RSF España condena la investigación de cuatro periodistas en el caso contra el fiscal general del Estado

Reporteros Sin Fronteras (RSF) España condena la investigación por un presunto delito de revelación de secretos de al menos cuatro periodistas de EL PAÍS, El Mundo y 20 Minutos, que publicaron parte de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluido en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La organización recuerda que la Constitución consagra el secreto profesional y que la custodia de los sumarios no corresponde a los medios.

Los periodistas han sido citados como investigados después de que la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, quien también está imputada por el Tribunal Supremo, presentara una queja ante el magistrado Ángel Hurtado, instructor de la  causa, denunciando las filtraciones del informe de la UCO a la prensa. En respuesta, el juez del Supremo decidió remitir el caso al decanato de los juzgados de Madrid para que adoptase las «acciones pertinentes». La investigación fue asignada al Juzgado de Instrucción 20, cuyo titular ha citado a declarar a los cuatro periodistas el próximo 19 de junio.

Ante estos hechos, RSF recuerda tres puntos esenciales que deben ser tenidos en cuenta en todo proceso judicial que afecte a los profesionales de los medios:

En primer lugar, el secreto profesional está amparado por la Constitución Española. La ley garantiza a los periodistas el derecho a proteger sus fuentes de información, un principio fundamental para el ejercicio de la libertad de prensa. Este derecho asegura que los periodistas puedan cumplir con su labor informativa sin temor a represalias por revelar información de interés público.

En segundo lugar, la doctrina  del Tribunal Constitucional establece de forma clara que el derecho a informar prevalece cuando la información publicada es veraz y de interés público, dos extremos que concurren en las informaciones sobre el informe de la UCO, por las que han sido imputados los periodistas.

Por último, la organización recuerda  que la custodia de los sumarios  es responsabilidad de la administración de justicia, y no de los medios de comunicación. Por tanto, los periodistas no deben ser castigados por publicar información que haya sido filtrada o que haya llegado a su conocimiento por cauces totalmente habituales en su profesión y que permiten cumplir con su función de servicio público y de satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos.

RSF España seguirá de cerca el desarrollo del procedimiento judicial, reafirmando su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, libre e independiente.