GEORGIA | AZERBAIYÁN | 23 ONG internacionales escriben al Primer Ministro Giorgi Kvirikashvili por el caso Afgan Mukhtarli
Reporteros Sin Fronteras y 22 organizaciones más de defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa, escriben al Primer Ministro de Georgia, Giorgi Kvirikashvili, para pedirle que su Gobierno respete sus obligaciones internacionales, en particular la de llevar a cabo una investigación sobre el secuestro, el Tbilisi, el pasado 29 de mayo, del periodista azerbaiyano Afgan Mukhtarli.
Primer Ministro de Georgia. Giorgi Kvirikashvili
Parlamento de Georgia
Calle Abashidze Kutaisi, 26
Georgia, 4600
6 de junio de 2017
Estimado Primer Ministro Kvirikashvili,
le escribimos para expresarle nuestra profunda preocupación por el secuestro del periodista azerbaiyano exiliado Afgan Mukhtarli, el pasado 29 de mayo, en Tbilisi. Desapareció tras dejar a sus compañeros por la tarde, y apareció al día siguiente, en Baku, bajo custodia de la agencia estatal de fronteras de Azerbaiyán.
Mukhtarli ha informado que fue forzado a entrar en un vehículo cercano a su domicilio, fue maniatado y golpeado. Sus secuestradores le taparon la cabeza y le metieron 10.000 euros en el bolsillo mientras cruzaba la frontera con Azerbaiyán. Su abogado, Elchin Sadygov, que pudo visitarle cuando estaba detenido, confirmó que tenía marcas en la cara de haber sido agredido y que podría tener una costilla rota. El 31 de mayo, un tribunal de Baku le sentenció a tres meses de prisión preventiva y está ahora acusado de contrabando, cruce ilegal de fronteras y violencia contra las autoridades policiales.
Estos hechos no sólo exponen a Afgan Mukhtarli a la posibilidad de ser torturado y sentenciado a una larga pena de prisión, sino que sientan además un preocupante precedente que amenaza la seguridad de las docenas de azerbaiyanos exiliados en Georgia. Numerosos periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil han dejado Azerbaiyán para escapar de la represión, pero se están convirtiendo ahora en objetivo de persecuciones fuera de sus fronteras. Esperaban estar seguros en Georgia, pero ahora viven con miedo de ser devueltos ilegalmente a su país de origen.
El secuestro de Afgan Mukhtarli y su deportación ilegal a su país mientras pide asilo en Georgia supone una clara violación de la legislación internacional. El Artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada por Georgia, prohibe la tortura, trato degradante o castigos, y supone una clara obligación para cada Estado signatario, que no puede expulsar, extraditar o deportar a cualquier individuo que por ello se exponga a recibir este tipo de tratamientos. Es por todo ello responsabilidad de Georgia garantizar la seguridad de los azerbaiyanaos que viven en su territorio e impedir que sean devueltos por la fuerza a su país de origen.
El secuestro de Mukhtarli mancha la reputación de Georgia como líder en la defensa de los estándares de derechos humanos en la región del Cáucaso. Las autoridades azerbaiyanas se han acuartelado en su lucha contra sus críticos, una situación ya denunciada por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo Europeo, Nils Muiznieks, en mayo de 2017: “La situación en Azerbaiyán me sigue preocupando. Desde 2015 he intervenido en siete ocasiones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en siete casos a mi juicio emblemáticos de los problemas de los derechos humanos en el país: limitaciones a la libertad de expresión, limitaciones al espacio para las ONG, acoso oficial a defensores de los derechos humanos y sus abogados. Aunque los individuos de los casos en los que intervine ya no estén en prisión, no debemos olvidar que hay otros que siguen detenidos, acusados de cargos de dudosa credibilidad, muchas veces tras haber expuesto sus críticas a las autoridades”. Como vecino de un Estado tan represivo, Georgia tiene el deber moral de mantel su rol histórico de bienvenida a los disidentes azerbaiyanos.
Recibiríamos con satisfacción la apertura de una investigación sobre el “secuestro ilegal” de Mukhtarli, esperando que con ella se identifique a sus secuestradores y se aclare el potencial rol de las autoridades de Georgia en lo sucedido. Es necesario que se mande un mensaje claro sobre estas acciones ilegales de un estado vecino en territorio georgiano, que no pueden ser aceptadas, y se aclare la posible implicación de funcionarios públicos en este tipo de graves violaciones de la legislación internacional.
Georgia ha copatrocinado todas las recientes resoluciones de Naciones Unidas sobre defensores de los derechos humanos. El caso más reciente es el de su suma a los estados que expresaron su grave preocupación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas -del que Georgia es miembro- por “las prácticas de las desapariciones forzadas que se emplean a menudo para reprimir e intimidar a los defensores de los derechos humanos” (resolución 34/5 del 23 de marzo de 2017 del Consejo de Derechos Humanos, en la que Georgia votó a favor). Está en juego la credibilidad de Georgia en su compromiso con la defensa de los derechos y libertades fundamentales.
Agradeciendo de antemano su atención,
atentamente,
• Canadian Journalists for Free Expression
• CEE Bankwatch Network
• Civil Rights Defenders
• Committee to Protect Journalists
• Crude Accountability
• English PEN
• FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
• Freedom Now
• Human Rights First
• Human Rights House Foundation
• Human Rights Watch
• Index on Censorship
• IFEX
• International Media Support
• International Partnership for Human Rights
• Institute for War and Peace Reporting
• Netherlands Helsinki Committee
• Norwegian Helsinki Committee
• PEN America
• PEN International
• People in Need
• Reporters Without Borders (RSF)
• World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
