REP. DOMINICANA | RSF expresa su preocupación por el clima hostil al que se enfrenta la prensa desde principios de año

| RSF expresa su preocupación por el clima hostil al que se enfrenta la prensa desde principios de año

25.06.2015 17:18

El primer semestre de 2015 ha estado marcado en  República Dominicana por asesinaos, agresiones, amenazas y procesos legales. Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia los graves ataques contra la libertad de información, que se ha visto debilitada por una impunidad persistente y por una fuerte concentración de los medios de comunicación.

Los periodistas que cubren temas delicados, como la corrupción o el narcotráfico, se exponen, entre otros peligros, a violentas represalias y a amenazas de funcionarios o de los cárteles.

El 13 de abril, a 80 kilómetros al norte de Santo Domingo, fue hallado muerto el periodista Blas Olivo, director de prensa de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). Desde entonces, la investigación avanza lentamente. El 18 de mayo los familiares, amigos y colegas del periodista organizaron una manifestación para exigir que se resolviera el caso. El jefe de la policía nacional aseguró que no tardarían en detener a los principales sospechosos. El 3 de junio, la policía anunció en una conferencia de prensa que el periodista había sido asesinado por miembros del grupo “Latin King”, por órdenes de José Miguel Rodríguez Almonte, que ya se encontraba encarcelado y a quien se le atribuían más de cien homicidios. El 12 de junio Rodríguez Almonte, testigo clave para confirmar la hipótesis formulada de seguir la pista de los autores intelectuales de la muerte de Blas Olivo, fue asesinado (de manera extraña) en un supuesto forcejeo con policías en su celda..

Desde el inicio de 2015, RSF ha registrado dos agresiones a periodistas cometidas por las fuerzas del orden y el Ejército. El 27 de marzo, Fausto García fue agredido por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando intentaba filmar una maniobra de este organismo en Navarrete, provincia de Santiago. El 14 de enero, el cámara Eduard González, de Telefuturo Canal 23, fue atacado por miembros del Ejército dominicano cuando filmaba los incidentes frente a una oficina de la Comisión Electoral, en la zona de Trianitos, en Santo Domingo. El punto en común de estas agresiones: impedir una cobertura periodística considerada molesta.

“Reporteros Sin Fronteras expresa su gran preocupación por la multiplicación de los ataques a la prensa y condena toda forma de violencia con la que se busca censurar la información o castigar a periodistas que sólo buscan ejercer su oficio”, afirma Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de RSF. “Las autoridades dominicanas deben poner especial énfasis en la lucha contra la impunidad en que permanecen las agresiones cometidas contra los periodistas. Asimismo, deben dar el ejemplo, avanzando más en la despenalización de los delitos de prensa, un camino que ya habían emprendido en 2012”, añade.

Los periodistas Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada denunciaron, el 2 de febrero, que existía una “campaña de odio” contra ellos por haber expresado su apoyo a los haitianos que residen en el país. Se trata de un tema delicado desde que se adoptó, en mayo de 2014, la ley 169/14 sobre la atribución de la nacionalidad dominicana, sobre la que se pronunció, en octubre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considerándola contraria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los periodistas presentaron una denuncia por las amenazas y humillaciones públicas que padecieron en los meses de enero y febrero, y que, según ellos, fueron organizadas por miembros del Movimiento Patriótico Independiente.

Días después, el periodista Salvador Holguín denunció haber recibido amenazas de muerte y ser blanco de una campaña en las redes sociales para desacreditarlo. Estas presiones comenzaron después de la difusión por televisión de una entrevista que había realizado al exnarcotraficante y excapitán del Ejército, Quirino Paulino Castillo, quien afirmó que había prestado 200 millones de pesos al expresidente Leonel Fernández (del PLD). Por su parte, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) reveló en abril que el canal TeleRadioAmerica Canal 45 había prohibido al periodista difundir la grabación de esta entrevista en su programa (según Holguín, por órdenes directas de personas cercanas a Fernández). No es la primera vez que los allegados al expresidente censuran así a un medio de comunicación: en 2010 las autoridades ordenaron el cierre del canal privado Canal 53-Cibao TV Club después de que el conductor de un programa hiciera críticas al expresidente de la República.

Los actos de violencia contra los periodistas son aún más preocupantes debido a la impunidad en la que permanecen estos crímenes y amenazas. No obstante, RSF constata que los órganos judiciales han tomado fuertes posiciones a favor de los informadores: el 18 de febrero, la Corte Suprema rechazó los cargos presentados contra los periodistas Héctor Tineo, Guillermo Tejeda y Héctor Herrera Cabral por difamación e injurias. El 9 de abril, un tribunal dominicano invalidó el recurso de amparo constitucional –que permite a todo individuo reclamar el respeto de sus derechos constitucionales cuando se considera que han sido violados– de un alto funcionario contra un periodista de televisión. Un recurso considerado abusivo, ya que el objetivo era obtener el derecho de réplica tras las críticas del periodista sobre la gestión de Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).

Con ocasión del Día Nacional del Periodista, el CDP elaboró un balance abrumador de la calidad del periodismo en el país, marcado por una gran concentración de medios de comunicación, que sería la causa de la inseguridad laboral de los periodistas y de la autocensura. Según el CDP, los informadores se ven sometidos con muy habitalmente a elegir entre realizar un periodismo de investigación, con el temor de perder su empleo, o abordar temas ligeros que no dañen los intereses de los anunciantes.

Por otro lado, aún quedan asignaturas pendientes el área legal: los periodistas siguen corriendo el riesgo de enfrentarse a penas de prisión y elevadas multas si son condenados por delitos de prensa. La despenalización se realiza poco a poco desde hace algunos años, pero aún no se ha efectuado por completo. Sin embargo, la protección de las fuentes está garantizada tras de la reforma constitucional de 2009. En 2013, el artículo 46 de Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento fue declarado constitucional por la Corte Suprema, lo que marcó un paso importante en este sentido. Este artículo especifica las profesiones que pueden ser declaradas responsables del delito de prensa.

La República Dominicana se encuentra en el lugar 63 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras.