INTERNET | RSF apoya el informe Frank La Rue de protección a la libertad en internet
RSF considera muy importante el informe de Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión que hoy será votado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este informe, dedicado a la vigilancia de Internet por parte de los Estados, muestra el impacto que ésta tiene en los derechos humanos en general y en la libertad de información en particular.
Por primera vez, la comunidad internacional se ocupa del problema de la vigilancia de Internet. Reporteros sin Fronteras acoge satisfactoriamente esta iniciativa en la que lleva diez años trabajando denunciando en varias ocasiones las artimañas de los Estados y las empresas en lo que respecta a la vigilancia de la población, en particular en su Informe Especial sobre Vigilancia en Internet publicado el 12 de marzo de 2013 (Día Mundial contra la Cibercensura).
Este informe subraya que en la actualidad ningún Estado está exento de desvíos ligados a este tipo de vigilancia. Frank La Rue muestra que el uso de herramientas tecnológicas que permiten espiar a los ciudadanos no es exclusivo de los Estados autoritarios. En especial, menciona las leyes sobre terrorismo, la seguridad nacional o la lucha contra la gran criminalidad, en vigor en numerosas democracias, que autorizan la cibervigilancia y siguen la pista de “blancos vulnerables”, entre los que se encuentran los periodistas.
El relator especial de Naciones Unidas subraya que la “violación a los derechos humanos” que representa la vigilancia en Internet tiene un impacto negativo en los periodistas. Cuando menciona el uso de datos personales y el respeto de la vida privada, considera que en el caso de los periodistas y sus fuentes, los efectos de la vigilancia de sus comunicaciones pueden llegar a ser desastrosos.
Asimismo, este documento señala la necesidad de: adaptar legislaciones a menudo obsoletas y/o imprecisas, establecer un delito para poder sancionar la vigilancia ilícita e instaurar un control jurisdiccional, en especial de la obtención y conservación de datos personales. También preconiza informar y sensibilizar a los ciudadanos y los usuarios. Al igual que Reporteros Sin Fronteras en su Informe Especial sobre Vigilancia en Internet, el relator especial toma muy en serio la amenaza que representan las “nuevas formas de vigilancia” como la tecnología ofensiva de intrusión informática (por ejemplo los troyanos) o la interceptación legal.
Reporteros Sin Fronteras se solidariza con el llamamiento que hace Frank La Rue a la responsabilidad de los Estados. Estos no sólo tienen la obligación de respetar los derechos, sino también y sobre todo, de protegerlos. Por otra parte, la organización coincide con sus recomendaciones en lo que concierne al sector privado:”Los Estados deben tomar medidas para impedir la comercialización de tecnologías de vigilancia, prestando especial atención a la investigación, desarrollo, comercio, exportación y uso de estas tecnologías, teniendo en cuenta su capacidad para facilitar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos».
RSF considera que tales recomendaciones conciernen no sólo a los Estados, sino también a los actores privados (intermediarios técnicos, empresas de la Web, fabricantes y exportadores de material de vigilancia). Y pide que se impongan sanciones a las empresas implicadas en actividades de vigilancia perjudiciales para la libertad de informar.
RSF confirma la tendencia observada en este informe por Frank La Rue: » la carga de dicha política se traslada a intermediarios privados». La organización ha denunciado con frecuencia el creciente poder y los desvíos del sector privado en materia de vigilancia.
