El 22 de febrero de 2010, la Procuraduría General de la Nación acusaba directamente a cuatro ex altos cargos de los servicios de Inteligencia así como al Secretario General de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, en el escándalo de las interceptaciones ilegales (“Chuzadas”) contra personalidades conocidas como críticas del gobierno, entre las que se encuentran periodistas.
“Salieron del DAS sufragios y panfletos amenazantes contra periodistas, sindicalistas y ONG”, declaró el ex jefe de contrainteligencia, Jorge Lagos, durante el juicio del ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), inculpado por “homicidio” y “vínculos con paramilitares”, Jorge Noguera. Se trataba de llevar a cabo campañas de descrédito a escala internacional a través de comunicados o vídeos trucadas atribuidas a la guerrilla de las FARC. Jorge Noguera, por su parte, reconoció por primera vez haber transmitido en persona la información a la Casa de Nariño. ¿Cuánto tiempo durarán las denegaciones del gobierno en estos casos? (Ver abajo el vídeo del ex secretario general del DAS, Gian Carlo Auque, convocado al juicio Noguera).
Salpicando al más alto nivel del Estado, unos perjuicios tan graves a la libertad de opinión y de información cobran mucha importancia en vísperas de las elecciones presidenciales del 30 de mayo, suspendidas por la posible pretensión de Álvaro Uribe a un tercer mandato. En tales condiciones, se puede pensar que la reducción de actividades, a principios de este mes, del semanario Cambio, y la destitución de sus directores, Rodrigo Pardo y María Elvira Samper, no sólo respondían a simples imperativos económicos. La revista reveló en particular, en el año 2009, las relaciones mafiosas del ex director de Fiscalías de Medellín (ciudad de Álvaro Uribe), Guillermo Valencia Cossio, así como las negociaciones entre Washington y Bogotá para implantar siete bases militares estadounidenses en Colombia.
