FRANCIA | La ley HADOPI se mantiene, a pesar de las críticas
Los responsables de la ley HADOPI, autoridad francesa en materia de derechos digitales, mantuvieron su política sobre descargas ilegales en la conferencia de prensa ofrecida ayer, desoyendo a varios organismos ínternnacionales que han reconocido a Internet como un derecho fundamental. La Comisión Nacional de Tecnología de la Información y de las Libertades (CNIL) ha acusado a la HADOPI de no los datos personales.
Reporteros Sin Fronteras pide a las autoridades francesas que no entren en guerras estadísticas y, en su lugar, saquen las conclusiones adecuadas y procedan a la derogación de la ley HADOPI.
La ley HADOPI viola directamente los principios de la defensa de la libertad de expresión, al permitir la desconexión del usuario de Internet. Su adopción fue una de las razones de Reporteros sin Fronteras para incluir a Francia en el reciente listado de «Enemigos de Internet», con el estatus de «país bajo vigilancia».
Según los responsables de HADOPI, desde la entrada en vigor de la ley ha habido 18 millones de supuestas descarga ilegales (de un total de 22 millones de conexiones a Internet en Francia). Hasta ahora, se han enviado un total de 470.000 cartas de advertencia inicial y 20.598 en segunda instancia.
Además, hay 10 casos de abonados a Internet que habrían sobrepasado las tres advertencias legales y podrían ser llevados ante la fiscalía, sometiéndose a multas de hasta 1.500 euros y suspensión del servicio de Internet.
El Relator Especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, Franck Larue, afirmaba, en un informe del mes pasado, que «cortar el acceso a internet de los usuarios, independientemente de la justificación, aun respondiendo a motivos relacionados con la violación de los derechos de la propiedad intelectual, es una medida desproporcionada que viola el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos». Según el informe de Larue, la «respuesta gradual» francesa y a la Ley de Economía Digital del Reino Unido, dictada 2010, violan el citado Pacto.
La representante de la OSCDE en materia de medios de comunicación, Dunja Mijatovic, también calificó el acceso a Internet como un derecho fundamental, afirmando que «toda persona tiene derecho a participar en la sociedad de la información» y «los Estados tienen el deber de garantizar el acceso a Internet de sus ciudadanos».
El 1 de junio, los representantes de Naciones Unidas, la OSCE, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, emitieron un comunicado conjunto sobre la obligación de los gobiernos de promover el acceso universal a Internet.
El 16 de junio, la CNIL advirtió a la Trident Media Guard (TMG), compañía que recoge las direcciones IP de los presuntos infractores de la ley HADOPI, de usar «medidas de seguridad insuficientes» en materia de protección de datos personales.
