- Un caso de “difamación” de dudosa base lleva a los tribunales al periodista, contra el que se han emprendido numerosos procesos judiciales
En el punto de mira de las autoridades, acostumbrado a los tribunales, en ocasiones condenado y a veces liberado (ver: Sale de prisión el periodista Gustavo Azócar, pese a su condena_1/4/2010), Gustavo Azócar tuvo que comparecer de nuevo, este 7 de febrero de 2011, ante un tribunal de Táchira (oeste de Venezuela) por “difamación” contra un oficial del ejército. Los hechos se remontan a la época en que el periodista trabajaba, entre otros, como corresponsal del diario El Universal.
En el origen de este nuevo caso se encuentra un artículo publicado por Gustavo Azócar el 12 de septiembre de 2004 en las páginas del diario nacional, en el que relataba presuntos manejos irregulares en la entrega de cédulas de identidad en la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (hoy Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería). Entre las personas mencionadas se encuentra el coronel Rafael Ángel González, entonces coordinador de la “Misión Identidad” en el estado Táchira.
La demanda por “difamación” fue presentada el 13 de enero de 2005 y transmitida un mes más tarde. Sin embargo, después de la publicación del artículo, un representante del demandante solicitó a Gustavo Azócar el derecho a réplica. Así, el periodista asegura que “este derecho siempre estuvo garantizado”. El 29 de abril de 2005 las dos partes firmaron un acuerdo de conciliación en el cual el periodista se comprometió a ofrecer el derecho de réplica y el coronel a ejercerlo en cuanto recibiera la autorización del Ministerio de la Defensa.
El 10 de enero de 2007 tuvo lugar una audiencia de verificación, durante ella el militar señaló que no había recibido la autorización en cuestión. Le siguieron ocho convocatorias ante el tribunal sin que se recibiera una respuesta del Ministerio de la Defensa. En todas, Gustavo Azócar mantuvo su oferta de derecho de réplica.
“Conociendo los antecedentes judiciales de Gustavo Azócar y los procesos emprendidos contra él, en condiciones a veces dudosas, podemos preguntarnos si no se trata de un nuevo encarnizamiento judicial contra su persona. El periodista sufrió múltiples presiones por su línea editorial cuando conducía su programa ‘Café con Azócar’, en el canal Televisión Regional de Táchira”, declaró Reporteros sin Fronteras.
“En este caso, ya antiguo, ¿por qué el Ministerio de la Defensa no respondió favorablemente a una oferta de conciliación aprobada por el coronel González? ¿Por qué la justicia no pidió explicaciones ante la falta de respuesta? El principio de equidad no fue respetado totalmente”, agregó la organización.
La ley de reforma al Código Penal de 2005 endureció claramente las penas por los delitos de prensa. De ser condenado, Gustavo Azócar corre el riesgo de pagar una pena de un año de prisión efectiva (puesto que el demandante ostenta un cargo público) y hasta 2.000 unidades tributarias (UT, una unidad equivale a 15 dólares).
