REINO UNIDO | La sentencia del Tribunal de Apelación en el caso contra Carole Cadwalladr amenaza con paralizar la información de interés público

La sentencia del Tribunal de Apelación británico, parcialmente favorable para el empresario Arron Banks en su proceso por difamación contra la periodista Carole Cadwalladr, es decepcionante y corre el riesgo de tener un efecto amedrantador sobre el periodismo de investigación. Reporteros Sin Fronteras (RSF) reitera su apoyo a Carole Cadwalladr, galardonada con el Premio RSF a la Libertad de Prensa, y pide al Gobierno británico que haga más para proteger a los periodistas de las demandas judiciales que pretenden silenciar la información de interés público. 

La demanda original de Banks por difamación se refería a una sola frase de una charla TED en la que Cadwalladr cuestionaba su relación con el Gobierno ruso, y a un tuit relacionado. En su sentencia del 28 de febrero, el Tribunal de Apelación desestimó dos de los motivos de apelación de Banks, pero admitió un tercero que alegaba que la charla TED podría haber causado graves daños al empresario.

«El hecho de que Carole Cadwalladr tenga que pagar ahora daños y perjuicios por un periodismo que el tribunal reconoce como de interés público es decepcionante. La implacable persecución de Arron Banks a una periodista no es solo un claro intento de intimidarla y desacreditarla personalmente, sino también una escalofriante advertencia a otros periodistas de lo que puede ocurrir si se atreven a enfrentarse a los ricos y poderosos. El Gobierno británico debe actuar para proteger a los periodistas de estos abusos de la ley», afirma Fiona O’Brien, directora de la Oficina de Reino Unido de RSF.

En un hilo de Twitter como respuesta a esta decisión, Cadwalldr describe el caso como «absurdez tras absurdez» y «kafkiano», y señala que ha ganado dos de las tres acusaciones principales. «Lo más importante es que la sentencia histórica sobre el interés público está intacta. Las conclusiones del juez están intactas», escribió. «Para que quede absolutamente claro: se trata de una batalla menor. He ganado el caso. La sentencia del juez, en todo lo demás, se mantiene». 

Banks ha negado en repetidas ocasiones que el caso sea vejatorio y tuiteó, como reacción al veredicto de apelación: «esperemos que se aprendan algunas lecciones periodísticas de este caso». 

Representantes de RSF estuvieron en el tribunal para supervisar la vista de la apelación el 7 de febrero, así como en el juicio de cinco días celebrado en el Tribunal Superior en enero de 2022. En su decisión del 13 de junio de 2022, este órgano declaró que la charla TED, publicada en abril de 2019, fue «una expresión política de gran importancia y gran interés público», no solo en Reino Unido, sino en todo el mundo (un aspecto de la sentencia que no ha sido impugnado).

Lo que alegaron los abogados de Banks es que después del 29 de abril de 2020, fecha en la que la Comisión Electoral aceptó que no había pruebas de que el empresario hubiera cometido un delito penal, la defensa del interés público de Cadwalladr se vino abajo y, por tanto, debía pagar daños y perjuicios a partir de ese momento.

El tribunal reconoció que Cadwalladr no podía controlar lo que hace la organización de las charlas TED, pero su conclusión de que Banks pudo haberse visto perjudicado por la publicación continuada después del 29 de abril de 2020, expone a la periodista a posibles daños y perjuicios en nuevos procedimientos judiciales.

Aunque el Tribunal Superior no consideró que el caso fuera una SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation, Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública), RSF y la coalición británica contra las SLAPP lo han caracterizado como tal, ya que su objetivo era aislar e intimidar a Cadwalladr. Banks la persiguió a título individual, en lugar de a los medios de comunicación que publicaron sus afirmaciones, aislándola y exponiéndola a unos costes legales muy elevados que muchos periodistas no podrían asumir.

La prevalencia de este tipo de casos ha hecho que Londres se gane la reputación de «capital mundial de la difamación» y perjudica el historial de Reino Unido en materia de libertad de prensa. El Gobierno británico se ha comprometido a promulgar legislación para acabar con las SLAPP, pero aún no ha fijado un calendario.

Reino Unido ocupa el puesto 24 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de RSF.