INTERNET | «Debemos imponer obligaciones democráticas a los actores digitales»

Tras la decisión de Twitter de suspender permanentemente las cuentas del presidente estadounidense, Donald Trump, RSF avanza soluciones para evitar que las GAFAM (acrónimo para nombrar a los cinco gigantes tecnológicos: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) retengan el poder de decidir el cierre de cuentas de manera discrecional.

Después de desentenderse de la información falsa y los discursos de odio del presidente estadounidense durante sus cuatro años en el cargo, Twitter decidió unilateralmente el 8 de enero cerrar definitivamente la cuenta @realDonaldTrump. Unos días más más tarde, suspendería otros 70.000 perfiles vinculados al movimiento QAnon, partidario de Trump. Las plataformas Facebook, Instagram, Twitch también cerraron las cuentas presidenciales por tiempo indefinido, mientras que Amazon eliminó la red social Parler, también simpatizante de Trump. Todas estas decisiones fueron tomadas por empresas privadas, y sin ningún control democrático o judicial.

“Vivimos en una distopía política” señala con preocupación el secretario general de RSF, Christophe Deloire. “Antes, las leyes del espacio público las establecían los parlamentos y las aplicaban los jueces. Ahora lo están haciendo las empresas privadas. La definición de sus estándares no responde a un marco democrático, con su equilibrio de poderes, no son transparentes ni pueden recurrirse en los tribunales. La organización del espacio público digital no puede basarse en una lógica comercial o discrecional. Debemos imponer obligaciones democráticas a los actores digitales”.

Propuestas concretas

En Europa está ofreciendo avances notables la Ley de Servicios Digitales (DSA), que tiene como objetivo regular los contenidos publicados en las plataformas y que fue presentada en diciembre por el comisario europeo Thierry Breton. También se están debatiendo muchas otras iniciativas legislativas, como la revisión de la Sección 230 en los Estados Unidos, la ley de daños online en el Reino Unido o la Carta digital en Canadá. Pero en esta etapa, ninguna legislación responde a todos los desafíos que plantea el espacio digital.

• La Iniciativa sobre Información y Democracia de RSF se lanzó para brindar garantías democráticas en el espacio digital.
• Redactada por una Comisión formada 25 personalidades de 18 nacionalidades, la Comisión de Información y Democracia elaboró la Declaración solemne que establece los principios generales del espacio global de la información y la comunicación (transparencia de los algoritmos; pluralismo; neutralidad ideológica de las plataformas; prohibición de los conflictos de intereses y promoción de la fiabilidad de la información).
• Esta Declaración inspiró el Pacto por la Información y la Democracia, lanzado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 y ratificado por 38 Estados hasta el momento.
• El Foro sobre Información y Democracia se creó en noviembre de 2019 por iniciativa de once organizaciones, centros de investigación y think tanks de todos los continentes. En noviembre pasado, esta entidad emitió un conjunto de 250 recomendaciones sobre la transparencia de las plataformas, la moderación de contenidos o la promoción de la fiabilidad de la información y la mensajería privada, cuando su uso masivo va más allá de la lógica de la correspondencia privada.
• RSF también ha impulsado la Journalism Trust Initiative (JTI), un dispositivo concreto para favorecer en la indexación algorítmica a los medios que implementen métodos profesionales y que cumplan las reglas éticas. Esta iniciativa de autorregulación, basada en un proceso de colaboración bajo los auspicios del Comité Europeo de Normalización, también podría ser utilizada por los anunciantes.

Cambio sistémico

En un campo de la información que ya no conoce intermediarios, cualquiera (desde políticos, personalidades diversas, empresas, grupos religiosos, etc.) puede dirigirse directamente a su público sin tener que rendir cuentas a la deontología, mientras que los medios conservan todas obligaciones en este ámbito. La suspensión de las cuentas del presidente estadounidense Donald Trump pone sobre la mesa una cuestión crucial: la de las cuentas más poderosas.

En una tribuna publicada el 12 de enero de 2021 en el diario francés Le Figaro, el secretario general de RSF y presidente del Foro sobre Información y Democracia, Christophe Deloire, afirma que las cuentas que superan ciertos umbrales de audiencia (directa o indirecta) podrían estar sujetas a marcos procesales y obligaciones adaptadas a su audiencia, según los principios generales del Derecho. Las empresas privadas no deberían tener la potestad de decidir por sí mismas, sin control ni transparencia, el destino de dichas cuentas.