REINO UNIDO | Cuarenta organizaciones defensoras de derechos piden la libertad de Julian Assange al gobierno británico
Reporteros Sin Fronteras (RSF) y docenas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, los derechos humanos y el derecho a la privacidad de los cinco continentes, han firmado conjuntamente una carta abierta dirigida al gobierno del Reino Unido en la que piden la liberación inmediata del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, actualmente encarcelado.
Assange, que este 3 de junio cumple 49 años en la prisión de Belmarsh, en Londres, puede ser extraditado a Estados Unidos, donde está acusado bajo la Ley de Espionaje por las publicaciones de WikiLeaks, en 2010 y 2011, de los Registros de la Guerra de Irak, los diarios de guerra afganos y los cables del Departamento de Estado. Si lo declaran culpable puede ser condenado a hasta 175 años de prisión, una pena «equivalente a una sentencia de muerte».
Rt Hon Robert Buckland QC MP
Secretario de Estado de Justicia y Lord Canciller
Ministerio de Justicia
102 Petty France
Londres
SW1H 9AJ
3 de julio de 2020
AS: Carta abierta pidiendo la puesta en libertad del editor de WikiLeaks, Julian Assange
CC: Rt Hon. Dominic Raab, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth
Estimado Rt Hon Robert Buckland QC MP,
El 8 de junio de 2020, respondiendo a una pregunta en la Cámara de los Lores sobre la postura del Reino Unido con respecto a la protección de los periodistas y las libertades de prensa, el ministro de Estado, Lord Ahmad de Wimbledon, dijo: «La libertad de los medios es vital para las sociedades abiertas. Los periodistas deben poder investigar e informar sin interferencias indebidas».
Nosotros, los abajo firmantes, estamos de acuerdo con esta declaración y pedimos al gobierno del Reino Unido que mantenga su compromiso con la libertad de prensa en su propio país. En el momento en que Lord Ahmad hizo estas declaraciones, el editor de WikiLeaks, Julian Assange, llevaba más de un año encarcelado en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, ya que se enfrenta a la extradición a los Estados Unidos por cargos de publicación. Pedimos al gobierno del Reino Unido que ponga en libertad al Sr. Assange de inmediato y que bloquee su extradición a Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado a Assange de 18 cargos por obtener, poseer, conspirar para publicar y publicar información clasificada. La acusación contiene 17 cargos por la Ley de Espionaje de 1917 y un cargo de conspiración (con una fuente) para violar la Ley de Abuso y Fraude Informático, que utiliza el lenguaje de la Ley de Espionaje. Es la primera vez que se utilizan tales cargos por publicar información veraz de interés público y representa un intento gravemente peligroso de criminalizar las comunicaciones entre periodistas y fuentes, así como la publicación de información clasificada por parte de periodistas, independientemente del valor periodístico de la información y sin tener en cuenta el derecho del público a saber.
El 24 de junio de 2020, el Departamento de Justicia de EEUU emitió una segunda formulación de cargos contra Assange, sin agregar nuevos cargos, pero ampliando el cargo de conspiración para cometer intrusión informática. Esta nueva acusación emplea una narrativa selectiva y engañosa en un intento de retratar las acciones de Assange como nefastas y conspirativas en lugar de como contribuciones al reporterismo de interés público.
Los cargos contra el Sr. Assange conllevan una pena máxima potencial de 175 años de prisión. Enviar al Sr. Assange a Estados Unidos, donde una condena es casi una certeza, equivale a una sentencia de muerte.
Esta es una escalada sin precedentes de un asalto ya inquietante contra el periodismo en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump se ha referido a los medios de comunicación como el «enemigo del pueblo». Mientras que los presidentes anteriores han procesado a denunciantes y a otras fuentes periodísticas en virtud de la Ley de Espionaje por filtrar información clasificada, la Administración Trump ha dado un paso más al perseguir al editor.
El mismo Assange ha sido perseguido por publicar durante casi una década. En 2012, temiendo ser encausado en Estados Unidos –algo que después resultaría ser profético-, Assange solicitó y recibió asilo del gobierno de Ecuador e ingresó en la embajada ecuatoriana en Londres. Al negarse el Reino Unido a garantizar que Assange no sería extraditado a EEUU, El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria dictaminó que la detención del Sr. Assange era de hecho arbitraria y pidió al Reino Unido que «inmediatamente [permitiera] al fundador de Wikileaks, Julian Assange salir libremente de la embajada ecuatoriana en Londres».
La administración del presidente Obama procesó a la analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos Chelsea Manning por proporcionar cientos de miles de documentos a WikiLeaks sobre las guerras de los Estados Unidos en Irak y Afganistán, así como cables y archivos del Departamento de Estado sobre los reclusos en la prisión de la Bahía de Guantánamo. Pero la administración, que había iniciado una investigación del Gran Jurado sobre WikiLeaks en 2010, decidió explícitamente no procesar a Assange por lo que calificó como el «problema del New York Times». Como explicó The Washington Post en noviembre de 2013, «si el Departamento de Justicia acusaba a Assange, también tendría que procesar a The New York Times y otros medios informativos y escritores que publicaron material clasificado, incluidos The Washington Post y el periódico británico The Guardian».
