| Resumen de RSF de la situación de la libertad de información
06.03.2015 21:14
Cinco años después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la situación de la libertad de información sigue degradándose en Honduras. El país se encuentra entre los más peligrosos del continente para los periodistas. Reporteros Sin Fronteras examina la situación de la libertad de información en el país tras un inicio de año particularmente preocupante para los informadores.
Los informadores hondureños siguen trabajando en un clima muy hostil. Periodistas y medios de comunicación son víctimas de amenazas, hostigamiento judicial, agresiones y asesinatos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), de los 51 asesinatos de periodistas que la organización ha registrado desde 2003 en el país, el 96% sigue impune. Quienes investigan temas sobre la inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, el crimen organizado y su infiltración en las instituciones públicas corren el riesgo de sufrir represalias.
La impunidad es aún más preocupante dada la hostilidad de las autoridades –incluidas las de más alto nivel– frente a los medios de comunicación. Lejos de garantizar la seguridad física de los periodistas, éstas intentan minimizar la gravedad de la situación, sobre todo negando que los crímenes estén relacionados con la profesión de las víctimas. Tras el asesinato de Erick Arriaga, periodista de Radio Globo, ocurrido el 23 de febrero de 2015, las autoridades sugirieron que la víctima estaba vinculada con bandas criminales.
“Reporteros Sin Fronteras denuncia la actitud inaceptable de las autoridades frente a los periodistas en el país», afirma Claire San Filippo, responsable del continente americano de la organización. «Éstas, no sólo permanecen pasivas ante la violencia, no resolviendo casi ninguno de los crímenes cometidos contra el gremio, sino que amenazan el trabajo de los periodistas. Los periodistas críticos con el gobierno deben hacer frente a las limitaciones en el acceso a información pública, a procesos legales indebidos y a amenazas de los representantes del Estado. ¿Cuándo dejará el gobierno de amordazar la información y asumirá su rol de garante de los derechos?, ¿cuándo ofrecerá realmente seguridad al gremio? Ante la falta de protección y de justicia, ¿un periodista hondureño debe vivir con miedo, entre violencia y represión, o debe censurarse?”, se pregunta Claire San Filippo.
Ensañamiento con los medios de comunicación de oposición
Las autoridades muestran una voluntad clara de controlar la información y de amordazar a las voces críticas. Los más afectados son los medios de comunicación comunitarios y los de oposición, como Radio Globo o Canal 36, que ven limitados su acceso a la información pública y padecen un acoso judicial disuasivo, así como numerosas amenazas.
La acreditación de periodistas críticos de la política gubernamental para cubrir instituciones públicas o actos de interés general se ha vuelto problemática en el país. Al director de Radio Globo, David Romero Ellner, y a su colega Rony Martínez, se les negó el acceso a una reunión de los presidentes de Honduras, Salvador y Guatemala, que tuvo lugar el pasado 26 de febrero. También está cada vez más restringida la cobertura del Congreso. Al parecer el periodista de Globo Noticias Honduras Meridiano, César Silva, y la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, Dina Meza, entre otros, son personas non gratas. El 9 de diciembre de 2014 Reporteros Sin Fronteras envió una carta al presidente del Congreso para resolver este problema, pero las autoridades no respondieron a la misiva. El Estado hondureño no cumple con la Declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recuerda que: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”.
Los medios de comunicación de oposición siguen padeciendo un acoso judicial indebido muy disuasivo. Así, las autoridades hondureñas se han negado a aplicar las medidas cautelares que la CIDH otorgó al periodista de TV Globo, Julio Ernesto Alvarado, el 5 de noviembre de 2014. En diciembre de 2013 se había prohibido al periodista ejercer cualquier actividad relacionada con la difusión de información durante 16 meses tras un proceso por difamación: se le acusó de haber difamado a una exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Reporteros Sin Fronteras reitera su inquietud por la actitud hostil de representantes del Estado frente a los medios de comunicación críticos. El 26 de enero pasado el jefe de la seguridad especial del presidente del parlamento, Mauricio Oliva, amenazó al periodista Cesar Silva diciéndole que terminaría «lanzado en una zanja”. Silva también sufrió las intimidaciones de un miembro de la Guardia de Honor Presidencial de las Fuerzas Armadas. El 30 de enero, Marvin Ponce, asesor del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, insultó y agredió al periodista David Romero Ellner en la cabina de Radio Globo, tras haberle amenazado de muerte por teléfono. La víspera, el periodista había sido seguido por el comisionado de Policía, Héctor Iván Mejía Velásquez.
Las radios comunitarias, como Radio Coco Dulce y La Voz de Zacate Grande, siguen siendo muy vulnerables a los ataques, teniendo en cuenta la legislación de radiodifusión y telecomunicaciones en vigor. Honduras está lejos de asignar el 33% de las frecuencias a los medios de comunicación comunitarios, como lo recomiendan la CIDH y Reporteros Sin Fronteras. El 22 de enero pasado la policía intentó allanar la sede de la radio comunitaria La Voz de Puca, en La Asomada (departamento de Lempira). El año pasado, en uno de sus programas de la emisora se había criticado a la pareja presidencial.
Honduras ocupa el puesto 132, de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras.
