El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ha reconocido como “crimen de lesa humanidad” las vejaciones que sufrió la periodista Jineth Bedoya Lima, en su secuestro, en el año 2000, a manos de paramilitares. Reporteros Sin Fronteras ve en este caso un ejemplo de la represión sistemática llevada a cabo contra los periodistas durante el conflicto armado.
Jineth Bedoya, subeditora de la Sección Judicial del diario El Tiempo, investigaba casos de tráfico de armas, desapariciones y homicidios en la prisión El Modelo, de Bogotá. El 25 de mayo del año 2000, fue citada a la entrada del centro penitenciario por uno de los individuos que la secuestraron. Durante su cautiverio fue víctima de torturas y agresiones sexuales. Hay tres paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acusados en este caso: Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero”; Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevoespica”, y Alejandro Cárdenas Orozco, alias “JJ”, que ha reconocido los cargos que se le imputan.
Montalegre rectificó el 20 de septiembre sus propias declaraciones, que en un inicio contradecían la resolución –favorable para la periodista– de la Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, Bibiana Orozco. Reporteros Sin Fronteras pide medidas de protección, tanto para la fiscal Orozco, como para Jineth Bedoya, dada la importancia y el fuerte sentido simbólico de este caso.
El 10 de septiembre, Bibiana Orozco dictó una resolución que calificaba como “crimen de lesa humanidad” –y por ello imprescriptible– los actos de los que fue víctima Jineth Bedoya. La fiscal consideró que lo acontecido “hundía sus raíces en las mismas tácticas y estrategias de guerra de una organización armada al margen de la ley que profesaba una línea de conducta, una directriz, una política que alentaba, incentivaba o promovía la realización de los ilícitos en contra de la población civil”. La calificación de “crimen de lesa humanidad” excluiría a priori que los agresores de Jineth Bedoya pudieran beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz de 2005, votada durante la desmovilización de los paramilitares. Una polémica ley que prevé amnistías, rebajas e incluso indultos de penas de cárcel a cambio del testimonio de los agresores y de que renuncien a la violencia.
El 13 de septiembre, el fiscal Eduardo Montealegre difundió un comunicado que puso en duda que la decisión de la fiscal estuviera bien fundada. Las protestas generadas por este giro provocaron finalmente la adhesión del fiscal a la decisión de Bibiana Orozco.
«Lo sucedido en este caso debe mostrar el camino de la justicia y poner de relieve la situación que han sufrido todos los periodistas víctimas del conflicto armado o de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas, en ese contexto, con el apoyo del aparato Estatal. Esta decisión jurídica permitiría estudiar la posibilidad de revisar otros casos de asesinatos o ataques contra los profesionales de los medios de comunicación. El carácter de este tipo de delitos es imprescriptible, por enmarcarse en un plan sistemático de los grupos paramilitares para silenciar a la prensa en Colombia. Especialmente aquellos que han sido confesados por miembros del paramilitarismo”, afirma Reporteros sin Fronteras.
Jineth Bedoya, Subeditora de la Sección Judicial del diario El Tiempo, investigaba casos de tráfico de armas, desapariciones y homicidios en la prisión El Modelo, de Bogotá. El 25 de mayo del año 2000, fue citada a la entrada del centro penitenciario por uno de los individuos que la secuestraron. Durante su cautiverio fue víctima de torturas y agresiones sexuales. Hay tres paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acusados en este caso: Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero”; Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevoespica”, y Alejandro Cárdenas Orozco, alias “JJ”, que ha reconocido los cargos que se le imputan.
El mismo 20 de septiembre, el gobierno inició, en Bogotá, en el marco de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una serie de consultas con los periodistas que fueron víctimas del conflicto armado. Reporteros Sin Fronteras manifiesta su deseo de que se trate de otra fuerte señal rumbo a la justicia y la verdad. Finalmente, la organización recuerda que los paramilitares continúan perteneciendo a la lista de Depredadores de la Libertad de Información que elebora anualmente RSF.
