EFE/Jeffrey Arguedas
Reporteros Sin Fronteras insta al Gobierno español a que atienda a la mayor brevedad la demanda de protección de siete periodistas nicaragüenses desnacionalizados de facto
Reporteros Sin Fronteras (RSF) España pide al Gobierno que atienda la solicitud de protección de siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica por la implacable persecución del régimen Ortega-Murillo, quien les deniega la renovación de pasaporte y de toda documentación oficial, convirtiéndolos en “desnacionalizados de facto”. RSF insta al Ejecutivo español a que aplique a este grupo de periodistas los mecanismos de protección previstos para los apátridas víctimas del régimen nicaragüense y, de manera más general, que adopte medidas que permitan a los cada vez más numerosos periodistas exiliados en España proseguir su labor informativa en defensa de la democracia en sus países.
“Como consecuencia de nuestro trabajo periodístico independiente, el régimen de Nicaragua, señalado por organismos internacionales de derechos humanos por cometer delitos de lesa humanidad, ha confiscado o se ha negado a renovar nuestros pasaportes, dejándonos en una desprotección legal que vulnera nuestros derechos fundamentales, particularmente el derecho a la nacionalidad y la libertad de movimiento”. Este es el motivo que aducen, en su mensaje al Gobierno español, siete periodistas nicaragüenses actualmente exiliados en Costa Rica para solicitar la protección de España y acceder a las mismas facilidades que ya han permitido a decenas de ciudadanos nicaragüenses apátridas obtener la nacionalidad española por “carta de naturaleza”.
Los periodistas que firman esta petición son: Carmen Lucía Navas Galeano (directora de Expediente Público), Tania Jeanneth López Rodríguez, Óscar Enrique Navarrete Aguilar (fotógrafo de LA PRENSA), Gerall Isaac Chávez Nicaragua (director de Nicaragua Actual), Donaldo Eliezer Hernández Reyes (de VOA y Realidades), Luis Eduardo Martínez Membreño (director de Mosaico) y Reyna María Tapia Vallecillo (directora de Entrepatrias).
RSF España, que ya ha acogido temporalmente a varios periodistas nicaragüenses –una de ellas, Tania Jeanneth López Rodríguez, perteneciente a este grupo– y que está en permanente contacto con la comunidad de reporteros en el exilio español, pide al Gobierno de Pedro Sánchez que atienda esta petición a la mayor brevedad y proporcione a los siete solicitantes un estatus que les permita ejercer sus derechos fundamentales como ciudadanos. Esta necesidad es tanto más acuciante cuanto que los periodistas independientes de Nicaragua, huidos casi en su totalidad del país, siguen sufriendo la represión transnacional del régimen Ortega-Murillo en la vecina Costa Rica, con la vulnerabilidad añadida de no tener un estatus legal regularizado y de hallarse en un limbo jurídico.
“El régimen Ortega-Murillo es un depredador del periodismo independiente, que ha erradicado en Nicaragua, mediante una de las represiones más feroces de América Latina y del mundo. Pedimos al Gobierno español que ofrezca protección a estos siete periodistas y, de manera más general, que se comprometa a apoyar a los cada vez más numerosos profesionales de los medios que buscan el amparo de España tras huir de sus países. Los periodistas en el exilio español deben poder seguir ejerciendo su profesión con dignidad, pues son la última llama de contrapoder y oposición a las dictaduras y el único canal por el que los ciudadanos de estos países sin libertad de prensa pueden ejercer su derecho a ser informados. Protegerlos es proteger la democracia”, afirma Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España y miembro del Consejo de Administración de RSF internacional.
Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF 2025, Nicaragua se ha desplomado hasta el puesto 172 de los 180 países y territorios analizados. El país centroamericano se sitúa en el furgón de cola del ránking, entre los diez peores países del mundo para ejercer la profesión, y el peor de América Latina, superando por primera vez a Cuba (165º).
Esta caída refleja años de represión sistemática contra la prensa libre e independiente, convertida en una práctica habitual del régimen, que se recrudeció drásticamente en 2018, después de la ola de manifestaciones antigubernamentales.
“Tras la rebelión cívica de 2018, cientos de periodistas informamos desde nuestro país sobre las violaciones de derechos humanos que se sucedían y que dejaron al menos 355 personas muertas a balazos por policías y soldados del Ejército (…) El régimen de Nicaragua comenzó una cacería en contra de los comunicadores destruyendo, quemando y cerrando varios medios y citándolos a la Fiscalía, (…) lo que forzó a muchos al exilio debido a la represión sistemática. (…) La vicepresidenta Rosario Murillo frecuentemente descalifica a los periodistas independientes tachándolos como “malignos”, “terroristas de la comunicación”, y celebra que van “quedando en unos cuantos miserables” en Nicaragua. (…) Murillo celebra constantemente que quienes fuimos forzados al exilio, no podamos volver al país”.
En los últimos años, el exilio de voces independientes no ha dejado de crecer. Al menos 22 profesionales, como el emblemático Carlos Fernando Chamorro, director del medio Confidencial, o figuras culturales como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, presidenta de PEN Nicaragua, han sido desnacionalizados, mientras más de 60 medios han sido cerrados o destruidos. Para los periodistas nicaragüenses, como para otros muchos compañeros de profesión, el exilio no es una opción, sino la única alternativa frente a la cárcel, la desaparición o un destino peor.
Costa Rica se ha convertido en el principal país de destino debido a su proximidad geográfica y cultural. Le siguen Estados Unidos y España, donde se instalan cada vez más los reporteros nicaragüenses. De hecho, en nuestro país hay al menos cinco medios de comunicación procedentes de este país.
A la dolorosa realidad del desarraigo, los periodistas en el exilio español deben, además, afrontar condiciones de vida muy complejas en el país de acogida. Entre ellas, la pérdida de estatus profesional: muchos se ven obligados a abandonar su trabajo de periodista, a pesar de la ausencia de barreras idiomáticas, y a desempeñar trabajos precarios completamente ajenos a su formación, con el consiguiente impacto emocional y psicológico.
Por todo ello, Reporteros Sin Fronteras (RSF) España insta al Gobierno a proteger con medidas concretas a los cada vez más numerosos periodistas exiliados en España para que puedan continuar su labor en defensa de la democracia. Esta petición cobra especial relevancia ante la proximidad del 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, fecha en la que RSF publicará nuevos datos sobre el exilio de periodistas y los desafíos a los que se enfrentan en España.
