El presidente venezolano anuncia por televisión que, en breve, su gobierno se convertirá en accionista mayoritario del canal privado Globovisión
El presidente de Venezuela Hugo Chávez anunció el 20 de julio de 2010 que su gobierno se convertirá dentro de poco en accionista mayoritario de Globovisión, canal de televisión privado muy crítico con el régimen. El jefe del gobierno cuenta recuperar las acciones de algunos directores del canal, lo que le permitiría tener bajo su poder 48,5% de ellas.
El gobierno adquiriría 20% de las acciones de Globovisión que poseía Nelson Mezerhane, presidente del Banco Federal, que fue intervenido en junio pasado, así como un 5,8% suplementario de acciones del canal que el banquero poseía a través de otra empresa, reveló el jefe de Estado el 20 de julio durante una ceremonia transmitida por televisión. El mandatario añadió que a esto se sumaría un 20% de las acciones, que pertenecía a Luis Teófilo Núñez, uno de los fundadores del canal fallecido en 2007, que “recuperará el Estado”. De estos cálculos el presidente concluyó: “25,8% más 20%, hacen 48,5%, ven a mí que tengo flor», y aclaró que esta toma de control del canal de televisión por parte del Estado no constituye una expropiación, simplemente la voluntad del Estado de “incorporarse al negocio”.
El jefe de Estado agregó que la junta interventora del Banco Federal nombrará un representante del gobierno en el consejo de administración de Globovisión y que propondrá para ese puesto a conductores que trabajan actualmente en la televisión pública.
Sin embargo, Globovisión rechazó categóricamente los proyectos mencionados por Hugo Chávez: ‘‘la línea editorial de Globovisión no tiene porcentaje de acciones. La línea editorial de Globovisión ni se expropia ni se interviene”. El canal, que ha enfrentado numerosas amenazas de cierre y varios procesos emprendidos por Hugo Chávez –entre ellos una orden de arresto contra uno de sus dirigentes, Guillermo Zuloaga, actualmente refugiado en Estados Unidos– está cerca de ser manejada por el gobierno casi completamente. El presidente señaló que el gobierno también podría tomar las acciones de Guillermo Zuloaga, puesto que se encuentra fuera del país.
Restricciones en el acceso a la información
Estos anuncios siguen diversas medidas coercitivas inquietantes en lo que respecta al derecho al acceso a la información.
El 15 de julio el Tribunal Supremo de Justicia emitió una decisión que limita el derecho al acceso a la información pública. El tribunal rechazó el recurso de amparo que la organización no gubernamental Espacio Público interpuso contra la contraloría porque se negó a suministrarle información sobre las remuneraciones de funcionarios que laboran en el despacho encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos. En el fallo se afirma que el acceso a la información pública no es un derecho absoluto; también se establece que datos como el ingreso de los funcionarios públicos o sus declaraciones juradas de bienes no tienen por qué publicarse, pues «forman parte de su intimidad». Por lo que, según el tribunal, no existe razón para que sean de conocimiento de la opinión pública.
Esta decisión, que va totalmente en contra del principio de transparencia, tendrá un gran impacto en el trabajo de los periodistas, por ejemplo, cuando se trate de hacer del conocimiento de la opinión pública el enriquecimiento ilegal de un funcionario.
Otra decisión también polémica confirma los temores de Reporteros sin Fronteras. Ésta concierne a la aprobación del parlamento venezolano de un reporte sobre la presunta injerencia de Estados Unidos en la vida política venezolana. Este informe condena el financiamiento de periodistas y de organizaciones de la sociedad civil por extranjeros. Coincidentemente, este documento fue aprobado una semana después de que las organizaciones Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público hubieran sido objeto de una investigación penal dirigida por el Movimiento por el Periodismo Necesario, asociación de periodistas afiliada al gobierno de Hugo Chávez. El IPYS y Espacio Público son las dos principales organizaciones no gubernamentales que vigilan el respeto de la libertad de expresión en Venezuela.
Este informe, presentado por el diputado Manuel Villalba, demostraría la “participación de gobiernos extranjeros en la política interna venezolana”. Estos financiamientos tendrían el objetivo de provocar un “proceso de desestabilización en el país”, con el fin de desacreditar al gobierno actual.
En estas declaraciones, el presidente de Venezuela también habló de “revisar» la concesión, amenazando con revocarla, del canal de televisión Vale TV (Valores Educativos Televisión), otorgada al Arzobispado de Caracas antes de la llegada al poder del actual gobierno. Según el mandatario, ahora el canal debe ser puesto «a las órdenes del pueblo». En 2007, el gobierno revocó la concesión del canal RCTV, acusado de haber llamado al golpe de Estado en 2002.
Si bien es cierto que RCTV y Globovisión apoyaron a ciertos golpistas en 2002, esta voluntad del gobierno de tomar el control de los medios de comunicación de oposición está sobre todo relacionada con el hecho de que no soporta más las críticas de los medios de comunicación. Ocho años después, estas medidas coercitivas responden finalmente a la tendencia del Estado de hacer callar a la oposición que denuncia las persistentes dificultades económicas y sociales.
Reporteros sin Fronteras constata que Venezuela se aleja cada vez más de otros países latinoamericanos como Argentina, Uruguay o Brasil, que han despenalizado los delitos de prensa y creado bases legales para favorecer un mayor pluralismo en los medios de comunicación. Estas declaraciones deben ser vistas como una regresión preocupante del gobierno venezolano.
