CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2019 | África subsahariana: La libertad de prensa a la hora de los grandes cambios

África subsahariana no es ajena al nuevo deterioro mundial de la libertad de prensa. El odio a los reporteros, las agresiones a los periodistas de investigación, la censura –sobre todo en internet y las redes sociales–, las presiones económicas y judiciales, contribuyen a debilitar la producción de una información libre, independiente y de calidad en un continente en el que la libertad de prensa experimentó importantes cambios en 2018.

Existe un gran contraste entre la situación de países como Namibia (23º), que vuelve a ocupar el primer lugar de África en la Clasificación, Burkina Faso (36º) y Senegal (49º), cuyos paisajes mediáticos son de los más pluralistas, respecto a los agujeros negros de la información que constituyen países como Eritrea (178º) y Yibuti (173º), donde no se autoriza trabajar a ningún medio de comunicación independiente. Al igual que en 2017, de los 48 países de África subsahariana, 22 están en rojo (situación difícil) o en negro (situación muy grave) en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF).

Grandes progresos, preocupante deterioro

Etiopía (110º), que solía ubicarse en lo más bajo de la Clasificación, dio un salto espectacular y avanzó 40 lugares gracias a un cambio de gobierno: los periodistas y blogueros encarcelados fueron puestos en libertad; cientos de sitios web y medios de comunicación que estaban prohibidos pueden volver a trabajar; se están realizando reformas al marco legal, que era muy represivo con la prensa. Las medidas a favor de la libertad de prensa tomadas por el nuevo primer ministro, Abiy Ahmed, han sido tan rápidas como prometedoras. A finales de 2018 no había ningún periodista encarcelado en el país; es la primera vez en más de diez años. Gambia (92º) ascendió 30 lugares, lo que confirma la excelente dinámica emprendida desde que el dictador Yahya Jammeh dejó el poder. En el país se han creado nuevos medios de comunicación; periodistas que estaban exiliados han regresado y la difamación se declaró anticonstitucional.

Angola (109º), que también vivió un cambio de régimen en 2017, registró un avance moderado. El derecho a informar fue reconocido por las autoridades judiciales, que absolvieron a dos periodistas que habían sido demandados por el antiguo fiscal general. No obstante, el precio exorbitante de las licencias de radio y televisión, así como la falta de voluntad política para abrir el sector audiovisual a nuevos operadores, perjudica el pluralismo de los medios de comunicación e impide que el país avance más rápidamente en la Clasificación. Desafortunadamente, los cambios de régimen no siempre son sinónimo de progreso. En Zimbabue (127º, -1), donde Emmerson Mnangagwa fue elegido como sucesor del presidente Robert Mugabe, las fuerzas de seguridad conservan sus malos hábitos y RSF ha registrado agresiones a periodistas, en ocasiones muy violentas.

Desde que Tanzania (118º, -25) cambió de presidente, en 2015, se ha registrado una serie de ataques a la prensa sin precedentes, por lo que el país continuó su preocupante descenso en 2018. John Magufuli, apodado “Bulldozer”, está a punto de unirse al club de los predadores de la libertad de prensa. Los periodistas son agredidos con toda impunidad; las autoridades no han realizado ninguna investigación seria para encontrar al periodista Azory Gwanda, que desapareció en noviembre 2017. En cambio, en 2018 detuvieron y expulsaron a dos activistas defensores de la libertad de prensa que investigaban lo sucedido con este periodista tanzano.

Mauritania (94º, -22) también sigue cayendo de forma vertiginosa en la Clasificación debido a que las autoridades aún no han puesto en libertad al bloguero Cheikh Ould Mohamed Mkheitir, defendido por RSF. El bloguero había sido condenado a muerte por apostasía en 2014, pero las autoridades conmutaron esta pena por una sentencia a dos años de prisión. Debería haber sido puesto en libertad en noviembre de 2017, pero aún se encuentra detenido en un lugar secreto, oficialmente por razones de seguridad. Fue juzgado por un texto en el que denunciaba la instrumentalización de la religión para justificar la esclavitud, que es ilegal, pero aún se practica en este país. Un tema tabú que, por segundo año consecutivo, le valió la expulsión a un periodista extranjero (un fotógrafo) en 2018.

Al igual que en 2017, Somalia (164º) sigue siendo uno de los países africanos más peligrosos para los periodistas. En 2018 fueron asesinados tres profesionales de la información, víctimas del grupo terrorista Al Shabab y de las fuerzas de seguridad. El otro país más peligroso del continente es la República Centroafricana (145º), que perdió 33 lugares en la Clasificación debido al asesinato de tres periodistas de investigación rusos que indagaban la presencia de mercenarios rusos en la República Centroafricana.

Se persigue al periodismo de investigación

La investigación periodística sigue siendo una labor muy peligrosa en África subsahariana. En la República Centroafricana los periodistas han padecido de lleno los estragos que ocasionó la guerra civil. Ghana (27º), que el año anterior se ubicó en el primer lugar de la Clasificación, perdió su liderazgo regional porque no protegió a un equipo de periodistas de investigación que enfrentaba amenazas debido a un documental que reveló un escándalo de corrupción de la Asociación de Fútbol de Ghana. Un diputado del partido en el poder mencionado en el reportaje amenazó a uno de estos periodistas; el reportero fue asesinado a tiros en plena calle en enero de 2019.

En la República Democrática del Congo (154º), que fue el país del continente africano en el que RSF registró más atentados contra la libertad de prensa en 2018, el director de un documental sobre la expropiación de un terreno del expresidente Joseph Kabila y un camarógrafo que participó en él debieron huir de sus casas para escapar de sus persecutores. En su discurso de investidura, el nuevo presidente, Félix Tshisekedi, electo a inicios de 2019, dijo que quería que los medios de comunicación se convirtieran “verdaderamente en el cuarto poder” en el país. Para que esto sea posible, la protección de los periodistas y la reforma del marco jurídico, que sanciona con penas de prisión los delitos de prensa, deberán ser dos prioridades de su mandato.

En Liberia (93º, -4) se despenalizaron los delitos de prensa, sin embargo, el país experimentó un descenso porque las autoridades a menudo persiguen a Front Page Africa, diario de investigación de referencia en el país. En abril de 2018 detuvieron a la redacción y a finales del año un ministro amenazó a su fundador con encarcelarlo porque el diario reveló varios casos de corrupción en los que estaba implicado el gobierno. En Nigeria (120º) un periodista del gran diario Premium Times fue interrogado varios días por la policía, que quería conocer sus fuentes informativas. En Mozambique (103º, -4) el gobernador de una provincia del noreste del país, que padece una insurrección islamista, advirtió a los periodistas que en adelante estaba prohibido cubrir los ataques y los actos de violencia que se viven en la región. La orden fue ejecutada de inmediato. Así, en diciembre de 2018 las autoridades detuvieron a un reconocido periodista de investigación (más tarde lo pusieron en libertad) y desde inicios de 2019 tienen detenido a un reportero de un medio de comunicación local.

Impedir que circule información sobre las elecciones

En las últimas elecciones algunos gobiernos africanos intentaron impedir por diversos medios que la información circule: periodistas detenidos, bloqueo de las redes sociales, corte de internet. En Camerún (131º, -2), las elecciones que llevaron a la reelección de Paul Biya por un séptimo mandato se vieron empañadas por numerosos casos de intimidación, agresión y amenaza a periodistas (sobre todo aquellos vinculados a la oposición). El exdirector de la Radiotelevisión de Camerún (CRTV, pública), Amadou Vamoulké, se encuentra detenido arbitrariamente desde 2016. Durante las elecciones presidenciales en la República Democrática del Congo las autoridades le quitaron la acreditación de prensa a la corresponsal de Radio Francia Internacional (RFI) y privaron de señal de difusión a este medio de comunicación internacional de referencia –muy escuchado en el país–. También bloquearon el acceso a internet.

La suspensión de medios de comunicación, sobre todo internacionales, sigue siendo un arma muy empleada para impedir la difusión de información crítica y el debate de ideas. Dos radios extranjeras, la BBC y VOA, seguían prohibidas en Burundi (159º) a inicios de 2019; empezaron a ser suspendidas seis meses antes de que se realizara el referéndum constitucional (mayo de 2018). Por otro lado, el gobernador de Bamako cerró ilegalmente una radio local entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Malí (112º).

Sudán (175º) vive desde finales de 2018 multitudinarias manifestaciones, sin precedentes, con las que se pide la dimisión del presidente Omar al Bashir, en el poder desde hace más de treinta años, y que celebren nuevas elecciones. Según datos de RSF, cerca de cien periodistas han sido detenidos y decenas de medios de comunicación, confiscados. Los servicios de seguridad y de inteligencia no dudan en incautar las ediciones impresas de los diarios para asfixiarlos económicamente.

Nuevas presiones económicas

Violencia, detención de periodistas, suspensión de medios de comunicación: es el tríptico empleado tradicionalmente para amordazar a la prensa, el cual ahora suele complementarse con presiones económicas cada vez más asfixiantes. En Tanzania se aprobó una ley que obliga a pagar en promedio 900 dólares al año para registrar un blog o un sitio web; un precio exorbitante con el que se busca limitar al máximo la difusión de información en línea. En la vecina Uganda (125º), el presidente Yoweri Museveni –quien insultó constantemente a los periodistas en 2018– creó un impuesto diario para las redes sociales, el primero en su tipo en el continente. Con el pretexto de luchar contra los “chismes y cotilleos”, esta medida encarece el acceso, el intercambio y la producción de información, perjudicando a periodistas y blogueros, quienes emplean frecuentemente esta herramienta. En Zambia (119º, -6) se anunció un proyecto para crear un impuesto similar. En Benín (96º) se contempló emprender esta medida, pero finalmente las autoridades renunciaron a ella. Las mayores presiones se viven en Mozambique, donde a un año de las elecciones generales, las autoridades decidieron aumentar el precio de las acreditaciones de prensa; los costos son prohibitivos. Los permisos para realizar un reportaje en el país o trabajar en él como corresponsal cuestan miles de dólares. Esta medida, cuya aplicación aún se debate, podría hacer de Mozambique el país más caro de África para realizar reportajes.