El 31 de octubre de 2011, un Tribunal Penal de La Ceiba absolvió a Marco Joel Álvarez Barahona, alias “El Unicornio”, señalado como el presunto autor del asesinato del periodista David Meza Montesinos, ocurrido el 11 de marzo de 2010.
Antes de ser asesinado, Montesino recibió varias amenazas relacionadas con sus escritos sobre el narcotráfico. También era conocido por sus críticas a ciertos enfrentamientos entre la policía y el crimen organizado.
Arrestado en septiembre de 2010, Marco Joel Álvarez Barahona es el segundo individuo acusado de este asesinato que es absuelto en la primera audiencia, sin que se haya examinado a fondo el expediente del caso. Después de la detención de “El Unicornio”, el empresario Mario Roberto Guevara, citado por el mismo caso, fue puesto en libertad por los jueces de La Ceiba, por “falta de pruebas”.
“Al acusado se le debe aplicar la presunción de inocencia, como en todos los casos penales, pero ¿cómo explicar semejante giro cuando el Ministerio Público parecía tener pruebas de la implicación de Marco Joel Álvarez en el asesinato de David Meza Montesinos? ¿Quiso fabricar culpables con urgencia? ¿Los sospechosos podían revelar información comprometedora? No pueden excluirse estas hipótesis mientras perdure la impunidad general en los 16 casos de asesinatos de periodistas cometidos desde 2010, quince de ellos ocurridos desde la investidura del actual presidente, Porfirio Lobo Sosa. Situación que se repite en los casos de los defensores de los derechos humanos, que hasta ahora han sido víctimas de la represión tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Todavía no se han cumplido las cláusulas del Acuerdo de Cartagena de Indias relativas al reestablecimiento del Estado de Derecho”, afirma Reporteros Sin Fronteras.
La policía no anunciará que “retoma el control” de esta investigación, como ha hecho en otros casos. El mismo día que se obsolvía a “El Unicornio” se destituyó a altos mandos de la policía tras la evasión de cuatro funcionarios acusados del asesinato de dos estudiantes. Esta medida estuvo acompañada del lanzamiento del “Operativo Relámpago”, que moviliza a la policía y al ejército para combatir la criminalidad en uno de los países peor clasificados del mundo en la materia (en promedio 86 homicidios al año por cada 100.000 habitantes).
“Reporteros Sin Fronteras advierte que los grandes planes de seguridad sacrifican con frecuencia los derechos humanos. El despliegue militar en la región de Aguán, aún en curso, no constituye más que una represión sistemática de las comunidades locales y los movimientos sociales. En México la ofensiva federal contra el narcotráfico ha dejado un balance humano alarmante, sin resolver en nada el problema», concluye la organización.
