ITALIA | La «ley mordaza» vuelve a amenazar a los periodistas italianos
Reporteros Sin Fronteras condena enérgicamente la reanudación de la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley aprobado por el Senado en junio de 2010, rechazado finalmente tras las protestas de la sociedad civil. El texto impediría a los medios de comunicación publicar el contenido de escuchas telefónicas de la policía, a la vez que obligaría a las webs a hacer correcciones de forma automática.
El primer ministro, Silvio Berlusconi, ha introducido el proyecto de ley en la agenda de la Cámara de Diputados. El texto, retocado por un comité legislativo el 5 de octubre, se presentó ayer en la cámara y se votará la semana que viene.
Resporteros Sin Fronteras considera que las últimas modificaciones no suponen ningún cambio significativo. «Restringir la publicación del contenido de escuchas telefónicas impide en gran medida el periodismo de investigación. El proyecto de ley tiene todas las características para convertirse en una medida dura y deshonesta de amordazar a los medios de comunicación. También tiene una dimensión claramente política. El gobierno trata de encubrir los escándalos sexuales del primer ministro, muchos de los cuales han salido a la luz pública precisamente por la publicación de las transcripciones telefónicas.
A pesar de que los blogueros no constan en la última versión del proyecto de ley, los periodistas digitales pueden tener que autocensurarse o admitir todas las corecciones que les soliciten con el fin de evitar una multa 12.000 euros. La legislación se aleja completamente de los principales internacionales y la jurisprudencia europea, ignorando el derecho a la información e imponiendo correcciones automáticas.
Como país democrático, miembro de la Unión Europea, Italia tiene el deber de defender las libertades civiles. Los parlamentarios italianos deben considerar el impacto internacional de sus acciones y abandonar este proyecto de ley», advierte Reporteros Sin Fronteras.
Medidas represivas
Según las enmiendas aprobadas en la comisión, los medios de comunicación no podrán publicar las transcripciones de una escucha telefónica si los jueces y los abogados no las consideran «esenciales para demostrar la culpabilidad o inocencia» de la persona objeto de investigación. La publicación de material «inadecuado» sería castigado con penas de 6 meses a 3 años de prisión, o multas de 10.000 euros, para periodistas, y 300.000 euros para editores.
El interés público y el derecho a la información se ignoran completamente. Estas medidas, que tienen el objetivo expreso de regular las investigaciones judiciales, son dañinas para las investigaciones periodísticas sobre corrupción y delincuencia organizada, a menudo basadas en escuchas telefónicas. Reporteros Sin Fronteras pide al gobierno italiano que no de este paso atrás, un retroceso que restaría imparcialidad al sistema judicial.
El proyecto de ley también permitiría a cualquier persona que se considere difamada en Internet exigir una «declaración o corrección» en un plazo de 48 horas. La demanda podría ser enviada por correo electrónico y su incumplimiento puede resultar en 12,000 euros de multa. El proyecto de ley original afectaba a cualquier tipo de internauta, incluidos los blogueros, pero causó tal escándalo que la versión modificada sólo se refiere a «profesionales» de sitios web.
La vaguedad de esta cláusula sigue siendo muy preocupante. Peor aún, la medida es automática. A las webs no se les da la oportunidad de discrepar ante el juez.
El texto se aleja de la normativa europea
Reporteros Sin Fronteras recuerda además que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las sanciones no pueden ser impuestas de forma automática cuando se trata de asuntos de interés público. El Tribunal Europeo ha dictaminado que el derecho a la información debe prevalecer en la cobertura de las investigaciones judiciales y en la publicación de escuchas telefónicas. Sólo un tribunal puede determinar entre el derecho a la intimidad y el interés público de una publicación determinada.
Las autoridades italianas saben muy bien que en Internet rige el derecho a la libertad de expresión, como consta en la versión final del reglamento de la agencia de telecomunicaciones, AGCOM, para la protección de los derechos de autor en la red.
