- Orden de arresto contra William Parra, extrabajador de Telesur y exiliado en Venezuela. Se le acusa de una presunta vinculación con las FARC
- El procedimiento del fiscal presenta irregularidades, según la defensa
- Reporteros sin Fronteras pone en entredicho la reactivación tardía del caso y teme una campaña de estigmatización de periodistas
El 6 de septiembre de 2010, se emitió una orden de arresto contra William Parra – ex periodista de la cadena Telesur y productor independiente-, por su presunta vinculación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La justicia lo busca por “rebelión”, “concierto para delinquir” y “financiación de actividades terroristas”. El nombre de William Parra habría salido en varios correos encontrados en el ordenador de Raúl Reyes, ex número dos de las FARC, abatido por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano en marzo de 2008.
Irregularidades procesales
Sandra Gamboa, abogada de William Parra, nos ha indicado que en el procedimiento judicial iniciado en contra de su cliente existían múltiples irregularidades que violaban en particular el derecho a la defensa.
Considerando los elementos de los que disponemos, y teniendo en cuenta los acontecimientos que siempre han opuesto al gobierno colombiano y Telesur, así como su entorno, tenemos derecho a poner en tela de juicio una reactivación tan tardía del caso. De momento, William Parra debe beneficiarse de todas las garantías jurídicas previstas por la ley y el derecho internacional.
Según la abogada de Parra, la defensa no ha tenido acceso a las pruebas acusatorias. Además, la Fiscalía ha cambiado el procedimiento sobre la marcha. Un jurista especializado aclara que “no se puede pasar de un proceso a otro porque la investigación debe basarse en la fecha en que los hechos de investigación ocurrieron. Hay que revocar la orden de captura al juez de garantías y establecer una tutela señalando la irregularidad del traslado del sistema”.
Exiliado en Venezuela
La orden de arresto internacional violaría, según Sandra Gamboa, las reglas de derecho internacional. William Parra, exiliado en Venezuela, obtuvo allí el estatuto de refugiado en marzo de 2010. Por lo tanto y a priori, el periodista no se puede entregar a las autoridades colombianas y éstas no pueden pedir su extradición. Reporteros sin Fronteras espera realmente que se respete el estatuto de refugiado del periodista.
La organización Colectivo de Abogados, de la que es miembro Sandra Gamboa, señaló que fue una sorpresa la orden dictada el pasado 8 de septiembre, pues nunca fueron notificados al respecto.
En declaraciones a Telesur, el comunicador colombiano Jorge Enrique Botero señaló sobre el tema de Parra que, «es una de las múltiples provocaciones que realiza el Gobierno colombiano contra cualquier expresión de independencia y contra cualquier voz que se aparte de la verdad oficial» a Parra «le están pasando una factura por su actitud decidida en el ejercicio del periodismo”.
William Parra está en el punto de mira de las autoridades colombianas desde el año 2006, cuando empezó a trabajar en Telesur, que dejó dos años más tarde. Después de convertirse en productor independiente, realizó tres documentales para la cadena. En 2007, el director de la policía nacional colombiana, el general Óscar Naranjo, lo acusó de “manipulación y complicidad con las FARC” en el secuestro, el 4 de junio de 2007, del capitán Guillermo Javier Solórzano. El periodista había entrevistado al rehén. Otro corresponsal colombiano de Telesur, Freddy Muñoz, fue amenazado y detenido en 2006 por unos paramilitares por pertenecer presuntamente a las FARC, tras la difusión de una fotografía trucada.
Sombras para la prensa
Este caso marca una época dura para la prensa colombiana solamente un mes después de la investidura de Juan Manuel Santos. Entre los casos recientes más graves destacan el intento de asesinato del director de la revista El Norte, Marco Tulio Valencia, el pasado 30 de agosto en el departamento de Tolima; las repetidas amenazas contra el corresponsal de Teleantioquia Noticias, Luis Carlos Cervantes; o bien el sabotaje, el 29 de agosto, de la radio comunitaria Puerto Wilches Estéreo, ahora silenciada.
Reporteros sin Fronteras teme, en un ambiente tan pesado, una nueva campaña de estigmatización contra los periodistas famosos por sus posturas y vigilados de cerca bajo la administración de Álvaro Uribe.
