IRÁN | RSF escribe a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre periodistas iraníes detenidos
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha escrito a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las condiciones de los periodistas detenidos en Irán, una de los cinco mayores cárceles de periodistas del mundo, según el Balance Anual 2018 que la organización ha publicado esta semana.
«Encarcelar a periodistas, privarles de atención médica mientras están detenidos y denegarles el derecho a un juicio justo constituye una flagrante violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que Irán es signatario», denuncia Reporteros Sin Fronteras.
Estimada Alta Comisionada,
Nos gustaría llamar su atención sobre las terribles condiciones en las que se encuentran en Irán los presos de conciencia, entre ellos muchos periodistas. Esta alarmante situación debe ser abordada de manera rápida y decisiva por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Le instamos a que, en nombre de la comunidad internacional, presione a las autoridades iraníes para que brinden a las Naciones Unidas su cooperación incondicional y respeten sus obligaciones internacionales.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha registrado al menos 40 detenciones de periodistas en Irán desde principios de 2018. Después de pagar sumas exorbitantes de dinero como fianza, algunos obtuvieron la libertad condicional en espera del juicio, pero a 13 de ellos les impusieron sentencias que van de los tres a los 26 años en prisión. Actualmente están detenidos un total de 29 periodistas profesionales y no profesionales. Irán es uno de los países más represivos del mundo en lo que respecta a la libertad de prensa y ocupa el puesto 164, de 180 países, en la Clasificación Mundial 2018 de la Libertad de Prensa de RSF.
Varios relatores especiales de la ONU han formulado críticas y recomendaciones con respecto a los derechos humanos en Irán, especialmente los derechos de los presos. RSF señala que la privación de atención médica a los detenidos puede constituir una violación flagrante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es parte, como lo es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta forma de maltrato ha sido la causa de muchas muertes de detenidos en Irán.
Las autoridades penitenciarias en Irán están obligadas por la propia normativa penitenciaria del país a proporcionar a los detenidos enfermos la atención médica necesaria. Los artículos 102 y 103 de estas regulaciones establecen que «es obligatorio el reconocimiento mensual en la enfermería de la prisión » y que «si es necesario, el detenido debe ser trasladado urgentemente de la prisión al hospital». Las regulaciones también establecen que el juez es responsable de la seguridad y la salud de los presos con una enfermedad grave e incurable.
Como ONG internacional que defiende y promueve el periodismo, RSF teme por la salud de los periodistas y los periodistas-ciudadanos detenidos sin un juicio justo y a quienes se deniega la atención médica necesaria para tratar enfermedades a veces muy preocupantes. Cinco miembros –Reza Entesari, Kasra Nouri, Mohammad Sharifi Moghadam y los periodistas no profesionales Sina Entesari y Amir Nouri– de la web Majzooban Noor (la única fuente independiente de noticias sobre la minoría religiosa sufí iraní de los derviches de Gonabadi) fueron transferidos a residencias comunitarias el 13 de noviembre de 2018, después de 110 días de aislamiento en la prisión de Gran Teherán («Fashapuyeh»), el mayor centro de detención de Teherán. Durante todo este tiempo, a sus familias se les negó cualquier noticia sobre las órdenes del Ministerio de Inteligencia.
Detenidos la noche del 19 de febrero, durante los enfrentamientos entre la policía y miembros de esta comunidad sufí en el distrito de Pasdaran (norte de Teherán), estos periodistas se negaron a participar en un juicio injusto y fueron sentenciados en ausencia a un total de 64 años en prisión y 444 latigazos.
Saleholldin Moradi , Reza Entesari y su hermano, el periodista-ciudadano Sina Entesari , fueron condenados a siete años de prisión. Mohammad Sharifi Moghadam y otro miembro del comité editorial, Kasra Nouri, recibieron una condena de 12 años, mientras que otro miembro del equipo de la redacción, Mostafa Abdi, fue sentenciado a 26 años de prisión. Tres colaboradoras de la web, Sepideh Moradi, Avisha Jalaledin y Shima Entesari, habían sido condenadas previamente por un tribunal revolucionario de Teherán el 10 de julio a cinco años de prisión por «reunión y conspiración contra la seguridad nacional».
RSF señala que el artículo 48 del código de procedimiento penal de la República Islámica de Irán otorga a los acusados el derecho a solicitar la presencia de un abogado tan pronto como sean detenidos. Se hacen excepciones para ciertas categorías de acusados enumerados en el artículo 302: acusados de robo, de delitos relacionados con drogas, de delitos relacionados con el crimen organizado o de delitos contra la seguridad nacional e internacional. También incluye a periodistas.
Los acusados de esta lista «deben elegir a un abogado de la lista confirmada por el jefe del sistema judicial». Esta es una flagrante violación de los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. y los derechos políticos. También constituye una grave violación del artículo 35 de la Constitución iraní.
