Reporteros Sin Fronteras denuncia la maniobra de intimidación y censura de un coronel del Ejército contra periodistas y defensores de los derechos humanos, y pone de relieve el riesgo que corren las personas que trabajan al servicio de la información en la región militarizada del Bajo Aguán.
Las amenazas de la policía, proferidas el 18 de febrero contra Isaac Leonardo Guevara Amaya, corresponsal de Radio Progreso en Tela (norte) y fundador de la radio comunitaria Exclusiva, ponen también de manifiesto el peligro que implica dar cobertura informativa a conflictos agrarios y medioambientales. Según el Comité por la Libre Expresión (organización colaboradora de Reporteros Sin Fronteras), el periodista es conocido por informar sobre las protestas contra los proyectos de extracción minera a cielo abierto en el Litoral Atlántico.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), ha informado de las amenazas proferidas por el coronel de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, Germán Antonio Alfaro Escalante, que acusó, el mismo 18 de febrero, a varios periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de movimientos sociales de la región, de “denigrar las acciones de los miembros de las fuerzas armadas” y de “deteriorar la imagen de la nación hondureña”.
El coronel acusó directamente en una rueda de prensa, al periodista Marvin Palacios, miembro del Cofadeh; a Wilfredo Paz, portavoz del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos del Aguán; a Vitalino Álvarez y a Yony Rivas, dirigentes del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) –interlocutores de radios comunitarias locales–, y al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh). El comunicado formula las mismas acusaciones contra otras personas que “se escudan en el anonimato” y contra los portales informativos defensoresenlinea.com (diario en línea de la Cofadeh), voselsoberano.com y hondurastierralibre.com.
“Esta forma de estigmatización pública expone directamente a los afectados a importantes riesgos, teniendo en cuenta la situación de los derechos humanos en el Aguán y, más ampliamente, en Honduras, donde la criminalización de aquellos que se atreven a informar sobre los conflictos agrarios y medioambientales es sistemática. El gobierno debe aclarar cómo un alto mando militar, supuestamente sometido a la autoridad del poder político, ha podido tener esta iniciativa. Esta situación conlleva un verdadero peligro para la libertad de informar del que deben hacerse cargo la comunidad internacional y las instituciones competentes del continente americano”, afirma Reporteros sin Fronteras. La organización recuerda que, en Honduras, 30 periodistas han sido asesinados la última década, 25 de ellos después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. RSF ha solicitado protección para diversos periodistas y defensores de los derechos humanos y aún espera la respuesta del gobierno a estas solicitudes.
La Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch cuenta con más de 500 militares y policías y tiene como objetivo “conducir operaciones de estabilización en el Departamento de Colón”,“en un irrestricto respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas”, con el fin de garantizar “el respeto de la propiedad privada en el agro”, según las declaraciones del coronel.
“Este comunicado es un insulto para todos aquellos que denuncian las violaciones a los derechos humanos y que padecen las constantes amenazas de las fuerzas armadas. Estos militares y policías no hacen nada para acabar con las exacciones cometidas por las milicias de los terratenientes que nos persiguen”, declaró a Reporteros Sin Fronteras, Vitalino Alvarez, portavoz del MUCA. “Es un acto caracterizado de censura. Incluso grandes medios de comunicación, como El Heraldo, han recibido amenazas cuando han publicado información sobre la situación en el Aguán”, añadió Alvarez. Ayer, 21 de febrero, las organizaciones afectadas dieron una rueda de prensa en la capital, Tegucigalpa.
Dos días antes, el 19 de febrero, el Cofadeh denunció, en un comunicado, la “militarización del país”, con la presencia de las fuerzas armadas en las calles y en las instituciones. “Una estrategia de aniquilación a las demandas y reclamaciones ciudadanas”, considera la Cofadeh, que denuncia también el uso de armas, bombas lacrimógenas, torturas, detenciones, ataques a la prensa por parte de la unidad militar Xatruch, y la criminalización de la lucha campesina.
Reporteros Sin Fronteras reitera su llamamiento a la protección de los periodistas de Radio Progreso, cuyo corresponsal, Nery Jeremía Orellana, director también de la radio Joconguera en Candelaria, fue asesinado el 14 de julio de 2011, un crimen impune hasta la fecha.
Los conflictos agrarios, mineros y medioambientales se encuentran entre los principales contextos de ataques graves a la libertad de informar en toda América Latina.
