TAILANDIA | Persecución judicial contra el periodista Jonathan Head: Periodismo de investigación versus leyes de difamación y delitos informáticos
Reporteros Sin Fronteras (RSF) insta a las autoridades de Tailandia a que dejen de perseguir al periodista británico Jonathan Head, corresponsal de la ‘BBC’, que afronta una pena de hasta cinco años de cárcel por un reportaje sobre fraude inmobiliario en la isla de Phuket de septiembre de 2015. Se le acusa de difamación criminal e infracción de la Ley de Delitos Informáticos.
Destacado miembro del Club de Corresponsales Extranjeros de Tailandia (FCCT), Head fue acusado formalmente el 23 de febrero a raíz de una demanda por difamación interpuesta por el abogado tailandés Pratuan Thanarak. La víctima del presunto fraude, el británico Ian Rance, también está acusado de difamación penal, aunque en ninguna de sus declaraciones para el reportaje, ni en el vídeo que lo acompaña, alude a Pratuan.
«Las Leyes de Tailandia sobre los delitos de difamación e informáticos se utilizan para perseguir a periodistas y blogueros», señala Benjamin Ismail, responsable para Asia y el Pacífico de Reporteros Sin Fronteras. «Muchos ellos se han visto obligados a abandonar el país a causa de estas leyes tan draconianas».
«Los gastos de defensa legal son exorbitantes, e incluso prohibitivos, sobre para los freelance y los blogueros. Y los periodistas no tienen ninguna esperanza de ser compensados, ni siquiera cuando demuestran que los hechos alegados son totalmente falsos».
«Las leyes de difamación y la Ley de Delitos Informáticos deben modificarse o derogarse con carácter de urgencia, ya que permiten utilizarlas contra el periodismo de investigación serio y amordazar a los medios a un precio muy bajo y sin motivos reales que aparte del desagrado por la cobertura. Hacemos un llamamiento para que se retiren los cargos contra Jonathan Head».
Los extranjeros acusados de difamación criminal o de violar la Ley de Delitos Informáticos son sometidos a severos trámites y restricciones. Deben entregar sus pasaportes y se les retiran los visados y permisos cuando expiran los documentos vigentes, antes de cualquier sentencia judicial. Los juicios pueden prolongarse durante años y, mientras tanto, los acusados extranjeros tienen que presentar una serie de solicitudes de visado a 30 y 60 días. Esto requerirá que Jonathan Head tenga que viajar a Phuket para recuperar su pasaporte, y luego devolverlo, para cada renovación.
La preocupación de RSF también atañe a la capacidad de los medios de comunicación locales y extranjeros para cubrir el caso libremente. En un comunicado publicado en su página web, el FCCT explica que a sus miembros se les ha advertido de que pueden verse «limitados sobre lo que se puede decir del caso a causa de las leyes de desacato de Tailandia». Los periodistas que cubren los juicios en el país suelen censurarse a sí mismos por temor a ser acusados de desacato al tribunal, un cargo que puede castigarse con hasta siete años de cárcel.
Los juicios por difamación contra periodistas de investigación son frecuentes en Tailandia. El pasado noviembre, RSF pidió a un tribunal de Bangkok que rechazara la querella de una empresa minera contra la televisión pública del país (PBS) y cuatro de sus empleados. Los periodistas Alan Morison y Chutima SIdasathian, así como el bloguero y activista de los derechos humanos Andy Hall también fueron acusados de difamación criminal.
Tailandia ocupa la posición 136, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de Reporteros Sin Fronteras. Más sobre el país, en el Informe Anual de la organización.
