- Reporteros sin Fronteras pone de manifiesto que el nuevo gobierno peruano incumple sus promesas electorales y la información sigue sin circular de forma libre en el país.
El fin de las penas de prisión y de las multas exorbitantes por los delitos de “difamación”, “injuria” o “calumnia” continúa siendo una de las etapas claves en la mejora general de la situación de la libertad de informar al sur del continente americano. En este sentido, Argentina y Uruguay han puesto el ejemplo; falta dar este paso en Ecuador, marcado por el caso de El Universo, en Bolivia, en Colombia o en Chile. La despenalización se ha vuelto urgente en Perú, donde una alentadora reforma del código penal, adoptada en julio de 2011, aún no ha sido promulgada. ¿Cumplirá el presidente Ollanta Humala las promesas que hizo ante el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) poco más de un mes antes de que fuera elegido en el escrutinio del 5 de mayo de 2011?
Reporteros sin Fronteras constata que, lejos de las intenciones personales expresadas por el jefe de Estado, numerosas acciones judiciales y demandas abusivas continúan obstaculizando la libre circulación de información y de opiniones, e incluso incitando a periodistas y blogueros a la autocensura. El encarnizamiento procesal se manifiesta en especial cuando en un artículo o un reportaje se acusa a un político, se denuncian casos de corrupción o de conflictos de interés, o se cuestiona la colusión, en ocasiones real, entre algunos representantes de las fuerzas del orden y el crimen organizado.
Año trágico para la prensa peruana por el asesinato de tres de sus miembros, 2011 también estará marcado por los seis meses de detención del periodista audiovisual Paul Garay Ramírez, condenado injustamente por “difamación” de un fiscal. En otros casos pendientes se espera que las más altas instancias del país cumplan sus promesas; de ello depende el futuro de la libertad de informar y del derecho de crítica.
Escándalos políticos
El 9 de enero de 2012 se sabrá si se confirma la sentencia a Gastón Darío, ahora apelada, a tres años de prisión condicional y el pago de 10.000 soles (3.700 dólares) de reparación civil. Empleado de Cadena Sur TV-Canal 15 y de Radio Nova FM en Ica (sur), el periodista fue condenado el 30 de septiembre de 2011 en primera instancia por haber calificado al congresista José Luis Elías Ávalos de político «tránsfuga». Este término tiene sus orígenes en un escándalo político que data de 2008, cuando parlamentarios fueron acusados de haber abandonado su partido original a cambio de dinero, para unirse durante su mandato al de Perú 2000, partido formado y dirigido por el ex presidente Alberto Fujimori. José Luis Elías Ávalos, quien era miembro del partido Avancemos, finalmente fue absuelto de la acusación de haber recibido cerca de 100.000 dólares a cambio de apoyar a Fujimori.
El 7 de noviembre pasado Teobaldo Meléndez Fachín, director del programa de radio y televisión “Ribereña Noticias”, fue condenado a una pena aún más severa por “difamación agravada” por denunciar una operación bancaria e inmobiliaria fraudulenta en la que se acusaba al alcalde de Yurimaguas (norte), Juan Daniel Mesía Camus. Fue sentenciado a tres años de prisión condicional, que podrían convertirse en prisión efectiva si no paga los 30.000 soles (11.000 dólares) que también pide el demandante. El periodista apeló la sentencia una semana después de su condena.
“Las autoridades locales se creen todopoderosas porque tienen dinero, aún cuando este dinero pertenece en realidad al pueblo. Es la segunda vez que soy condenado por haber denunciado casos de corrupción y operaciones fraudulentas”, nos confió el periodista, quien subrayó que el juez nombrado en un inicio para decidir sobre su caso fue remplazado cuando el cargo de “difamación agravada” iba a ser anulado.
