Por haber querido cubrir el conflicto minero que sacude el departamento de Colón (norte del país), varios periodistas hondureños fueron víctimas de actos de violencia, amenazas e intentos de soborno. Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia el funesto clima en el que trabaja la prensa y solicita al Estado de Honduras que garantice cuanto antes la seguridad de esos reporteros.
El 27 de octubre de 2018, en la comunidad de Guapinol, cerca de la ciudad de Tocoa (departamento de Colón), los periodistas Rigoberto Mendoza, Vitalino Álvarez , Erick Mendoza y Osman Corea (de Comunicaciones Mendoza); Wenceslao Canales (Canal 29); Donaldo Domínguez, Jennifer Molina y César Obando (Radio Progreso); Jhony Castillo (Canal 5) y Miguel Dubón (Radio Globo) fueron agredidos violentamente por la policía y el ejército hondureños cuando cubrían el desmantelamiento de un campamento de activistas defensores del medio ambiente.
Se sospecha que la empresa minera Inversiones Los Pinares obtuvo de forma ilegal un permiso de perforación y de explotación en la región de Guapinol, que alberga una reserva natural protegida. Desde hace casi tres meses, más de 350 pobladores de la zona establecieron un ‘campamento de resistencia’ para protestar por las actividades de esta empresa privada.
Según testimonios recabados por RSF, Inversiones Los Pinares incluso intentó en varias ocasiones comprar el silencio de los periodistas de la región: les ofreció 4.000 lempiras (unos 150 euros) a cambio de que no difundieran ninguna información sobre lo que acontecía.
Los periodistas que rechazaron el soborno de la empresa y que acudieron al lugar cuando se desmantelaba el campamento, fueron agredidos inmediatamente por policías y militares: sufrieron insultos, ataques físicos, la confiscación y destrucción de su equipo, e incluso les lanzaron granadas con gas lacrimógeno. El reportero Rigoberto Mendoza fue agredido a pedradas cuando filmaba la evacuación de los manifestantes; le hirieron en el estómago. Uno de sus colegas encontró que habían escondido marihuana en el bolso que le habían confiscado durante la operación.
“RSF denuncia estas gravísimas acciones que atentan contra el derecho a informar y pide a las autoridades judiciales hondureñas que identifiquen y sancionen a los responsables de estos violentos ataques”, señala Emmanuel Colombié, director de la Oficina en América Latina de RSF. “Esos reporteros realmente corren peligro y el Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas debe otorgarles de inmediato medidas de protección”, agrega.
Los periodistas independientes de Tocoa que se negaron a guardar silencio sobre las actividades mineras ilegales padecen el hostigamiento de las fuerzas del orden y de los agentes de seguridad de la empresa; reciben constantemente mensajes anónimos con amenazas de muerte.
Un miembro del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) que se encontraba presente cuando desmantelaron el campamento, señaló públicamente que la evacuación había sido pacífica. El periodista Rigoberto Mendoza criticó y condenó esta declaración. Debido a ello lo siguen, lo observan, recibe amenazas todos los días y teme por su vida, señaló el reportero a RSF.
Honduras se encuentra en el puesto 141, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de RSF. Ver también el Informe Anual de la organización.
