El 14 de enero de 2011 fue un día especialmente aciago para los medios de comunicación comunitarios y los periodistas de Honduras. En esa jornada, se cerraba de forma provisional la emisora Radio Faluma Bimetu, y el tribunal de Amapala imponía un absurdo control judicial, en ausencia de condena, a Elia Xiomara Hernández y Elba Yolibeth Rubio, corresponsales de la radio La Voz de Zacate Grande.
Las fuerzas del orden habían detenido a ambas mujeres, junto con otras doce personas, el 15 de diciembre de 2010 durante un desalojo en el municipio de Coyolito, en la Península de Zacate Grande.
En principio, el tribunal de Amapala tenía que dictar sentencia el 11 de enero por los cargos de “sedición” y “desobediencia civil”, a pesar de que las periodistas sólo hacían su trabajo.
Ahora bien, sin que tomara una decisión sobre este punto ni que se pronunciara sobre el fondo, el tribunal dictaminó para todos los procesados un control judicial que les obliga a comparecer ante el juez cada quince días; pedir permiso para salir de Coyolito, y que les prohíbe salir del país y participar en manifestaciones públicas. A Elia Xiomara Hernández y a Elba Yolibeth Rubio les está prohibido, además, ponerse en contacto con la comunidad de Coyolito.
Pedimos que se anulen estas medidas de censura que representan un insulto a la vez a la libertad de informar y a la libertad de desplazamiento.
¿Que se le reprocha a las dos periodistas? Pertenecer a un medio de comunicación que le da la palabra a una comunidad oprimida. La Voz de Zacate Grande ya fue acallada durante una operación policial y militar de gran envergadura en junio de 2010. La criminalización de los medios de comunicación comunitarios se ha convertido en una norma desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
