiento al Parlamento francés y le piden un profundo estudio del proyecto de ley en las próximas semanas para asegurar que el derecho francés cumpla la normativa internacional de derechos humanos y de normas en materia de vigilancia.

“La introducción de esta ley sólo dos meses después de la tragedia de Charlie Hebdo es un intento de ampliar los poderes de vigilancia con el pretexto de prevenir el terrorismo. El aumento de la seguridad no tiene que suponer reducción de la privacidad. Y la amenaza del terrorismo no debe ser utilizada para justificar el seguimiento masivo de la actividad de cada internauta francés. Las medidas propuestas no deben pasar por el parlamento sin un fuerte análisis y examen, o Francia estará camino de convertirse en un estado de vigilancia, y al mismo tiempo, no ganará más seguridad ante los ataques terroristas“.

Carly Nyst, Director Jurídico de Privacy International

“Francia no puede dejar que la búsqueda de la seguridad se haga a costa del respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión y la privacidad. Estos amplios e invasivos poderes de vigilancia no estarían sujetos a una supervisión significativa y pueden llevar a la gente a la autocensura en Internet“.

Josué Franco, investigador de tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional

“Nos preocupa mucho la falta de supervisión judicial de estas disposiciones, que da al Gobierno la facultad de autorizar la amplia vigilancia de cualquier individuo sin ninguna posibilidad de impugnar judicialmente estas medidas. También estamos preocupados por la creciente tendencia a abusar de la retórica antiterrorista para atentar contra las libertades“.

Karim Lahidji, Presidenta de la FIDH

“Exigimos que esta ley incluya salvaguardas para el derecho de los periodistas a trabajar sin ser espiados, o de lo contrario constituiría una grave violación de la libertad de prensa. El gobierno debe restablecer la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas volviendo a introducir en los procedimientos la referencia a un juez. Es vital que se haga una excepción para los periodistas en el sistema de vigilancia previsto en el presente proyecto de ley“.

Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros Sin Fronteras

“Los derechos fundamentales de los ciudadanos sólo serán respetados si se restablece el principio de un control eficaz y proporcionado, con autorización previa de las medidas, y con un fin estrictamente definido y relevante para la seguridad nacional”.

Pierre Tartakowsky, Presidente de la LDH