NICARAGUA | Dos periodistas detenidos: RSF vuelve a alertar sobre el endurecimiento de la represión del régimen de Daniel Ortega
Los periodistas Leo Cárcamo Herrera y Elsbeth D’Anda han sido detenidos recientemente por las autoridades nicaragüenses. Estas detenciones se suman a la desaparición forzada de la periodista Fabiola Tercero Castro y al exilio de decenas de periodistas desde 2018. Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena la represión del régimen de Daniel Ortega contra los periodistas y pide la liberación inmediata de los periodistas encarcelados.
La represión contra la prensa independiente en Nicaragua está alcanzando niveles alarmantes, y se ha convertido en una estrategia central del régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para silenciar toda forma de disidencia. El 22 de noviembre, Leo Cárcamo Herrera, un veterano periodista retirado, fue nuevamente privado de su libertad en el marco de una oleada de detenciones dirigdas contra voces críticas del régimen. Semanas antes, el 27 de octubre, Elsbeth D’Anda, periodista del canal de televisión CDNN 23, fue detenido tras cuestionar en su programa “La Cobertura” el aumento de los precios de productos de primera necesidad.
“Las detenciones de Leo Cárcamo y Elsbeth D’Anda, sumadas a la desaparición de Fabiola Tercero, demuestran la escalada represiva contra el periodismo independiente en Nicaragua. Instamos a las autoridades nicaragüenses a liberarlos inmediatamente, y a informar sobre el paradero de Fabiola Tercero. Estas acciones son inaceptables y constituyen una violaci{on a los principios fundamentales de la libertad de prensa. RSF hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que intensifique la presión sobre el régimen de Daniel Ortega, exigiendo garantías para el ejercicio del periodismo libre y con total seguridad».
Artur Romeu | Director de la oficina de RSF en América Latina
Otro objetivo del régimen es Fabiola Tercero Castro, periodista independiente y militante feminista, desaparecida desde el 12 de julio. Ese día, la policía realizó una redada en su domicilio, durante la cual ella logró informar que su casa estaba siendo registrada por agentes del gobierno. Desde entonces, su familia también está desaparecida.
Los profesionales de los medios afrontan además procedimientos judiciales. La reforma constitucional aprobada el 22 de noviembre refuerza el control del presidente Ortega sobre el país, incrementando la vigilancia sobre los medios de comunicación y de la sociedad civil. En septiembre, el Parlamento ya había aprobado una nueva ley de ciberdelincuencia que castiga con penas de hasta cinco años de cárcel por la difusión de información considerada «falsa» o «perjudicial» por el Gobierno, lo que generó inquietud en el sector. Desde 2018, más de 200 periodistas han sido expulsados u obligados a exiliarse, mientras que los que permanecen en el país, que ocupa el puesto 163 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de RSF, se enfrentan a un entorno cada vez más hostil y peligroso.