Leocenis García, en prisión preventiva desde el 30 de agosto de 2011, lleva una semana en huelga da hambre. García fue acusado de “instigación pública al odio”, “vilipendio a funcionario público” y “ofensa pública por razones de género” tras publicar un polémico fotomontaje en el semanario Sexto Poder. Su abogado ha confirmado a Reporteros Sin Fronteras que continuará su ayuno hasta que se retiren los cargos presentados contra él. La defensa prevé presentar un nuevo recurso en los próximos días.
«Reporteros Sin Fronteras no puede alentar a Leocenis García a que ponga en peligro su salud, incluso su vida, y por esta razón le insta a que cesar su huelga de hambre. Sin embargo, denuncia un proceso absurdo y un uso abusivo de la prisión preventiva contra un hombre que se entregó voluntariamente a la justicia. El trato que se ha dado a Leocenis García menosprecia abiertamente las reglas más elementales del derecho, en especial la presunción de inocencia que se aplica a cualquier ciudadano”, considera la organización, que constata con preocupación que no existe ningún signo de moderación por parte del gobierno, en un contexto de polarización aún extrema, donde las sanciones administrativas sólo se dirigen a medios de comunicación cuya elección editorial no sigue la línea del Palacio de Miraflores.
Así, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), apoyándose en el artículo 182 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ordenó la suspensión de cinco radios del estado de Zulia –Titán, Coquivacoa, Kalor, Romance y Machiques Stereo– y confiscó sus equipos de transmisión por “uso clandestino e ilegal del espectro radioeléctrico”. Según José Ramón Socorro, propietario de la estación Kalor, varios representantes de la Conatel, acompañados de 50 agentes de la guardia nacional, entraron a las instalaciones de la estación “precisamente cuando se transmitían al aire varios programas críticos a la gestión del gobierno nacional”.
Recientemente, Luis Domingo Álvarez, Jefe Nacional de Información y Opinión de los circuitos radiales AM y FM Center, denunció que la Conatel está en mora –no ha permitido la renovación de concesiones– con unas 250 radios, que desde entonces no pueden transmitir. Más de otras mil, en espera de frecuencia, estarían operando de forma clandestina y podrían ser las siguientes muy pronto. Reporteros Sin Fronteras recibe con cautela el anuncio de que en la Asamblea Nacional se debatirá la futura “Ley de Comunicación para el Poder Popular”. “¿La intención es realmente refundar el paisaje mediático de manera equilibrada como en otros países de la región?, ¿o es cuestión, hablando de ‘medios de comunicación del poder popular’, de calificar a aquellos que tendrían derecho a una frecuencia en función de su contenido editorial? Eso es lo que está en juego”, considera RSF.
Finalmente, el canal informativo privado Globovisión, obligado a pagar una multa de 2 millones de dólares por “apología del delito” y “alteraciones del orden público” por su cobertura de los amotinamientos en dos penales, el pasao mes de junio, anunció que en los próximos días presentará un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La suma de la multa pone en riesgo la sobrevivencia del medio de comunicación.
