FRANCIA | RSF lleva al Defensor del Pueblo francés la violencia policial contra los periodistas
De la «Noche de pie» a las protestas contra la ley laboral, pasando por las manifestaciones posteriores a las elecciones, la violencia policial contra los periodistas en Francia ha experimentado un aumento en los últimos meses. Para poner fin a estos excesos, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha elevado al Defensor del Pueblo francés los casos de diez periodistas agredidos o golpeados sin justificación por las fuerzas del orden.
Cubrir una manifestación o un acto público en Francia se ha convertido en una actividad de alto riesgo para reporteros y fotógrafos, y un brazalete con la palabra “prensa” ya no es suficiente protección contra las fuerzas del orden. A través de vídeos e imágenes, Reporteros Sin Fronteras ha podido constatar muchos casos de violencia policial, a veces deliberada, contra periodistas.
Para denunciar estos actos, RSF ha elevado este 7 de julio al Defensor del Pueblo francés (Défenseur des droits), Jacques Toubon, los casos de diez periodistas que sufrieron violencia por parte la policía o la gendarmería mientras simplemente estaban haciendo su trabajo: el de cubrir acontecimientos relevantes para la sociedad y darlos a conocer al público. Estos diez casos ilustran una tendencia más amplia que ha afectado a muchos otros periodistas en los últimos meses.
«Nos dirigimos al Defensor del Pueblo para que emprenda investigaciones, para que pida sanciones si es necesario, y sobre todo, para que dirija recomendaciones firmes y precisas a las autoridades, en particular la de respetar la libertad de informar de los periodistas”, indica Paul Coppin, responsable del área jurídica de Reporteros Sin Fronteras. “Agredir a los periodistas que cubren las protestas muestra una una forma de censura, por lo que solicitamos del Defensor una condena sin rodeos».
Entre los casos que RSF ha elevado al Defensor del Pueblo francés se cuentan los de periodistas que han recibido golpes de las fuerzas del orden. En marzo de 2016, el fotógrafo Maxime Reynié fue golpeado por agentes de las CRS (Compagnies républicaines de sécurité) durante una manifestación en Toulouse, a pesar de que se identificó con toda claridad como periodista. Lo mismo le ocurrió a Michel Soudais, director adjunto del semanal Politis, a quien, sin motivo, un CRS le asestó un golpe con la porra en el estómago, y a Martin Lagardère, fotógrafo agredido por un miembro de las compañías de seguridad e intervención (CSI) durante una manifestación en la que trataba de tomar fotografías.
Sin motivo, las fuerzas de seguridad trataron a otros periodistas de forma violenta y abusiva. En mayo de 2016, un CRS tiró al suelo al periodista Thierry Vincent, que perdió el conocimiento, mientras cubría una manifestación y a pesar de que había hecho valer su condición de periodista.
Otros han sido víctimas del uso no autorizado de armas defensivas por parte de las fuerzas de seguridad, como Estelle Ruiz, perfectamente identificable como periodista, y contra quien dispararon una granada antidisturbios mientras grababa una protesta en mayo de 2017. Los periodistas Ugo Amez, Louis Witter y Michael Bunel recibieron impactos de pelotas de goma en tiros directos, a corta distancia o dirigidos a la cara.
Muchos periodistas resultaron heridos como consecuencia de la violencia hasta el punto de tener que prescribírseles la baja laboral. Ugo Amez estuvo tres días de baja después de recibir un tiro directo de pelotas de goma y a Michel Bunel le rompieron un dedo con una porra.
Numerosos testimonios hablan de insultos, amenazas o trato vejatorio. A Louis Witter lo amenazaron y a Michel Bunel lo insultaron, mientras que otro periodista que desea permanecer en el anonimato sufrió humillaciones de tipo sexual.
Todos estos periodistas, no obstante, estaban identificados como tales o eran fácilmente identificables; ninguno de ellos participaba en las protestas y ninguno se había comportado de forma violenta ni había dicho o hecho nada inapropiado que pudiera justificar semejante respuesta de las fuerzas orden. RSF reconoce sin reservas la dificultad del trabajo policial, sobre todo en el contexto actual – el del estado de emergencia, con atentados repetidos -, pero esta dificultad no puede justificar que los periodistas sean víctimas de agresiones deliberadas contra ellos.
Los acontecimientos que cubrían estos diez reporteros – protestas, manifestaciones y operaciones policiales – eran asuntos de interés público. Los ciudadanos quieren conocer cómo se desarrollan, de qué se quejan, qué se pide y cómo responden las autoridades. La cobertura completa y precisa de los hechos es fundamental para el derecho del público a la información.
Esta es una forma de restricción, y por tanto de censura, por parte del Estado, de una prensa libre, y por eso ha pedido RSF al Defensor del Pueblo que los condene. Es esencial que, como parte de sus atribuciones relativas a hacer respetar la ética de los profesionales de la seguridad, recuerde a las autoridades sus obligaciones en cuanto a la protección de los periodistas y el respeto por la libertad de prensa.
