Quince mujeres periodistas del colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión” han denunciado, ante la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, al Presidente Porfirio Lobo Sosa, así como los generales René Osorio Canales, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas, y Andrés Felipe Díaz, jefe de la Guardia de Honor Presidencial, por las agresiones que sufrieron, junto a unos cincuenta periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de algunos movimientos sociales, durante la manifestación que tuvo lugar el pasado 13 de diciembre pasado, en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, en Tegucigalpa.
“Al menos tres razones nos motivan a apoyar esta denuncia colectiva, de la que recibimos una copia. Por una parte, esta denuncia constituye una respuesta legítima a los graves abusos de autoridad cometidos contra personas indefensas. Por otra parte, la demanda replica una escandalosa propaganda del Estado, que consiste en desacreditar a las víctimas haciéndolas pasar por agresores. ¿Por qué una manifestación precedente de periodistas, organizada cuatro días antes en el mismo lugar, pudo llevarse a cabo sin la mínima confrontación? Finalmente, más allá de lo hechos de los cuales se desprende, esta denuncia colectiva plantea de forma legítima la pregunta de por qué la impunidad perdura en un país que se ha convertido, después de México, en el más mortífero del continente para aquellos que realizan la labor de informar, en particular sobre una situación de los derechos humanos tan alarmante. Nuestra voz se une a la de las denunciantes para exigir a las autoridades hondureñas que se haga justicia”, declaró Reporteros sin Fronteras.
En Honduras han sido asesinados 24 periodistas desde el año 2003, 17 de ellos tan sólo en el periodo que siguió al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
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Una protesta pacífica de periodistas, en su mayoría mujeres, convocada por el colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, fue víctima de la brutalidad de la policía y del ejército en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, el 13 de diciembre de 2011, en Tegucigalpa. Los manifestantes, que partieron de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, reclamaban justicia por los asesinatos de 24 periodistas ocurridos desde 2003, 17 de ellos durante el periodo que siguió al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Frente a una situación de lo más dramática en lo que respecta a las libertades públicas y a los derechos humanos, el Estado hondureño tiene como única respuesta la represión. Esta actitud muestra su responsabilidad en este contexto y la clara continuidad de la dinámica de persecución emprendida tras el golpe de Estado. La ‘reconciliación nacional’ promovida por el Acuerdo de Cartagena de Indias no es más que palabras huecas. La comunidad internacional y los Estados latinoamericanos deben exigir en 2012 resultados tangibles en las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, así como la plena cooperación de las autoridades hondureñas en este aspecto. De otra manera, ante la cercanía de las grandes elecciones de 2013, el país corre de nuevo el riesgo del caos”, declaró Reporteros Sin Fronteras.
La protesta del 13 de diciembre responde especialmente al más reciente asesinato de un periodista, por primera vez se trata de una mujer: Luz Marina Paz Villalobos, quien perdió la vida el 6 de diciembre pasado. Como recuerda la organización C-Libre, socia de Reporteros Sin Fronteras, los manifestantes también buscaban denunciar los actos de censura y la persecución sistemática que padecen los medios de comunicación alternativos y comunitarios, así como los defensores de los derechos humanos y los representantes de los movimientos sociales. Minado por la violencia política desde el golpe de Estado de 2009, Honduras se encuentra, de manera general, entre los países con los peores niveles de inseguridad a escala mundial debido a los 86 homicidios registrados por cada 100.000 habitantes.
“Logramos mover la barda y avanzamos hasta nuestra meta, lo que llenó de furia a los militares que resguardan la presidencial, que más adelante, frente a la casa de gobierno nos esperaban tras otra barrera metálica. Nos recibieron a empujones, toletazos y lanzaron las bombas tóxicas para desplazarnos”, testimonió ante Reporteros sin Fronteras una de las participantes, precisando que los colegas que participaron en una manifestación precedente, convocada el 9 de diciembre por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), pudieron realizar su marcha sin la mínima confrontación.
En Honduras, el país más mortífero del continente para el gremio después de México, han sido asesinados cinco periodistas desde el inicio del año; en tres de los casos el crimen está relacionado directamente –o es muy probable que lo esté– con el ejercicio de su profesión.
