RUSIA | El periodista de investigación Alexander Sokolov cumple un año detenido por cargos falsos
Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide la liberación inmediata e incondicional de Alexander Sokolov, un periodista de investigación ruso que fue detenido hace exactamente un año y cuya detención se prorrogó este 27 de julio hasta finales de octubre.
La debilidad de la acusación de «extremismo» contra Sokolov sugiere que lo persiguen por su actividad informativa. Está especializado en la investigación de la corrupción a gran escala.
En el momento de su detención, Sokolov trabajaba para grupo mediático RBC, que recientemente despidió a sus directivos y adoptó una línea editorial progubernamental. Tiene un doctorado en Economía y su tesis versó sobre las consecuencias de la inversión de fondos públicos malversados por las principales empresas rusas.
Su último y bien investigado artículo trataba de la malversación de fondos públicos en la construcción del Cosmódromo Vostochny. Sus afirmaciones parecen haber sido corroboradas por el Tribunal de Cuentas de Rusia en diciembre de 2015, cuando se destaparon «irregularidades financieras» en relación con este macroproyecto federal. La cantidad malversada estimada se aproxima a la apuntada por el propio Sokolov: alrededor de 93.000 millones de rublos (unos 1.270 millones de euros).
Cuando se publicó su artículo, Sokolov fue detenido junto con otras dos personas por ayudar a crear una página web para un grupo llamado «Por un gobierno responsable» (IGPR «ZOV»), que estaba llamando a una consulta popular para reformar la Constitución rusa de manera que los políticos pudieran rendir cuentas por vía penal.
La página web revivía el llamamiento de un grupo creado en la década de 1990 y que fue prohibido en 2010, lo que fue el pretexto utilizado por la oficina del fiscal para abrir el proceso.
Pero IGPR «ZOV» había estado prácticamente inactivo en los dos años anteriores a la puesta en marcha de la investigación y todos los grupos de derechos humanos de Rusia coinciden en que no se quebrantó ninguna ley. El Centro Sova, una autoridad en los crímenes de odio, insiste en que no incitan a la violencia.
No obstante, la oficina del fiscal decidió acusar a Sokolov de «crear una comunidad extremista», lo que conlleva una posible condena de ocho años de prisión. La acusación no tiene el menor fundamento. Sólo tienen un viejo folleto con el eslogan, «Usted ha votado, así que debe juzgar». Con esta cáscara, no debería ser acusado de nada más grave que «intento de distribuir textos extremistas», sólo sancionado con una multa.
«Alexander Sokolov es víctima de una profunda injusticia», afirma Johann Bihr, responsable para Europa del Este y Asia Central de Reporteros Sin Fronteras. «Es difícil justificar su detención prolongada, salvo a la luz de sus reportajes de investigación y su especialización académica en los temas más delicados. Hacemos un llamamiento por su liberación inmediata e incondicional y por la retirada de todos los cargos en su contra».
Los investigadores afirman que Sokolov «era consciente» de que el verdadero objetivo de IGPR «ZOV» era «desestabilizar a las autoridades» y no un referéndum. Sokolov dice que se le acusa de «pensamiento» en el sentido orwelliano, porque lo de «ser consciente» no aparece en el código penal ruso. La solicitud de Sokolov de someterse a un detector de mentiras ha sido denegada hasta ahora.
Sokolov ha hecho un llamamiento al Defensor del Pueblo de Rusia y a la Corte Europea de Derechos Humanos alegando que es víctima de detención arbitraria. Un periodista de RBC llegó incluso a plantear la cuestión al presidente Vladimir Putin durante la tradicional sesión de preguntas y respuestas de Putin con los ciudadanos rusos, en diciembre. Putin se comprometió a estudiar la cuestión, pero el mismo día fue detenida una cuarta persona en relación con el caso.
Rusia ocupa el puesto 148, de 180 países, en la Clasificación Mundial 2016 de la Libertad de Prensa que publica Reporteros Sin Fronteras. Más sobre el país, en el Informe Anual de la organización.
