En un contexto aún muy represivo para los medios de comunicación comunitarios, la periodista Albertina Manueles Pérez, corresponsal de la emisora independiente Radio Progreso, fue acusada de sedición contra la seguridad interior del Estado por difundir un comunicado de una comunidad indígena. Fue citada a comparecer ante el Juzgado Primero de Letras de lo Penal de Intibucá (oeste) el 24 de junio de 2014.
Reporteros sin Fronteras denuncia una vez más el hostigamiento de las autoridades contra Radio Progreso. La corresponsal de la emisora Albertina Manueles Pérez difundió un comunicado en el que los habitantes de San Francisco de Opalaca, en su mayoría indígenas Lenca, se niegan a reconocer a José Socorro Sánchez, del Partido Nacional, como alcalde electo. Según ellos, fue elegido en condiciones fraudulentas durante los comicios generales del 23 de noviembre de 2013.
Para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que reúne a los habitantes de más de 35 comunidades indígenas de la región, el escrutinio favorecía al candidato del Partido Libre, Éntimo Vásquez. Además de convocar a la periodista que cubre el conflicto entre la comunidad indígena y el municipio desde el inicio de la crisis, el juzgado también citó a 30 miembros del Copinh.
Los derechos de las poblaciones indígenas, yen especial el de disponer de sus propios medios de comunicación, están garantizados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que Honduras firmó. Sin embargo, las radios comunitarias que dependen del Copinh, una de las organizaciones más representativas de la población autóctona a escala nacional, padecen un acoso constante. Por ejemplo, la antena de la radio Puca de Opalaca, que transmite en la misma región, fue dañada tras un ataque perpetrado el 30 de mayo de 2014.
“Reporteros Sin Fronteras pide que se retiren todos los cargos presentados contra Albertina Manueles Pérez”, señaló Camille Soulier, responsable para América de la organización. “Radio Progreso y las radios comunitarias son continuamente objeto de ataques y de procesos legales por el contenido de sus programas, que las autoridades consideran subversivo. Reporteros Sin Fronteras une su voz a la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hizo recomendaciones al Estado de Honduras para proteger a todo el equipo y a los colaboradores de Radio Progreso”.
El Estado hondureño ignoró las medidas cautelares que pidió la CIDH para los empleados de la estación en 2009, 2010 y 2011. El 11 de abril de 2014, Carlos Mejía Orellana, colaborador de Radio Progreso, fue asesinado frente a su domicilio; había recibido varias amenazas de muerte. El 18 de febrero de 2013, Isaac Leonardo Guevara Amaya, corresponsal de Radio Progreso en Tela (norte), fue amenazado por la policía. Los periodistas hondureños que, como él, cubren temas delicados como los conflictos agrarios, los daños al medioambiente debido a la extracción minera o la depuración de la policía, son censurados con violencia.
Honduras se encuentra en el lugar 129, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras.
