JAPÓN | RSF urge al Primer Ministro a descartar la Ley de Secretos de Estado aprobada por el Parlamento
Reporteros Sin Fronteras rechaza la adopción, ayer, en la cámara baja del Parlamento japonés, de la «Ley de Protección de Información Especial», que, considera RSF, sienta un peligroso precedente. La organización pide al Gobierno del Primer Ministo Ashinzo Abe que abandone la legislación propuesta.
«¿Como puede el Gobierno responder a las crecientes demandas de transparencia, tras el accidente nuclearr de Fukushima, redactando una ley que permite libremente clasificar cualquier información sensible como secreto de estado?», se pregunta RSF.
«Imponer elevadas multas a aquellos que obtengan información clasificada de una «forma inapropiada», y la difundan después, equivale a ilegalizar el periodismo de investigación», considera la organización. «Acaba con los principios fundamentales de confidencialidad de las fuentes y de interés público», añade.
La legislación propuesta permite clasificar cualquier información confidencial como secreto de Estado durante cinco años y prolongar ese plazo indefinidamente. Los informantes que filtren información clasificada, incluidos los empleados del Gobierno y los periodistas, pueden ser condenados hasta a diez años de cárcel sin poder invocar el «interés público» para justificar sus actos.
La nueva ley tiene como objetivo explícito los profesionales de la información, ya que permite a las autoridades juzgar los métodos que utilizan para obtener la información. Para justificarlo, el primer Ministro se refiere a la necesidad de «un cambio en el entorno de seguridad asiático», que incluye las disputas marítimas entre Japón y China y las ambiciones nucleares de Corea del Norte.
El Club de Corresponsales Extranjeros de Japón pidió al Parlamento japonés, en un comunicado difundido en noviembre, que rechazase la ley o que la menos la modificara para proteger la libertad de prensa.
Desde el desastre de Fukushima, las autoridades japonesas han emprendido un amplio camino de intento de control y obstrucción de las información sobre sus consecuencias que incluye procesos judiciales a periodistas que intentan denunciar la falta de transparencia del Gobierno.
