Las elecciones presidenciales en Honduras se han visto marcadas por graves ataques contra los periodistas. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide al presidente Juan Orlando Hernández que tome medidas para que se respete el trabajo de la prensa, así como compromisos concretos para ofrecer una mayor protección a los periodistas.
El sábado 27 de enero Juan Orlando Hernández ha sido investido como presidente para un segundo mandato. Durante su primera presidencia no dejaron de incrementarse en Honduras los actos de violencia contra la prensa, la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas y las maniobras gubernamentales para obstaculizar el trabajo de los periodistas independientes y de oposición.
Desde las elecciones del 26 de noviembre de 2017, marcadas por graves acusaciones de fraude, los movimientos de protesta convocados por la oposición se han multiplicado. En medio de esta tensa situación se desató una gran represión contra los manifestantes y contra numerosos periodistas. Asimismo, se registraron lamentables maniobras para censurar a la prensa independiente y de oposición.
“El presidente Juan Orlando Hernández y su nuevo gobierno deben, de manera prioritaria, ofrecer una mayor protección a los periodistas, dando al Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos los medios y recursos necesarios para que realmente responda a los riesgos que estos enfrentan en el país», señala Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de Reporteros Sin Fronteras.
“Las autoridades hondureñas también deben poner fin a la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra los periodistas, así como restablecer un clima de confianza hacia ellos. Si no se toma ninguna decisión relevante en este nuevo mandato, la libertad de prensa y la democracia continuarán retrocediendo en el país», añade.
Detenciones, agresiones y violencia en las manifestaciones
RSF ha registrado numerosos casos de violencia y de agresiones contra periodistas hondureños. La mayoría de ellos han sido cometidos por las fuerzas del orden, en particular por la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y el ejército.
El 11 de diciembre Josué Neptalí Rubí Corrales, director del programa «Notivoz Estelar», que se transmite por Telesur, fue detenido por el ejército cuando cubría una manifestación pacífica en la ciudad de Nacaome (al sur del país); lo retuvieron durante doce horas. El 5 de enero, en la ciudad de Choluteca (en sur de Honduras), el periodista Kevin Castillo, que trabaja para Televida, fue golpeado por militares, quie tiraron su cámara al suelo y la rompieron.
El 12 de enero, en Tegucigalpa, la capital, los periodistas César Silva, Rony Martínez, José Flores y Pedro Amador, de Une TV, así como Claudia Mendoza, corresponsal de «Primer Impacto», de Univisión, y Gerson Maldonado, de TV Azteca, fueron golpeados por militares, quienes destruyeron su material de trabajo. El 20 de enero, también en Tegucigalpa, miembros del PMOP le fracturaron una pierna al corresponsal de la cadena informativa iraní Hispan TV, Dassaev Aguilar Moncada, al lanzar una bomba de gas lacrimógeno.
Según la Mesa de Derechos Humanos, una plataforma que reúne a más de 30 ONG hondureñas, entre el 26 de noviembre de 2017 y el 18 de enero 2018 fueron asesinados más de 33 manifestantes; 1.350 fueron detenidos arbitrariamente; mientras que 232 manifestantes, 9 defensores de los derechos humanos y 11 periodistas fueron agredidos.
Campañas de descrédito y amenazas
En las últimas semanas se han emprendido campañas de descrédito y de incitación al odio contra periodistas en las redes sociales. Diez periodistas reconocidos por su posición crítica frente a las autoridades vieron como se difundían en Facebook fotografías suyas, asociadas a los medios de comunicación para los que trabajan, acompañadas del mensaje: “conozca los asesinos de la democracia y la verdad”.
Los periodistas atacados son Gilda Silvestrucci (Radio Globo); Dasaev Aguilar Moncada (Hispan TV); Rony Martínez, César Silva, Ivis Alvarado, Mauricio Rivera, Edgardo Castro y Jorge Aldana (UneTV); Ariel D. Vicente (Prensa Libre), y Jairo López (Canal 21), quien ya había sufrido campañas similares en 2017.
Defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión, como Eddy Tabora, director de C-Libre, también se vieron afectados por estas publicaciones, que fueron ampliamente difundidas en las redes sociales. Por esta razón, el 18 de enero pasado se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, pero no se abrió ninguna investigación por este caso.
Por otra parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha registrado numerosos casos de amenazas y llamadas telefónicas a periodistas, en las que les piden que ya no difundan información sobre la situación política país.
Frente a este estado de urgencia, el 21 de enero la Conadeh pidió al Estado hondureño que investigara las amenazas a periodistas, identificara a sus autores materiales e intelectuales y presentara los requerimientos necesarios para su sanción penal. También reafirmó que es urgente que ofrezca protección a los periodistas.
En varias ocasiones RSF ha pedido que se refuerce el mecanismo de protección. En octubre de 2017 lo reiteró durante una misión efectuada por en el país. Esta petición también fue hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACDH), en un comunicado difundido el 19 de enero 2018, en el que ambas instituciones expresan su gran preocupación por la recrudescencia de las amenazas y el acoso contra los periodistas en el contexto poselectoral.
Boicot y expulsiones
El 4 de diciembre de 2017 tres periodistas extranjeros independientes no pudieron entrar en Honduras: el estadounidense Reed Lindsay, la británica Fahema Abdel Hafiz Sokaika y el neozelandés Edward Philip Augustin, quienes tras estar retenidos 24 horas en el aeropuerto internacional de Toncontín (Tegucigalpa) fueron expulsados del país, sin que las autoridades aduanales les dieran ninguna explicación. Todos viajaban al país para realizar reportajes sobre la crisis económica y social.
El 18 de enero de 2018, Ismael Moreno, director de Radio Progreso, denunció públicamente que existía un boicot contra su medio de comunicación –sabotearon su antena– debido a la difusión de información relacionada con las protestas ciudadanas en el país.
Honduras ocupa la posición 140, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras publicada en 2017.
