Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a las autoridades hondureñas que prioricen el móvil profesional en la investigación del asesinato del periodista Edgar Joel Aguilar, el 31 de agosto, en Santa Rosa de Copán. Asimismo, solicita al gobierno que realice reformas en el sistema judicial y en la ley de protección de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
El periodista hondureño Edgar Joel Aguilar fue asesinado a plena luz del día el sábado 31 de agosto en Santa Rosa de Copán, departamento de Copán (oeste del país). El reportero acababa de entrar a una barbería, frente a la que había estacionado su motocicleta de trabajo, cuando un sujeto armado entró y le disparó varias veces, hiriéndole en la cara.
Edgar Joel Aguilar era corresponsal del Canal 6, de cobertura nacional, y colaboraba con el medio de comunicación local Telemaya canal 12, de Cablemar TV, para los que cubría la nota policíaca.
Según información recabada por RSF, Edgar Joel Aguilar tenía problemas personales con el alcalde de Copán, Vicente de León, a quien había acusado de corrupción. Por otra parte, Edgar Joel Aguilar habría estado en contacto con un grupo de narcotraficantes de la región, cuyos principales miembros habían sido detenidos y extraditados a Estados Unidos. Asimismo, había denunciado cobros ilegales en la Cruz Roja del departamento, en especial por parte de su presidente Filadelfo Barahona.
Según el portavoz de la Policía Nacional, Jair Meza, el reportero ya había sido víctima de agresiones armadas en 2008, 2014 y 2017. Un día antes de su asesinato había pedido protección a la policía local porque desconocidos lo perseguían. Por su parte, el director del mecanismo nacional de protección de periodistas, Danilo Morales, aseguró que Edgar Joel Aguilar no había denunciado ninguna amenaza ante el organismo ni solicitado medidas de protección.
“Las autoridades hondureñas deben dar prioridad a la hipótesis de que el crimen pueda estar relacionado con su profesión de periodista e identificar lo antes posible a los responsables de esta sórdida ejecución”, afirma Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “Las autoridades hondureñas –cuando no son ellas mismas las autoras de las agresiones a la prensa– son completamente incompetentes para garantizar la protección de los periodistas, que es su responsabilidad. Es urgente que se reforme y fortalezca el mecanismo de protección de periodistas. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández también debe poner en marcha una verdadera estrategia para luchar contra la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra periodistas, ya que sin ello la espiral de violencia contra la prensa nunca tendrá fin”, añade.
Edgar Joel Aguilar es el segundo periodista asesinado en 2019. El primero fue Gabriel Hernandez, el 17 de marzo de 2019 en Nacaome. Las autoridades no han dado a conocer ningún avance de esta investigación. Cabe recordar que, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), de todos los asesinatos de periodistas cometidos en Honduras desde 2001, más de 91% permanecen en la impunidad. El gobierno hondureño debe crear un protocolo especial para investigar los crímenes cometidos contra periodistas.
Las agresiones y amenazas contra la prensa independiente, que son muy frecuentes en el país, se han multiplicado en 2019. Al inicio del año los periodistas Jairo López y Edgar Andino, que gozaban de la protección del mecanismo, fueron agredidos y amenazados por funcionarios y por la policía local.
Honduras descendió 5 lugares en la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada anualmente por RSF. El país ocupa ahora el puesto 146, de los 180 países que la conforman.
Consulta más información sobre Honduras en el Informe Anual elaborado por RSF-España.
