Reporteros Sin Fronteras manifiesta su preocupación por la aprobación en el parlamento sudafricano de la ley de protección de información del Estado. El nuevo texto legal ha sido objeto de debate desde 2008 y permite clasificar documentos considerados secretos de Estado. Los periodistas que revelen este tipo de información protegida se exponen a penas de de cárcel que puden llegar hasta los 25 años. Los principales periódicos del país han publicado un editorial conjunto criticando el proyecto de ley. Ayer, en Pretoria, Johannesburgo, Soweto y Ciudad del Cabo se produjeron varias manifestaciones contra la iniciativa legislativa. Los partidos de la oposición y las organizaciones de derechos humanos han instado a los sudafricanos a vestirse de luto por lo que consideran un «Martes Negro».
RSF se muestra sorprendida de que el Parlamento sudafricano apruebe una ley que amenaza a la libertad de prensa haciendo caso omiso de la oposición generalizada e insta al Presidente a no ratificarla. «Es comprensible que los documentos sensibles se puedan clasificar, pero el proceso debe estar claramente definido y limitado, y no debe amenazar a la libertad de información y a la propia libertad de los periodistas» considera la organización.
«Esta ley pone en peligro al periodismo de investigación y amenaza la libertad de los medios de comunicación que garantiza la Constitución. Si se termina promulgando supondrá un golpe muy severo a los periodistas de un país conocido por tener algunos de los medios de comunicación más dinámicos del continente africano. Está en juego la posición de Sudáfrica como referente regional», declara RSF.
En un principio la ley contemplaba la posibilidad de que cualquier agencia del gobierno pudiese clasificar los documentos, pero en la versión final del texto legal restringe esa potestad a las agencias especializadas en clasificar documentos. La versión final tampoco permite utilizar el interés público como fundamento para revelar información clasificada. Todavía no está claro cómo se aplicará en la práctica, pero no hay duda de que va a restringir la capacidad de los periodistas de hacer investigaciones detalladas sobre temas tan sensibles como la corrupción de alto nivel político, los escándalos financieros, el mal gobierno y el nepotismo.
Su adopción se produce tras meses de fricciones entre los medios de comunicación y el gobernante ANC, incluyendo una queja de Mac Maharaj, portavoz del Presidente Zuma, contra el diario Mail & Guardian. En septiembre de 2011 ya hubo una manifestación en Ciudad del Cabo contra el proyecto de ley.
Entre las voces críticas que han surgido en Sudáfrica se encuentra el Premio Nobel de Literatura, Nadine Gordimer y el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. También hay políticos como el ex ministro de inteligencia del ANC Ronnie Kasrils y Helen Zille, de la opositora Alianza Democrática.
La ley también ha sido criticada por organizaciones como el Foro de Editores Nacionales de Sudáfrica y la Fundación Nelson Mandela, que ayer calificó el texto legal como «inaceptable en su forma actual». Mandela se comprometió en 1997 a que la libertad de prensa nunca se vería amenazada en Sudáfrica «mientras el ANC siguiera en el poder».
