| Cinco periodistas agredidos durante las manifestaciones en contra el proyecto minero Conga
06.07.2012 18:27
El 5 de julio, en Cajamarca, el director del diario local El Mercurio, Ramiro Sánchez, fue golpeado con la vara de reglamento de la policía, y una bomba lacrimógena, lanzada contra un grupo de periodistas, hirió al fotógrafo Frank Chávez Silva, según informó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Los hechos se produjeron un día después de la declaración del estado de emergencia en tres provincias del país tras las protestas contra la explotación minera.
«Para muchos la violencia ejercida contra los periodistas es consecuencia de la represión de la policía. Sin embargo, en algunas ocasiones, también ha sido consecuencia del descontento de los manifestantes frente a la cobertura de los medios de comunicación de los diferentes acontecimientos», advierte Reporteros Sin Fronteras.
La organización ha podido hablar con el corresponsal del IPYS en Cajamarca, Luis Chillón, que ha destacado el «enorme riesgo» que corren los profesionales que cubren este conflicto. Según Chillón, en Celendín, los constantes tiroteos obligaron a algunos colegas a recluirse. Tras la detención de un líder de la protesta contra el proyecto minero, Marco Arana, el Grupo de Intervenciones Rápidas del Perú (GIR) de la policía agredió a tres periodistas que cubrían la noticia: Yudith Cruzado Lobato, periodista de Radio Programas del Perú (RPP), Francisco Landauri Miranda, reportero del canal ATV y su cámara, Néstor Galazar Mandujano.
La preocupación por el medio ambiente, en especial por los recursos hídricos, explica la fuerte oposición al proyecto de explotación de oro Conga, del cual tiene una participación mayoritaria la compañía estadounidense Newmont Mining Co. El proyecto ya había sido suspendido en 2011 por las manifestaciones locales.
Reporteros sin Fronteras recuerda, una vez más, los peligros a los que se enfrentan los periodistas y los observadores que deben cubrir sobre el terreno este tipo de conflictos sociales y ambientales. Una situación repetida en otros contextos como en Chile, Panamá, Colombia o Bolivia.
«Es necesario llevar a cabo una investigación administrativa y penal frente a algunos excesos graves de la policía, sin esperar a la resolución negociada del conflicto. El estado de emergencia, que significa, a grandes rasgos, la prohibición de la libre reunión, no es una excusa para atacar la labor de informar de los periodistas. La información es necesaria en sí misma. La respuesta de la policía no puede ocultar el debate que genera en la opinión pública», concluye Reporteros sin Fronteras.
