Las amenazas y la cesura se intensifican contra la radiodifusora educativa local Radio Uno, conocida por su postura contraria al régimen después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Su señal incluso fue interrumpida por un acto de sabotaje cometido la noche del 30 al 31 de agosto de 2010. La estación pudo volver a transmitir sus programas, sin embargo lo hace bajo alta tensión. La represión contra Radio Uno, ubicada en San Pedro Sula (norte), no ha dejado de intensificarse durante los últimos meses. Sus estudios han sido el blanco de ataques con gas tóxico, entre otras intimidaciones cometidas regularmente contra el personal de su redacción.
En Tegucigalpa, la capital, dos periodistas de Radio Globo, Carlos Paz y Oswaldo Estrada, fueron agredidos el 27 de agosto pasado por dos policías, mientras informaban sobre las brutalidades cometidas por las fuerzas del orden durante una manifestación de profesores. Los policías los golpearon y destruyeron su material.
Otro caso de abuso de poder son las amenazas que ha recibido desde el mes de julio Mayke Antúnez, otra periodista de Radio Globo, según informó el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH). Mayke Antúnez atribuye el origen de estas intimidaciones a una entrevista a Roberto Micheletti, que ella realizó hace dos meses. La periodista había tenido el coraje de interrogar al ex presidente de facto, instalado después del golpe de Estado, sobre su balance en materia de derechos humanos y de libertades públicas.
Estas violaciones al derecho de informar son muestra de un contexto político siempre desastroso para la libertad de la prensa tras el golpe de Estado. Bajo esta perspectiva, interpretamos como una muy mala señal que el 31 de agosto haya sido puesto en libertad, aunque sea condicional, el coronel José Arnulfo Jiménez, uno de los autores del arbitrario cierre del Canal 36, y de las radiodifusoras Radio Globo y Radio La Catracha en la época del golpe de Estado. Los medios de comunicación víctimas de estas violaciones señalaron que apelarían, según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Nueve periodistas han sido asesinados en Honduras desde el 1 de enero de 2010, lo que lo ubica, junto con México, en el rango de los países más peligrosos del continente para la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación.
