Reporteros Sin Fronteras muestra su inquietud por la rápida degradación de las relaciones entre el poder y la prensa en Senegal cuando en el país se suceden movilizaciones de protesta contra Abdoulaye Wade. En el espacio de un mes, las presiones contra el grupo de prensa Walfadjri se han intensificado, mientras que el presidente de la república ha declarado en Dakar, el pasado 14 de julio, que quiere mantener «el gobierno contra viento y marea». En la vispera, cuatro periodistas de Walfadjri-Aurore fueron convocados por la División de Investigación Criminal (DIC), a raíz de la publicación de un dossier en el que se criticaba el entorno del presidente. El 26 de junio, el corresponsal de un diario fue amenazado por un policia que le reprochaba que había dado cobertura a una manifestación. El 14 de junio, dos periodistas de Walf Grand-Place fueron condenados por difamación. Además el gobierno acusó al grupo de periodistas de Walfadjri de llamar al levantamiento y a la desobediencia.

«A siete meses del plazo previsto para las elecciones presidenciales y cuando Senegal es escenario, desde hace un mes, de profundos movimientos de protestas contra el poder, Reporteros Sn Frontersas expresa su inquietud al ver que las autoridades se vuelcan contra el grupo Walfadjri y contra la prensa en general. En el fondo, no es una sorpresa. Desde hace varios años, el presidente Abdoulaye Wade y su gobierno han hecho demostraciones de una mala actitud frente a los medios, prometiendo, por ejemplo, la despenalización de los delitos de prensa, pero no llevando a cabo, a continuación, ninguna medida para hacer realidad esos propósitos. RSF lamenta que las autoridades beneficien el clima actual, potencialmente desestabilizador para el país, en el que se intenta reducir al silencio a los periodistas críticos. Además una propuesta de regulación audiovisual podría abrir una nueva vía a la censura», manifiesta la organización.

Abdourahmane Camara, antiguo director de publicaciones del diario Walfadjri-Aurore, y los reporteros Charles Gaiky Dieme, Yakhya Massa y Mohamed Mboyoo fueron interrogados durante más de seis horas, el 13 de julio de 2011, en la DIC. Los periodistas habían firmado el informe aparecido en la vispera en UNE, titulado: «Mentirosos, agresores y corruptos. Los bribones de la República». Este dossier relata escándalos en los que están implicados nuevos colaboradores del presidente Wada, entre ellos algunos ministros en funciones.

Los periodistas fueron posteriormente liberados de las faltas de las que se les acusaba como autores principales, mientras que el presidente director general del grupo Walfadjri, Sidi Lamine Niasse, se ha constituido como director general del grupo y se ha hecho responsable de los escritos.

Dos semanas antes, el 26 de junio, el corresponsal del citado grupo en Mbacke (a 190 kilómetros de Dakar), El Modou Guéve, fue maltratado por un policía. Éste había recriminado al corresponsal la cobertura de la manifestación del 23 de junio contra el proyecto de modificación constitucional propuesto por el presidente de la república.

Y al fin, después de varios aplazamientos, el tribunal correccional de Dakar presentó, el 14 de junio, su dictamen sobre el proceso por difamación contra el periódico Walf Grand-Place, que había sido promovido por el encargado de propaganda del presidente y anterior ministro de agricultura, Farba Senghor. El director  del periódico, Jean Meissa Diop, y el periodista y autor de un reportaje, Ndiogou Cissé, publicado en Une el 14 de enero de 2011, fueron condenados a un mes de prisión, con prórroga. El grupo de prensa Walfadjri, declarado civilmente responsable, ha sido condenado a pagar 4.753 euros por daños e intereses.

En este complejo contexto el Consejo Nacional de Regulación Audiovisual (CNRA) ha propuesto un texto «liberticida» para las radios y las televisiones. Pese a la oposición del ministro de Comunicación y portavoz del gobierno, Mustafa Guirassy, la propuesta de regulación propone modificar los artículos 1,4 y 26 de la ley del 4 de enero de 2006, que regulan la creación de la CNRA. Ahora, la CNRA desea reforzar sus poderes. El artículo 26 modificado de la ley de 2006 estipula que la CNRA «podría ordenar la paralización, sin obviar sanciones, y la suspensión  parcial o total de programas, así como la retirada pura y simple de la autorización de emitir, pasando también por sanciones pecunarias y multas de dos a 10 millones de francos o una penalización de 100.000 francos en caso de no ejecutar las órdenes de la CNRA». A fecha actual no se ha tomado decisión alguna y el proyecto está temporalmente suspendido.

Senegal está situado en el lugar 93, sobre 178 países, en la clasificación mundial de libertad de prensa de 2010 elaborada por RSF.