REINO UNIDO | Las autoridades deben garantizar a Sarah Harrison el regreso seguro a su país
Reporteros Sin Fronteras muestra su preocupación por la suerte que pueda correr la periodista británica y editora de WikiLeaks Sarah Harrison si decide regresar al Reino Unido después de pasar varios meses en Moscú con Edward Snowden, denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA) Edward Snowden.
En un comunicado publicado en la web de WikiLeaks el 6 de noviembre, Harrison dijo que había dejado Rusia y que ahora se encuentra en Alemania, donde se ha unido a un grupo de periodistas y activistas con sede en Berlín entre los que se cuentan Laura Poitras y Jacob Applebaum, que están investigando las prácticas de vigilancia de la NSA.
A su llegada a Berlín el 2 de noviembre, los abogados de WikiLeaks le recomendaron encarecidamente que no regresara al Reino Unido.
“La detención de David Miranda en el aeropuerto de Heathrow en agosto bajo la Ley Antiterrorista y el interrogatorio de nueve horas que siguió nos han dado una idea de la acogida que podría esperar Sarah Harrison en Gran Bretaña», manifiesta Reporteros Sin Fronteras.
«Las autoridades británicas deben garantizar a Harrison que podrá volver a su país de forma segura si así lo desea. La Ley Antiterrorista y la defensa de la seguridad nacional no se deben utilizar para acosar a los periodistas que investigan temas sensibles».
En septiembre, en pleno caso Miranda, dos expertos de Naciones Unidas expresaron su alarma por el uso que el gobierno británico hacía de la seguridad nacional como forma de intimidar a los periodistas.
Frank La Rue, relator especial de la ONU para la promoción y protección de la libertad de opinión y de expresión, dijo que «la protección de los secretos de seguridad nacional no debe ser utilizada como una excusa para intimidar o silenciar a la prensa, o hacerla dar marcha atrás en su labor crucial, la denuncia de violaciones de los derechos humanos. La prensa representa un papel fundamental en el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos».
Sin embargo, la amplia interpretación que gobierno británico hace de la Ley antiterrorista tiende a considerar terrorismo cualquier forma de periodismo basado en la filtración de información «clasificada», incluso si hay un considerable interés público en la información que se dé a conocer.
El pasado septiembre, Ben Emmerson, relator especial de la ONU para los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, instó “a las autoridades británicas a replantearse sus protocolos para garantizar que respetan plenamente las obligaciones del Reino Unido en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo que respecta al derecho a la libertad, a la seguridad, y al derecho al respeto de la vida privada y familiar».
En la Observación General N º 34, una interpretación del artículo 19 (que se refiere a la libertad de opinión y de expresión) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los expertos del Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo en 2011 que las leyes de seguridad nacional no deben ser usados para «procesar a periodistas, investigadores, ecologistas, defensores de los derechos humanos u otras personas» por el hecho de que hayan difundido «información de interés público legítimo» (Párrafo 30, CCPR/C/GC/34).