Norbil Vallejo Saavedra, director de la publicación bimensual Quincenario Macro Regional Nuevo Confidencial, de la provincia de Chiclayo (noroeste), fue condenado a un año de pena privativa de libertad y a 10 mil nuevos soles (3.700 dólares) de multa, el 3 de enero de 2012. Ha interpuesto recurso de apelación inmediatamente después. El 3 de octubre de 2011 David Cornejo Chinguel, propietario de la universidad privada Instituto Juan Mejía Baca, presentó una denuncia contra el periodista por difundir quejas de alumnos contra la dirección del establecimiento por “estafa”. En el caso se acusa al propio hijo del demandante, quien es sospechoso de haber ofrecido cursos inexistentes a jóvenes a cambio de fuertes sumas de dinero. Norbil Vallejo Saavedra dijo a Reporteros sin Fronteras que teme por la supervivencia de su publicación. También señala las estrechas relaciones entre el autor de la denuncia presentada contra él y los magistrados locales.
Sátira prohibida
El periodista y bloguero Luis Torres Montero fue condenado el 7 de diciembre de 2011 a una pena de dos años de prisión (efectiva el primer año, condicional el segundo) y a pagar una multa de 155.000 soles (55.000 dólares) por “difamación” del ex Ministro de la Defensa, Rafael Rey, por un artículo publicado en el diario La Primera en abril de 2010. Este artículo, considerado una sátira literaria por el periodista y titulado «Rafi Rey no se anima a salir del closet», hace pasar a Rafael Rey por homosexual, razón por la que éste emprendió el proceso. Luis Torres Montero apeló la sentencia el 22 de diciembre y espera el próximo juicio.
«Este artículo es una crítica de esta sociedad peruana, poco tolerante con las minorías, conservadora y que considera la homosexualidad como algo que no es natural. Escribiendo este texto, que es una ficción y no un artículo informativo, quería integrar a Rafael Rey, ex Ministro de la Defensa, alto dignatario del Opus Dei, a un panorama que no tolera”, explicó Luis Torres Montero a Reporteros sin Fronteras.
Otro bloguero, José Alejandro Godoy, acusado de “difamación” por Jorge Mufarech, ex ministro de Alberto Fujimori, fue condenado el 29 de octubre de 2010 en Lima a una pena de tres años de prisión, a pagar una multa de 300.000 soles (107.000 dólares), así como a 120 días de trabajo social. José Alejandro Godoy publicó un artículo en su blog, Desde el Tercer Piso, en el que hacía un recuento de todas las acusaciones hechas contra Jorge Mufarech por escándalos financieros difundidas por otros medios de comunicación, indicando en cada ocasión los enlaces para precisar las fuentes. El 3 de noviembre de 2011 su abogado, Roberto Pereira, presentó un nuevo recurso contra la sentencia, que es injusta sobre el fondo, inconstitucional y que infringe la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tres casos similares. La organización se alegra de saber que la sentencia dictada contra José Alejandro Godoy fue anulada el 11 de enero de 2012. El tribunal consideró que la demanda presentada por el ex ministro Jorge Mufarech contra el periodista por el delito contra el honor ‘difamación agravada’ era infundada e incoherente
Farsa judicial
La estación de radio La Voz de Bagua, ubicada en la localidad que lleva el mismo nombre, fue suspendida en junio de 2009 por la falsa acusación, un pretexto, de “uso ilegal de frecuencia”. Esto, aún cuando gozaba desde 2007 de una concesión por un plazo de diez años. En realidad la radio era acusada por el gobierno de entonces de haber apoyado una rebelión indígena ocurrida ese mismo mes en la región amazónica de Yurimaguas. En agosto de 2010 se le permitió a la radio, también defendida por el abogado Roberto Pereira, volver al aire. No obstante su directora, Aurora Flores de Burgos, sigue acusada hasta la fecha de “uso ilegal del espectro radioeléctrico” y enfrenta una pena de cuatro años de prisión efectiva y el pago de una multa al Ministerio Público. Aurora Burgos de Flores debía ser juzgada de nuevo el 15 de noviembre de 2011 tras innumerables recursos, pero la juez Marleni Urbina Quispe, encargada del caso, nunca acudió al proceso. Como lo han recordado allegados a Aurora Flores de Burgos, el mismo Ollanta Humala, antes de ser elegido presidente de la República, estaba conmovido por la suerte que había corrido la radio y sus representantes. La farsa judicial debe llegar a su fin.
Reporteros sin Fronteras continuará apoyando la campaña para la despenalización de los delitos de prensa lanzada el 23 de noviembre pasado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
