Un progreso en el acceso a la información
Las Fuerzas Armadas bolivianas decidieron finalmente desclasificar los archivos de la dictadura, informó el ministro de la Defensa, Rubén Saavedra, el 31 de mayo de 2010. Esta decisión constituye un gran avance en el derecho ciudadano de acceso a la información pública y en el proceso de memoria colectiva.
En febrero pasado, el Estado Mayor del Ejército había rechazado una petición del procurador Milton Mendoza, presidente de una comisión civil encargada de esclarecer 156 desapariciones y asesinatos ocurridos durante la dictadura militar de Luis García Meza (1980-1981), entre ellos el homicidio del periodista y opositor Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esa negativa violaba de forma flagrante una disposición de la justicia.
La entrega de los archivos solicitados permitiría identificar a los militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos cometidas después del golpe de Estado de julio de 1980.
——————————————————————————-
18.02.10
Apertura de los archivos de la dictadura: “el Ejército debe someterse a las exigencias del acceso a la información”
El hecho de que el Estado Mayor del Ejército rechace la petición realizada por un fiscal para acceder a parte de los archivos de las dictaduras militares constituye una escandalosa denegación de acceso a la información pública sobre un tema crucial. Apoyamos la iniciativa del gobierno de Evo Morales, anunciada esta semana, para desclasificar los documentos del Ejército relativos a una época que se debe esclarecer, y de la que periodistas y ciudadanos tienen derecho a enterarse. El Ejército debe someterse a las exigencias del acceso a la información.
Una comisión civil, dirigida por el fiscal Milton Mendoza, se encarga de investigar 156 desapariciones cometidas durante los regimenes militares, en particular durante las dictaduras del general Hugo Banzer (1971-1978) y el coronel Luis García Meza (1980-1981). El 17 de febrero de 2010, Milton Mendoza, enviado a los locales del Estado Mayor del Ejército en La Paz, salió una hora más tarde y declaró una “obstaculización al proceso de investigación” por parte del alto mando. El mismo día y poco antes de esa visita fallida, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, afirmó que las Fuerzas Armadas recibieron una orden judicial obligándoles a cooperar. Por lo tanto, se incumplió la ley.
La mayoridad de las desapariciones tuvieron lugar bajo la dictadura de Luis García Meza, llegado al poder a través de un golpe de Estado en julio de 1980 y condenado por esos hechos a treinta años de prisión que lleva cumpliendo trece años.
Es imperativo que todos los países antes oprimidos por el Plan Cóndor (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) se doten de una legislación de acceso a la información obligando así a sus instituciones militares a responder a las peticiones de la prensa, justicia y de las organizaciones de la sociedad civil.
Argentina inauguró esta iniciativa el pasado 6 de enero por decreto gubernamental. En Brasil, el proyecto “Memorias reveladas” de inspiración gubernamental ha instaurado una desclasificación parcial de los archivos militares a la espera de una ley global. En Uruguay, el acceso a la información se adquirió gracias a una ley votada en 2008 pero la prensa sigue aguantando obstáculos y hostilidades de un ejército siempre callado acerca de sus crímenes pasados.
