RSF pide protección internacional para el periodista salvadoreño detenido y liberado en España por una orden de Interpol tramitada por el régimen de Bukele

Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su máxima preocupación por la detención del fotoperiodista salvadoreño Diego Andrés Rosa Rosales en Sevilla, el pasado 2 de enero, pese a su puesta en libertad al día siguiente. Rosales fue arrestado mientras tramitaba su solicitud de asilo debido a una alerta roja de INTERPOL emitida a instancias de las autoridades de El Salvador. Esta maniobra del Gobierno de Nayib Bukele constituye un claro abuso de los mecanismos de cooperación policial internacional con el fin de perseguir a un periodista en el exilio. RSF pide a las autoridades españolas que prioricen la protección internacional solicitada por el periodista.

El 2 de enero de 2026, el fotoperiodista salvadoreño Diego Andrés Rosa Rosales fue detenido en Sevilla mientras realizaba los trámites para solicitar asilo al Estado español, tras activarse una alerta roja de INTERPOL emitida a petición de las autoridades salvadoreñas. Al día siguiente, el 3 de enero, una jueza de la Audiencia Nacional ordenó su puesta en libertad provisional, a la espera de una eventual solicitud de extradición por parte de El Salvador, que debería presentarse durante los próximos 40 días.

Diego Andrés Rosa Rosales, de 25 años, inició su carrera profesional en 2020 y ha colaborado con medios como el diario La Prensa Gráfica, los digitales El Faro e Infodemia, y la emisora Radio YSUCA, cubriendo temas de política, sociedad y derechos humanos. A lo largo de 2025, el periodista sufrió acciones sistemáticas de acoso y vigilancia policial –que denunció ante la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – , que incluyeron visitas de agentes a su domicilio, denuncias anónimas y amenazas. Este patrón de hostigamiento le obligó a abandonar El Salvador el pasado mes de septiembre.

Unas semanas más tarde de la huída del país, el fotoperiodista, su hermano (basado en Argentina) y su madre (radicada en Bolivia) recibieron una notificación de un órgano judicial de El Salvador en la que se les imputaba supuestos cargos de “hurto por medios informáticos” y  “agrupaciones ilícitas”, una figura penal muy utilizada en el actual régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. De hecho, Diego Rosales y sus familiares están acusados junto a otras 30 personas a las que no conocen con el fin de ser procesados en grupo, no de forma individual. De ser devuelto a su país, el periodista afrontaría un riesgo elevado de detención arbitraria, incomunicación y falta de garantías judiciales. 

“La Fiscalía de El Salvador, controlada por el poder Ejecutivo, ha iniciado en mi contra y contra miembros de mi familia un proceso infundado, que presenta graves violaciones al debido proceso y una manifiesta ausencia de pruebas que sustenten la acusación, tal como ha ocurrido en otros casos ampliamente documentados en el país. Por estas razones, expreso mi temor fundado, así como el de mi familia, de regresar a El Salvador y quedar sometidos a un sistema judicial cooptado y a un sistema penitenciario en el que organizaciones de derechos humanos han documentado tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, graves violaciones a derechos fundamentales y muertes de personas bajo custodia estatal, en un contexto en el que la privación de libertad implica una amenaza directa y concreta a la vida, quedando en la incertidumbre únicamente las circunstancias en que dicho daño podría materializarse”, declara Diego Rosales a RSF España.

La sección española de RSF está en contacto con el fotoperiodista y con su entorno desde su detención, que denunció inmediatamente en sus canales y ante los medios nacionales.

La detención de Diego Andrés Rosa Rosales no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón de criminalización de la crítica y del trabajo periodístico que pone en riesgo a quienes informan sobre hechos de interés público. RSF pide al gobierno español que priorice la protección internacional solicitada por el periodista y suspenda cualquier trámite de extradición mientras subsistan indicios de persecución política por su ejercicio profesional. Recordamos que una circular roja de INTERPOL no es una orden internacional de captura e instamos a la organización a revisar sus procedimientos para que su sistema no sea utilizado como instrumento de represión transnacional contra periodistas en el exilio.

Edith Rodríguez Cachera. Vicepresidenta RSF España.

RSF pide a las autoridades españolas que prioricen la solicitud de asilo de Diego Rosales basándose en la legislación nacional, tal y como apunta la abogada del periodista. “El Tratado de Extradición entre España y El Salvador establece que no se concederá la extradición si hay motivos fundados para suponer que la solicitud tiene como finalidad perseguir o castigar a la persona por su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o si su situación pudiera agravarse por esos motivos. Además, la legislación española dispone que no se concederá la extradición cuando a la persona reclamada le haya sido reconocida la condición de asilado. Si el Estado salvadoreño reclamase la extradición de Diego, España tendría la obligación de considerar su persecución política como periodista y admitir su solicitud de asilo para garantizarle la protección adecuada. Ignorar estas garantías sería colaborar con el gobierno de Bukele, señalado por expertos de la ONU por usar las notificaciones rojas de Interpol contra defensores de derechos humanos y personas críticas con el gobierno”, afirma Marta Balmaseda, letrada de Diego Rosales en España.

Grave deterioro de la libertad de prensa en El Salvador

RSF ha documentado un grave deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo independiente en El Salvador bajo el Gobierno del presidente Nayib Bukele. La organización ha registrado decenas de casos de periodistas forzados al exilio, víctimas de persecución judicial, vigilancia estatal, campañas de odio y restricciones económicas que han forzado el cierre o la dispersión de medios críticos.  Desde la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros y otros instrumentos legales restrictivos, medios independientes y organizaciones de derechos humanos han sido objeto de multas y maniobras de asfixia financiera, lo que ha llevado a que asociaciones como APES tengan que operar desde el exterior del país.