Los periodistas del sitio web Majzooban Noor no son las únicas víctimas de los arrestos arbitrarios y las iniquidades del sistema de justicia iraní. Hengameh Shahidi , editora del blog Paineveste, fue sentenciada a 12 años y nueve meses de prisión en un juicio a puerta cerrada el 1 de diciembre de 2018. Su abogada, Mostafa Turk Hamedani, dijo a la agencia estatal iraní de noticias IRNA. que, «dada la confidencialidad del procedimiento y la naturaleza sensible del caso», no podía revelar detalles sobre el veredicto del tribunal. Detenida el 25 de junio de 2018, esta periodista fue acusada de «insultar al jefe del sistema judicial». Desde entonces, se la ha mantenido aislada y se le han negado sus derechos básicos, incluido el derecho a las visitas y a la atención médica.
Mohammad Hossein Heidari, director del diario digital Dolat e Bahar, fue condenado a tres años de prisión el 9 de diciembre de 2018 por los cargos de «publicar información falsa diseñada para preocupar a la opinión pública» y «propaganda antigubernamental». Lleva detenido desde su arresto durante una redada en su casa el 22 de mayo de 2018. Su abogado dijo que había apelado contra su condena. Partidario del ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, ya había sido condenado por los mismos cargos en septiembre, cuando fue condenado a 18 meses de prisión, una multa de 4 millones de tomas y una prohibición de dos años por ejercer el periodismo en Internet.
Saeed Malekpour es otra víctima de la persecución judicial iraní. Era diseñador de una web en Canadá y fue detenido mientras visitaba a su familia en Irán en 2008. Después de su arresto, estuvo recluido en régimen de incomunicación en la prisión de Evin, en Teherán, durante más de un año y fue torturado, según la información obtenida por RSF. Lo condenaron a muerte en noviembre de 2010 bajo la acusación de crear sitios web «pornográficos» e «insultar los principios sagrados del Islam», porque había diseñado una aplicación para compartir fotos que se utilizó sin su conocimiento para transmitir imágenes pornográficas. Su sentencia fue posteriormente conmutada por cadena perpetua. Después de sufrir un ataque cardíaco, fue trasladado al hospital Taleghani de Teherán el 22 de octubre de 2018, pero solo dos días después fue devuelto a su celda de la prisión contra el consejo de los médicos del hospital. Durante sus diez años en prisión, nunca se le ha concedido un permiso, ya sea para visitar a un médico o a un familiar, a pesar de que la ley iraní lo estipula así.
Narges Mohammadi, periodista y portavoz del Centro para los Defensores de los Derechos Humanos de Irán, se encuentra recluida desde mayo de 2015. Condenado a varios 16 años de prisión por varios cargos, debe cumplir diez años en virtud de una ley de 2015 que estipula que los condenados solo cumplen La sentencia por el cargo más grave. A los 46 años, se le está negando atención médica adecuada aunque está muy enferma. Después de diez días en el hospital, fue devuelta a la cárcel el 28 de agosto de 2018, aunque todavía se encontraba en muy mal estado de salud. Además de que se le ha denegado ilegalmente la atención médica que ha necesitado durante los últimos tres años, también se ha visto privada del derecho a la licencia, aunque, según la ley iraní, se supone que todos los detenidos reciben un día de permiso al mes.
Soheil Arabi, galardonado con el Premio a la Libertad de Prensa de RSF en la categoría de periodista- ciudadano en 2017, es un ejemplo destacado del trato inhumano y degradante del régimen a los presos de conciencia, incluidos los periodistas profesionales y no profesionales. Después de su arresto en Teherán en diciembre de 2013, fue aislado y maltratado durante dos meses para obligarlo a confesar su participación en la creación de una red de Facebook que criticaba al gobierno y «blasfemaba» del Islam. Siguió una saga judicial en la que fue sentenciado inicialmente a tres años de prisión, 30 azotes y una gran multa. Unos meses más tarde, fue juzgado nuevamente y condenado a muerte, pero la sentencia de muerte fue finalmente anulada y, en septiembre de 2015, fue condenado a siete años y medio de prisión.
Su esposa estuvo detenida durante ocho días en julio de 2017 y desde entonces ha sido acosada y amenazada. La salud de Arabi se ha deteriorado de manera alarmante después de las repetidas huelgas de hambre y el trato inhumano y degradante al que ha sido sometido por las autoridades en la prisión de Gran Teherán. El objetivo de la persecución del sistema judicial contra él y su familia ha sido lograr que deje de expresar críticas, incluso desde detrás de las rejas. El 18 de julio de 2018, le impusieron una condena adicional de seis años de cárcel por «propaganda antigubernamental» y por «insultar los símbolos sagrados del Islam»en sus escritos de la prisión.
Cada vez más presos iraníes, incluidos periodistas, están arriesgando sus vidas al emprender una huelga de hambre en protesta por las condiciones y los malos tratos a los que están sometidos, o para presionar en sus demandas de un tratamiento médico digno.