Cuando el presidente Trump llegó al poder, el entonces fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que procesar a Assange sería una «prioridad», a pesar de que no había salido a la luz ninguna nueva prueba ni información del caso. En abril de 2017, en un discurso sorprendente contra el derecho constitucional de WikiLeaks a publicar, el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, calificó a WikiLeaks de «servicio de inteligencia hostil no estatal» y dijo: «Julian Assange no tiene privilegios de la Primera Enmienda».
El 11 de abril de 2019, Ecuador finlizó ilegalmente con el asilo diplomático del Sr. Assange violando la Convención de Ginebra sobre los Refugiados e invitó a la policía británica a su embajada, donde lo detivieron de inmediato a petición de Estados Unidos. Assange cumplió 50 semanas de prisión por quebrantar la libertad bajo fianza, pero cuando cumplió esa sentencia en septiembre de 2019 no fue puesto en libertad. Assange continúa detenido en la prisión de Belmarsh, ahora únicamente a instancias de Estados Unidos.
Incluso antes del confinamiento por la pandemia de coronavirus, el Sr. Assange estuvo recluido en condiciones de aislamiento, confinado en su celda durante más de 22 horas al día. Ahora, bajo medidas de contención, Assange está aún más aislado y no ha visto a sus propios hijos en varios meses. Además, al Sr. Assange se le ha permitido un acceso extremadamente limitado a sus abogados y documentos, lo que obstaculiza severamente su capacidad de participar en su propia defensa legal. Después de una visita a la prisión de Belmarsh acompañado por médicos, en mayo de 2019, el relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, determinó que Assange había sufrido tortura psicológica.
La audiencia por la extradición de Assange, que se celebró durante una semana en febrero de 2020 y está programada para continuar durante tres semanas más, se reanudará en septiembre. Pero el coronavirus, que según los informes ya ha matado al menos a un recluso en Belmarsh y que continúa propagándose a través de las cárceles a un ritmo alarmante, pone en grave riesgo la salud y el bienestar del Sr. Assange, que sufre de una enfermedad pulmonar crónica que lo hace especialmente vulnerable a la Covid-19.
La continua persecución del Sr. Assange está contribuyendo al deterioro de la libertad de prensa en el Reino Unido y está sirviendo para empañar la imagen internacional del Reino Unido. Para Reporteros Sin Fronteras, la desproporcionada sentencia de 50 semanas de cárcel al del Sr. Assange por inclumplir los términos la libertad bajo fianza, la decisión del Ministerio del Interior de dar luz verde a la solicitud de extradición de los Estados Unidos y la detención continua del Sr. Assange son factores que determinan la bajada del Reino Unido al puesto 35, de 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020.
Llamamos al gobierno del Reino Unido para que deje en libertad al Sr. Assange sin más demora y bloquee su extradición a Estados Unidos, una medida que podría salvar la vida del Sr. Assange y preservar la libertad de prensa que el Reino Unido se ha comprometido a defender a nivel mundial.
Firmado:
- Nathan Fuller, Director Ejecutivo, Courage Foundation
- Rebecca Vincent, Directora de Campañas Internacionales, Reporteros Sin Fronteras (RSF)
- Anthony Bellanger, Secretario General – Federación Internacional de Periodistas (FIP)
- Archie Law, presidente de la Sydney Peace Foundation
- Carles Torner, Director Ejecutivo, PEN International
- Christine McKenzie, Presidenta, PEN Melbourne
- Daniel Gorman, Director, PEN Inglés
- Elena Cohen, Presidenta, National Lawyers Guild
- Jeanne Mirer, Presidenta, Asociación Internacional de Abogados Democráticos
- Kjersti Løken Stavrum, Presidente, PEN Noruega
- Lasantha De Silva, Freed Media Movement
- Marcus Strom, Presidente, MEAA Media, Australia
- Mark Isaacs, Presidente de PEN International Sydney
- Michelle Stanistreet, Secretaria Seneral, National Union of Journalists (NUJ)
- Mousa Rimawi, Director, MADA – Centro Palestino para el Desarrollo y las Libertades de los Medios
- Naomi Colvin, Directora de Programa para Reino Unido / Irlanda, Blueprint for Free Speech
- Nora Wehofsits, Oficial de Defensa, Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios (ECPMF)
- Peter Tatchell, Fundación Peter Tatchell
- Ralf Nestmeyer, Vicepresidente, PEN alemán
- Rev Tim Costello AO, Director de Ethical Voice
- Robert Wood, Presidente, PEN Perth
- Ruth Smeeth, Directora Ejecutiva, Index on Censorship
- Sarah Clarke, Jefa de Europa y Asia Central, ARTÍCULO 19
- Silkie Carlo, Directora, Big Brother Watch
- William Horsley, Representante de Libertad de Medios, Asociación de Periodistas Europeos
- Adil Soz, Fundación Internacional para la Protección de la Libertad de Expresión
- Americanos por la Democracia y los Derechos Humanos en Bahréin (ADHRB)
- Bytes for All (B4A)
- Center for Media Freedom & Responsibility (CMFR)
- The Center for Media Studies and Peacebuilding (CEMESP-Liberia)
- Centro de Periodismo de Investigación (CIJ)
- Fundación para la Libertad de Prensa
- Free Media Movement Sri Lanka
- Freedom Forum Nepal
- IFoX / Initiative for Freedom of Expression – Turkey
- International Press Centre (IPC)
- The International Press Institute (IPI)
- Media Foundation for West Africa
- Mediacentar Sarajevo
- Pakistan Press Foundation (PPF)
- South East Europe Media Organisation (SEEMO)
- World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)
