Marcelo Garay Vergara, corresponsal del diario digital El Ciudadano y de la radiodifusora Radio Nuevo Mundo, fue arrestado el 11 de septiembre de 2010 en la ciudad de Temuco (sur de Chile), por efectivos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especializadas (BIPE), cuando salía de su casa para participar en una manifestación en homenaje a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El periodista está acusado de no haber respondido a un requerimiento de la justicia por un proceso emprendido contra él después de cubrir, hace un año, un conflicto territorial en la región mapuche. El interesado y su abogado dicen que nunca recibieron dicho requerimiento.
Marcelo Garay Vergara denunció haber sido, en varias ocasiones, objeto de amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades chilenas, debido a la cobertura del conflicto mapuche.
Una cuestión tabú
Consideramos serias sus declaraciones, tomando en cuenta los constantes obstáculos que las autoridades interponen a la prensa nacional y extranjera cuando se interesa en cubrir este tema, una desgracia para los profesionales de los medios de comunicación que osen abordar la cuestión territorial en región Mapuche. El tabú impuesto por las autoridades no hace sino alimentar la radicalización del conflicto.
El proceso que enfrenta Marcelo Garay Vergara nos sorprende. Si el periodista hubiera querido realmente escapar de la justicia, habría huido de su región. El motivo de su arresto aparece como un pretexto, solicitamos que por lo menos pueda defenderse permaneciendo en libertad.
“Violación de propiedad privada”
Elegido recientemente consejero metropolitano del Colegio de Periodistas, Marcelo Garay Vergara había dado a conocer entre los medios de comunicación las reivindicaciones de la comunidad indígena mapuche sobre una propiedad territorial de la comunidad Padre Las Casas, en la Araucanía. A raíz de ello, fue abierto un proceso contra él por “violación de propiedad privada”, con base en el artículo 161 del Código Penal, que prohíbe fotografiar, filmar o grabar conversaciones en un lugar “que no sea de libre acceso al público y sin autorización del afectado”.
El periodista debe comparecer en una audiencia preliminar este 13 de septiembre. El Ministerio Público requirió una pena de 200 días de reclusión en su contra, así como el pago de 50 unidades tributarias mensuales (UTM, es decir, cerca de 1,750,000 pesos, el equivalente a unos 2.700 euros). Su abogado, Rodrigo Román, teme que su cliente sea recluido en prisión preventiva.
