LIBIA | La libertad de información peligra en la era post Gadafi

• Una ley liberticida, agresiones y condenas, principales amenazas tras la Revolución

Reporteros sin Fronteras expresa su preocupación por los últimos sucesos ocurridos en Libia contra medios de comunicación y periodistas, y por el constante riesgo físico al que se exponen. Un entorno semejante resulta especialmente hostil para la institución de un estado democrático.

Uno de los últimos acontecimientos preocupantes es el Decreto 05 /2014 «Sobre la interrupción y prohibición de la difusión de ciertos canales de televisión por satélite», aprobada el 22 de enero por el Congreso General de la Nación, que actúa como legislatura de transición.

Su primer artículo ordena a los Ministerios de Asuntos Exteriores, Comunicaciones e información a «tomar las medidas necesarias» para prohibir la difusión de cualquier canal de televisión por satélite cuyos programas critiquen la «Revolución del 17 de febrero», desestabilicen el país o promuevan la disidencia interna.

Reporteros Sin Fronteras pide la retirada de este feroz decreto, que llega en un momento de crecientes amenazas a la estabilidad política y la seguridad, y poco antes de cumplirse el tercer aniversario de la revolución libia.

La tensión ha ido en aumento en el sur y el oeste durante semanas como consecuencia de lo que parece un repunte del apoyo al derrocado régimen de Gaddafi. Por otra parte, algunos canales de televisión por satélite habrían difundido mensajes cantando alabanzas al ex dictador y buscando la restauración del régimen. Algunas declaraciones constituirían incitación al odio y la violencia contra quienes apoyan la creación de un nuevo estado en Libia.

Reporteros Sin Fronteras recuerda que, aunque el derecho internacional permite ciertas restricciones a la libertad de expresión , incluyendo aquellas destinadas a salvaguardar la seguridad nacional y el orden público, estas limitaciones deben ser absolutamente necesarias y proporcionales a su objetivo .

Un decreto que impone la prohibición general de la televisión por satélite o local no cumple ninguno de estos criterios y constituye una medida desproporcionada.

En una interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Libia es miembro, el Comité Nacional de Derechos Humanos, dijo lo siguiente:

«Las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados Miembros en relación con el respeto a la libertad de opinión y de expresión. El Pacto no permite la prohibición general de la expresión de una opinión errónea o una incorrecta interpretación de los hechos pasados​».

Reporteros sin Fronteras manifiesta igualmente su profunda preocupación por la vaguedad del Decreto 05 /2014, que está claramente ideado para penalizar a cualquier persona o medio de comunicación que critique al gobierno y sus políticas.

«La libertad de expresar opiniones de forma pacífica, incluidas aquellas que contrarían la opinión general y/o la de las autoridades, es de vital importancia en toda sociedad democrática», ha declarado el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. «El sistema judicial y las figuras públicas deben soportar una gran cantidad de críticas, ya que su posición en el centro de la vida pública implica que sus acciones son, inevitablemente, asunto de interés general. El nuevo estado libio debe derogar este decreto sin demora».

En otro inquietante suceso es que el periodista freelance Ahmed Abdel Hakim fue advertido por teléfono, el 25 de enero, de que lo iban a matar si no retiraba la denuncia contra el jefe de la brigada Al-Qa’qa’a que había interpuesto ante el fiscal general .

Hakim fue detenido por Al-Qa’qa’a durante nueve meses -desde septiembre de 2012 a julio de 2013-, en relación con su cobertura de los enfrentamientos entre las tribus de Zintan y El Mashashia, en junio de 2012. El periodista ha acusado a la milicia de maltratarlo y torturarlo mientras estaba detenido, y asegura que puede demostrarlo.

Por su parte, el conocido activista y ex preso político Jamal Al- Hajji fue condenado a ocho meses de prisión el 31 de diciembre por difamar a líderes políticos durante una aparición en la televisión estatal Al-Wataniya el 13 de febrero de 2013. También se le obliga a pagar 400.000 dinares (240.000€) en daños y perjuicios .

En su aparición en televisión, Hajji criticó al ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Abdelazziz, al líder de la Alianza Nacional de Fuerzas, Mahmoud Jibril, y a otros políticos y personajes públicos, acusándolos de conspirar contra la revolución libia.

Reporteros Sin Fronteras recuerda a Libia lo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU afirmó en su Observación general N º 34 sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: «Los Estados Miembros deberían considerar la despenalización de la difamación y ( … ) la cárcel no es una sanción adecuada».

Estas amenazas y decisiones violan la Declaración Constitucional que Libia ratificó el 3 de agosto de 2011, en ​​particular el artículo 14, que dice:

«El Estado garantizará la libertad de opinión, la libertad de expresión de los individuos y grupos; la libertad de la investigación científica; la libertad de comunicación; la libertad de prensa, medios de comunicación, impresión y distribución; la libertad de circulación, y la libertad de reunión, manifestación y sentada pacífica, siempre que no sea contrario al orden público».

La nueva Libia no debe abandonar su compromiso democracia y su determinación de establecer un Estado de Derecho, en el que la impunidad y la censura no prevalezcan.