ITALIA | Reporteros Sin Fronteras apoya a los periodistas italianos cercados por la investigación del caso Vatileaks 2
Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su total apoyo al periodista italiano Gianluigi Nuzzi, que ha apelado a su derecho a la libre expresión como razón para negarse a ser interrogado por el sistema judicial del Vaticano en el marco de una investigación sobre la filtración de documentos confidenciales.
Sospechoso de complicidad en la filtración, Nuzzi es uno de los dos periodistas italianos que el Vaticano ha sometido a investigación en relación con sus libros, en los que expone la mala gestión vaticana.
Nuzzi anunció este 16 de noviembre en su blog su negativa a comparecer para ser interrogado. «En el Vaticano no se prevé la impunidad de aquellos que ejercen un derecho, algo que sí hay en Italia», escribió. «La posibilidad de expresar libremente los pensamientos de uno no está reconocida (…) Quien revele información es susceptible de ser castigado».
«Al escribir Avarizia y Via Crucis, los periodistas italianos Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi simplemente han ejercido su derecho a proporcionar información de interés público y no deben ser tratados como criminales en un país que supuestamente respeta la libertad de prensa», dijo Alexandra Geneste , responsable de Reporteros Sin Fronteras para la Unión Europea y los Balcanes.
Los dos periodistas están siendo investigados bajo una ley que el Vaticano aprobó en julio de 2013, después del primer «Vatileaks”. La norma dice que «a quien obtenga ilícitamente o revele información o documentos cuya publicación esté prohibida se le puede castigar con una pena de seis meses a dos años de cárcel o una multa de entre 1.000 y 5.000 euros».
El otro periodista, Emiliano Fittipaldi, respondió a la citación para comparecer ante un fiscal del Vaticano, pero dijo que no respondió a las preguntas «por motivos de secreto profesional, que está protegido por la ley, al menos en Italia».
Según el código penal del Vaticano, el delito del que ambos periodistas son sospechosos se castiga tanto dentro como fuera de la Ciudad del Vaticano y tanto si el infractor es o no ciudadano de la pequeña ciudad-estado gobernada por el Papa.
«Hay una palabra para este tipo de ley draconiana, de esas que normalmente utilizan los regímenes autoritarios, y esa palabra es ‘censura'», agregó Geneste. «Una cosa es que el Vaticano trate de protegerse de este escándalo, pero es intolerable que penalicen su exposición por periodistas cuyo único pecado fue hacer periodismo de investigación».
El caso, conocido en la prensa como «Vatileaks 2» en referencia a otra filtración de documentos secretos en el año 2012 -bajo el papado de Benedicto XVI-, ha llevado a la detención de un prelado español próximo al Opus Dei, Lucio Ángel Vallejo Balda, y de la consultora de comunicación italiana Francesca Immacolata Chaouqui. Ambos son sospechosos de estar tras la filtración de documentos recopilados por una comisión de expertos en finanzas vaticanas formada en 2013 a petición de Papa. Chaouqui fue puesta en libertad por su colaboración con la justicia.
